La causa judicial por la expropiación de los terrenos de la reserva Divisadero Largo derivó en un acuerdo con la empresa Dalvian S.A.
Por la expropiación de los terrenos de Divisadero Largo, Dalvian aceptó pagarle a la Provincia 156 millones.
El Grupo Dalvian S.A. aceptó reintegrar $156 millones a la Provincia de Mendoza por el excedente de la expropiación de terrenos en la Reserva Divisadero Largo, poniendo fin a una causa judicial que se extendió por más de dos décadas y que le costó la cabeza al Fiscal de Estado Joaquín de Rosas en 2014. La decisión se formalizó tras sucesivos fallos adversos, incluyendo el de la Suprema Corte.
Según consta en el expediente, “Dalvian desistió por el curso desfavorable de los fallos en contra, incluida la Corte, y aceptó pagar”. El monto actualizado, que incluye intereses, será abonado en seis cuotas desde agosto, sin quitas ni renegociaciones, según reveló diario El Sol.
El conflicto surgió a principios de los años 2000, cuando el gobierno provincial creó la Reserva Divisadero Largo. Esto implicó expropiar terrenos en la zona oeste de la Ciudad de Mendoza. La Provincia pagó cifras muy superiores por los terrenos del Grupo Dalvian—hasta nueve veces más que a otros propietarios, según lo señalado judicialmente.
A lo largo de los años, todos los propietarios acudieron a tribunales reclamando condiciones similares. Pero fue Dalvian quien logró cobrar valores más altos. La Fiscalía de Estado impulsó acciones de nulidad en 2016, aunque la familia Vila alegó prescripción. Finalmente, tras perder en todas las instancias, la empresa aceptó el pago exigido por la Provincia.
La demanda fue canalizada por los dos organismos encargados de velar por el patrimonio estatal: la Fiscalía de Estado y la Asesoría de Gobierno. Sin embargo, ninguna parte se adjudica la victoria, destacando lo complejo y sensible del caso.
El expediente también revela una derivación política grave: la caída del ex fiscal de Estado, Joaquín de Rosas (foto). Destituido en 2014 por el Jury de Enjuiciamiento, fue acusado de favorecer al Grupo Dalvian al omitir acciones legales que sí llevó adelante contra otros propietarios.
Según la Corte, “con ese beneficio había terminado perjudicado al Estado cuyo patrimonio tenía que defender”. De Rosas fue reemplazante de Pedro Sin en Fiscalía, quien se inhibió por vivir en el barrio Dalvian.
Intentó revertir la sanción judicialmente, pero todas las instancias lo rechazaron, incluida la Corte Suprema nacional, que desestimó por unanimidad su presentación en 2024.