A la espera de conocer la sentencia para Mauricio Albornoz y Carina Domínguez, la pareja de inquilinos declarada culpable por la muerte de Silvia Chávez en San Rafael, el fiscal Javier Giaroli, quien en el juicio fue querellante, dialogó con ElEditor Mendoza sobre lo que fue el proceso de juicio por jurado ante un caso inquietante para los sanrafaelinos.
En primer lugar, el funcionario judicial que ocupó el rol de querellante, representando al viudo de la enfermera desaparecida desde 2022, explicó que para él fue un juicio “bastante particular porque comencé como fiscal de instrucción y terminé como representante de la querella, lo que se buscó fue demostrar la inocencia de la hermana de Silvia, algo que fue injusto porque sus sospechas generaban dudas con los verdaderos autores”.
Giaroli hizo hincapié en el rol del jurado popular en un caso que mantuvo en vilo a San Rafael por un largo tiempo. “Lo bueno que el jurado lo tomó con seriedad al caso y entendió lo que realmente había ocurrido, este caso me hizo acordar, con algunas diferencias claramente, al juicio de Nélida Villar”, añadió el fiscal sanrafaelino.
El deseo del viudo de Silvia Chávez
El caso de Silvia Chávez en San Rafael no es uno más porque justamente se da en un contexto de desaparición de una persona y de una condena sin el cuerpo de la víctima, algo que en Mendoza sucedió en otras oportunidades.
Ante esta situación, Giarioli reconoció que su representado, el viudo de la enfermera que vivía en calle Ecuador de Pueblo Diamante, no espera una pena alta para los culpables, sino que “quiere saber dónde está el cuerpo de Silvia para poder despedirse, no busca algo punitivo”.
Como dijimos, en Mendoza existen cuatro casos de juicios con condena sin cuerpo hallado: Johana Chacón, Soledad Olivera, Marita Páez y ahora Silvia Chávez. “en todos los casos, al cuerpo lo quemaron y esparcieron las cenizas”, agregó Giaroli.
El jueves es la sentencia del juicio por jurado
Este jueves a las 12, el juez técnico Julio Vittar dará a conocer a la sociedad la pena que recibirán tanto Albornoz como Domínguez. De acuerdo a lo estimado por fuentes judiciales, a la mujer le otorgarán una pena que puede ir de 8 a 31 años, mientras que al inquilino el número es mayor por sus antecedentes y por estar acusado de cuatro hechos. En su caso, es de 8 a 50 años.
Habrá que esperar que determinación toma Vittar luego del dictamen de culpabilidad del jurado popular de San Rafael.