Endeu­damiento en Argentina: ¿qué pasa si no puedo pagar?

El endeudamiento de los hogares argentinos volvió a quedar bajo la lupa por el crecimiento de la morosidad. Un análisis sobre la Central de Deudores del Banco Central (BCRA), realizado por Matías Fernández, exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri y socio de la Consultora Pública, identificó 5.859.104 personas con al menos una deuda en mora, un número que permite dimensionar el problema más allá del monto total adeudado.

La situación no es igual para todos. Entre quienes tienen deudas registradas, casi el 40% de los morosos debe menos de un Salario Mínimo, Vital y Móvil, mientras que una proporción mucho menor concentra la mayor parte del dinero impago.

El problema también se extendió a los créditos otorgados por fintech y billeteras digitales. Ese segmento reúne una porción importante de las personas en mora, aunque representa una participación bastante menor del dinero total adeudado. En los bancos ocurre lo contrario: hay menos personas en mora, pero con compromisos de mayor monto.

Para una persona que perdió el empleo, sufrió una caída de sus ingresos o simplemente ya no puede afrontar una cuota sin dejar de cubrir sus necesidades básicas, la pregunta deja de ser cuánto debe y pasa a ser qué puede ocurrir a partir de ese momento.

Qué ocurre cuando llega la primera mora

El primer efecto de dejar una cuota impaga es económico. La deuda puede incorporar intereses y otros cargos previstos en el contrato, mientras el incumplimiento también afecta la situación crediticia registrada ante el sistema financiero.

En esta etapa, el acreedor (banco, billetera virtual o financiera) suele buscar una solución mediante contactos directos. Pueden aparecer llamados, mensajes, correos electrónicos o notificaciones dentro de una aplicación para informar el atraso y ofrecer alternativas de regularización.

La recomendación habitual para quien todavía tiene capacidad de pago es intentar negociar antes de que el conflicto avance. Una refinanciación o un acuerdo puede evitar costos adicionales y, sobre todo, la llegada a una instancia judicial.

No existe, sin embargo, una regla legal que establezca que toda deuda pasa automáticamente a juicio después de una determinada cantidad de días. Los períodos de cobranza extrajudicial forman parte de las prácticas de cada entidad y dependen del tipo de crédito y del caso concreto.

De la cobranza al juicio

Cuando la deuda continúa impaga, la gestión puede pasar a un área especializada o a un estudio externo de cobranzas. En algunos casos, además, las carteras son cedidas a terceros, que pasan a gestionar los créditos en mora.

Hay una diferencia importante entre una intimación extrajudicial y una actuación de la Justicia. Un estudio de cobranzas puede reclamar el pago, informar el monto adeudado y ofrecer alternativas para regularizar la situación, pero no tiene facultades para ordenar por sí mismo un embargo.

La Ley de Defensa del Consumidor establece, además, que los proveedores deben garantizar un trato digno y evitar prácticas intimidatorias. En los reclamos extrajudiciales de deudas no pueden utilizar mecanismos que aparenten tener carácter judicial.

Por eso, amenazas con una supuesta detención por una deuda civil o con un embargo inmediato dispuesto por un cobrador no equivalen a una medida judicial. Un embargo requiere la intervención de la Justicia.

Qué pasa si el caso termina en la Justicia

No todas las deudas impagas terminan en un juicio. Antes de llegar a los tribunales, el acreedor suele intentar recuperar el dinero mediante gestiones de cobranza y acuerdos de pago. La decisión de iniciar una demanda depende, entre otros factores, del monto reclamado, la documentación disponible y de si resulta económicamente conveniente afrontar los costos que implica un proceso judicial.

Esto es especialmente importante en los créditos de montos bajos. Una demanda implica gastos y actuaciones que no existen en la cobranza extrajudicial, como tasas, honorarios profesionales, notificaciones y otros costos vinculados con el expediente. Por eso, el acreedor debe evaluar si judicializar la deuda tiene sentido frente al dinero que podría recuperar.

Los bancos y otros prestamistas, tienen más incentivos para recurrir a la Justicia cuando se trata de obligaciones de montos elevados o cuando cuentan con elementos que permiten avanzar con una ejecución. En cualquier caso, que una persona deje de pagar no significa que automáticamente recibirá una demanda.

Cuándo puede aparecer un embargo

Si el acreedor decide iniciar una acción judicial y obtiene las medidas correspondientes, el caso pasa a una instancia diferente. El deudor queda sometido a un proceso en el que pueden solicitarse medidas sobre sus bienes o ingresos, siempre dentro de las condiciones establecidas por la legislación y bajo control judicial.

El embargo tampoco aparece de manera automática por el solo hecho de entrar en mora. No puede disponerlo por su cuenta un banco, una financiera o un estudio de cobranzas: debe existir una orden judicial dictada dentro de un proceso.

El tipo de deuda también influye en el procedimiento. En el caso de las tarjetas de crédito existe una regulación específica. La Ley 25.065 establece que las acciones vinculadas con este régimen prescriben al año para la acción ejecutiva y a los tres años para las acciones ordinarias.

Y aun cuando una deuda llegue a los tribunales, el proceso no necesariamente se resuelve de inmediato. La duración depende del tipo de acción, las actuaciones de las partes y los tiempos propios de cada expediente. Por eso, entre el primer incumplimiento y una eventual ejecución pueden transcurrir períodos prolongados.

La clave para quien está endeudado es distinguir las etapas: una cosa es recibir reclamos extrajudiciales y otra muy distinta enfrentar una demanda. Solo en esta última instancia interviene formalmente la Justicia y pueden solicitarse medidas como embargos, siempre que correspondan y sean ordenadas por un juez.

Cuánto pueden embargarte del sueldo

Tener un trabajo registrado no significa que todo el salario quede a disposición del acreedor. El Decreto 484/87 establece límites para los embargos sobre remuneraciones.

Hasta el equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil, el sueldo es inembargable. Sobre la parte que excede ese monto y no supera el equivalente a dos salarios mínimos, puede embargarse hasta el 10%. Cuando la remuneración supera ese doble límite, el porcentaje máximo sobre el excedente puede llegar al 20%.

Es decir, un embargo no implica que la persona deje de cobrar su sueldo ni que pueda perder automáticamente una parte cualquiera de sus ingresos.

Qué pasa si no hay sueldo ni bienes

El escenario cambia cuando la persona trabaja sin registrar, no tiene bienes a su nombre o no cuenta con ingresos formales identificables.

En esos casos, que un acreedor obtenga una decisión favorable no significa necesariamente que pueda recuperar de inmediato el dinero. La posibilidad concreta de ejecutar una deuda depende de que existan bienes o ingresos legalmente alcanzables.

Por eso, una persona sin patrimonio embargable puede enfrentar un proceso judicial y continuar teniendo la obligación reclamada, aun cuando en ese momento no exista un activo sobre el cual ejecutar la medida.

Esto también demuestra por qué no es correcto afirmar que una demanda termina necesariamente con el embargo de una vivienda, un auto o el sueldo. Cada medida depende de la existencia de bienes o ingresos y de lo que disponga el juez.

Qué significa que una deuda prescriba

La prescripción es uno de los puntos que más confusión genera. No debe interpretarse como un mecanismo automático por el cual una deuda desaparece después de determinado tiempo.

En materia civil existe un plazo general de cinco años, salvo que una legislación específica establezca otro. La Ley 25.065, por ejemplo, fija plazos particulares para las acciones vinculadas con tarjetas de crédito.

Además, el cómputo depende de las circunstancias concretas. Por eso, no alcanza con contar años desde la fecha de una cuota impaga para concluir que una deuda ya prescribió.

Un reconocimiento de la obligación o determinadas actuaciones judiciales pueden afectar el plazo. 

La deuda y el Veraz no son lo mismo

Otra cuestión es el historial crediticio. La Central de Deudores del BCRA contiene información de los últimos 24 meses y es alimentada por las entidades que informan las financiaciones de cada persona.

Las bases de información crediticia privadas, como Veraz, tienen además reglas específicas sobre el tiempo durante el cual pueden conservar determinados datos patrimoniales. La Ley 25.326 establece un plazo general de hasta cinco años para esos registros y lo reduce a dos años cuando la obligación fue cancelada, dejando constancia de esa situación.

Por eso, pagar una deuda no significa necesariamente que el antecedente desaparezca de inmediato. La información debe actualizarse y reflejar que la obligación fue cancelada.

¿Se puede ir preso por no pagar?

Una deuda civil no lleva a la cárcel. El conflicto derivado de un préstamo, una tarjeta de crédito o una deuda comercial es, en principio, de naturaleza patrimonial.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que nadie puede ser detenido por deudas, con la excepción vinculada al incumplimiento de obligaciones alimentarias dispuesto por autoridad judicial competente.

Por eso, una intimación de pago no puede convertirse en una amenaza de detención simplemente porque una persona no pudo afrontar una deuda.

El recorrido posible es otro: contacto con el acreedor, cobranza extrajudicial, eventual demanda y, si existen bienes o ingresos alcanzables, medidas de ejecución ordenadas por un juez.

El punto central para quien atraviesa una situación de endeudamiento es que dejar de pagar no elimina la obligación ni implica automáticamente un embargo. La situación puede negociarse, judicializarse o quedar sujeta a las reglas de prescripción y de información crediticia según cada caso.