El caso del adolescente que se escapó dos veces en un año del hogar de menores onde vive en el departamento San Rafael, ha despertado algunos interrogantes sobre el rol de los organismos públicos encargados de la tutela de niños en Mendoza.
La historia del menor sanrafaelino recorrió la provincia y desde la Dirección General de Protección, explicaron cómo es el proceso de restitución.
El caso del adolescente que se escapó dos veces en un año del hogar de menores onde vive en el departamento San Rafael, ha despertado algunos interrogantes sobre el rol de los organismos públicos encargados de la tutela de niños en Mendoza.
El niño sanrafaelino, cuyas siglas son JM, reside en la residencia Don Llanos de calle Godoy Cruz y esta semana fue noticia por una información del Ministerio Público Fiscal, por una denuncia de averiguación de su paradero.
Su madre dialogó con este medio y denunció malos tratos por parte de personal del hogar, al tiempo que culpabiliza al ETI por “no querer” devolverle la tutela de su niño. Un dato no menor es que la mujer relató la difícil y compleja historia con su padre, lo que derivó en las conductas que presenta el adolescente, dificultando también el vínculo con sus hermanas.
“La situación de este niño en San Rafael la conocemos bien y venimos trabajando desde diciembre del año pasado, cuando él ingresa al hogar Don Llanos. Hay complejidad en el vínculo familiar y por eso en su momento solicitamos, al Juzgado de Familia, una medida de cuidado que se denomina excepcional ante la ausencia de un control parental”, relató a ElEditor la titular de la Dirección General de Protección de Mendoza, Belén García.
De diciembre a esta parte, hubo diferentes instancias en pos de retomar el vínculo entre JM y su progenitora, los cuales no prosperaron porque la mujer incumple pautas básicas establecidas.
“En este tipo de caso se elaboraron estrategias de reintegro del menor al hogar con su madre, pero lo qué pasó es que ella se ausentaba de las audiencias o por ejemplo, a fines de abril se hizo la gestión de acompañamiento terapéutico para el niño, pero ella no permitió. Y en mayo fue la mujer quien manifestó no poder hacerse cargo del cuidado de su hijo por no poder controlarlo y por ella no estar bien de salud”, añadió García.
La situación de este chico en San Rafael y la denuncia de paradero que existió en la Justicia, pusieron la lupa en los hogares o residencias para menores en la provincia.
En este punto, García aclaró que estos lugares “no son centros de encarcelamiento, existen salidas porque son casas hogar, para salir y más en casos en adolescentes, se cursan los permisos correspondientes y si no regresan, se activa un protocolo que incluyen medidas conexas de traslado”.
Entre sus declaraciones, la madre de JM le echa la culpa al ETI (Equipo de Trabajo Interdisciplinario), por no tener de vuelta a su hijo viviendo con ella.
Para dejar en claro, los ETIs no cumplen esa función denunciada, dado que la decisión de una restitución de tutela de los menores es algo que atañe a la Justicia de Familia. “En este caso de San Rafael, no están dadas las condiciones, por diferentes aristas en la historia familiar de este menor, para un cese de la medida excepcional”, afirmó Belén García.
El ETI depende de la Dirección de protección y restitución de derechos, mientras que las residencias -donde vive el menor involucrado en esta historia- dependen de la Dirección de Cuidados Alternativos.