El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) ya no cumple con su nombre. Lo que alguna vez fue concebido como un piso de dignidad para los trabajadores, hoy se ha convertido en un símbolo de la degradación salarial y la precarización. Fijado en $322.200 brutos, el SMVM se encuentra por debajo del haber jubilatorio mínimo más bono, que Javier Milei congeló en $390.277,17. Un dato que no solo sorprende, sino que revela un desajuste normativo profundo: la garantía de que las jubilaciones deben representar el 82% del salario mínimo ha quedado sin efecto.
Un derrumbe sostenido
Según el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA), el poder adquisitivo del salario mínimo se desplomó un 30% desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Pero el deterioro no es nuevo: el SMVM es 43,4% más bajo que en noviembre de 2019 y 56,7% inferior al de 2015. Si no hubiese perdido capacidad de compra durante la última década, hoy superaría los $740.000. En cambio, representa apenas una quinta parte del salario promedio de los trabajadores registrados del sector privado.
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Impacto en la vida real
La crisis del SMVM no es solo una cuestión de números. Afecta directamente a trabajadores mensualizados y jornalizados que cobran por debajo del piso salarial, y de forma indirecta a más del 40% de asalariados que se desempeñan en la informalidad. Los acuerdos del Consejo del Salario, que deberían reflejar consensos entre sindicatos, empresarios y el Estado, terminaron sin acuerdo. Las actualizaciones fueron definidas unilateralmente por la Secretaría de Trabajo, alineadas con las propuestas empresariales y lejos de compensar la inflación y la devaluación.
Un salario que no alcanza
La comparación con la línea de pobreza es lapidaria: en julio, una familia tipo necesitó casi cuatro salarios mínimos para cubrir la canasta básica. Así, el SMVM dejó de cumplir las funciones que establece la Ley de Contrato de Trabajo: garantizar alimentación, vivienda, salud, educación y un piso de dignidad. Su valor actual se ubica incluso por debajo del que regía durante la crisis de 2001 y gran parte de la década de 1990, cuando esta herramienta fue abandonada como política para reducir desigualdades.
