El conflicto entre taxistas y aplicaciones de transporte en Mendoza dio un giro inesperado. Por primera vez, ambos sectores marcharán juntos hacia la Legislatura provincial y la Casa de Gobierno, en una convocatoria encabezada por el secretario general del Sindicato de Choferes de Taxi y Remises, José Luis Alvado, que busca exigir una regulación equitativa del sistema de movilidad.
Protesta Taxis Taxistas (21)
Santiago Tagua/ElEditor Mendoza
De la confrontación a la unión
Hasta hace apenas dos semanas, la tensión entre taxistas y choferes de aplicaciones había escalado. El propio Alvado acusó al ministro de Gobierno, Natalio Mema, de “mentiroso” por negarse a recibir el petitorio de los choferes, y advirtió que si no había respuestas, el gremio realizaría cortes sorpresivos el 16 de octubre.
“Esto es un capricho de parte de ellos. Lo único que les costaba era bajar cuatro pisos, recibirnos y se terminaban todos los problemas”, había expresado entonces el dirigente, quien agregó: “No estamos contra las aplicaciones, pero queremos trabajar en igualdad de condiciones”.
La protesta de fines de septiembre incluyó una caravana de taxis y remises desde el Parque San Martín hasta la Legislatura y la Casa de Gobierno, con apoyo de gremios de San Juan.
En aquel momento, denunciaron una competencia desleal de las plataformas y reclamaron la revisión de la Ley de Movilidad 9.086, sancionada en 2018, que legalizó las Apps pero dejó un “desequilibrio estructural” entre ambos sistemas.
Datos y desigualdades
Las cifras oficiales reflejan la magnitud del problema. En Mendoza circulan 1.306 taxis y remises habilitados, mientras que las aplicaciones como Uber, Cabify y Maxim ya suman más de 4.000 vehículos activos, triplicando la flota tradicional.
“Ellos tienen un precio muy bajo y se llevan la plata afuera. Nosotros pagamos impuestos y cargas sociales, no podemos competir con sus tarifas”, sostuvo Oscar Sánchez, del Sindicato de Obreros de Taxis y Remises de Mendoza (SOTM).
Protesta Taxis Taxistas (29)
Santiago Tagua/ElEditor Mendoza
Los choferes denuncian que mientras los taxis deben realizar cuatro revisiones técnicas anuales, contratar seguros de alta cobertura y mantener trabajadores registrados, las aplicaciones operan bajo un régimen más flexible, lo que abarata sus costos.
La combinación de inflación, aumento de combustibles y precios dinámicos de las Apps genera un escenario crítico: muchos taxistas no logran renovar sus vehículos ni sostener la actividad. Algunos incluso migran hacia las plataformas o abandonan el oficio.
“Nos están condenando a la extinción. Queremos que haya un cupo para las aplicaciones, porque hoy superan los 5.000 autos y eso afecta también al turismo y al trabajo local”, advirtió Agustín Godoy, dirigente del SOTM.
Protesta Taxis Taxistas (31)
Santiago Tagua/ElEditor Mendoza
Nueva etapa: “No estamos en contra, queremos regulación”
En este nuevo contexto, el anuncio de José Luis Alvado marca un punto de inflexión. El sindicato decidió sumar a las aplicaciones a la próxima movilización, buscando mostrar unidad frente a un mismo problema económico.
“Vamos a movilizar a todos los que se quieran sumar. Vamos a ir a la Legislatura y a la Casa de Gobierno a entregar un petitorio, pero ahora va a ser diferente porque vamos a ir con las aplicaciones”, explicó el dirigente.
El gremialista reconoció que los conductores de Uber, Cabify y Maxim también sufren la falta de regulación:
Finalmente, Alvado envió un mensaje directo a la sociedad mendocina: “Muchos se han metido en autos a pagar y hoy les es imposible cubrir las cuotas de los cero kilómetros. A ellos también les afecta”.
Vamos en conjunto con las aplicaciones para que vean que no estamos en contra de nadie. Solo pedimos reglas claras y un tope al ingreso de vehículos. Vamos en conjunto con las aplicaciones para que vean que no estamos en contra de nadie. Solo pedimos reglas claras y un tope al ingreso de vehículos.
Próximos pasos y expectativas
La nueva movilización, que aún no tiene fecha confirmada, incluirá la entrega de un petitorio conjunto con propuestas para actualizar la ley de movilidad, regular el número de vehículos activos y garantizar condiciones laborales equitativas para todos los conductores.