Con el mantra de la "eficiencia" en el gasto, la Nación cortó el envío de tratamientos. El aborto legal y el acceso a tratamientos anticonceptivos en jaque.
El acceso al aborto legal, seguro y gratuito y a tratamientos anticonceptivos y hormonales cayó abruptamente en Mendoza en 2024.
A 20 años de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito y en medio de un ajuste presupuestario que golpea las políticas de salud sexual y reproductiva, en Mendoza cayó 74% en tan sólo un año el acceso a medicación y tratamientos anticonceptivos.
Según datos obtenidos por Amnistía Internacional y recopilados en el documento "También es por vos", la provisión de métodos anticonceptivos, anticonceptivos hormonales de emergencia y test de embarazo sufrió una reducción del 81% a nivel nacional durante el 2024. Mendoza no ha sido la excepción, con una baja abrupta que profundiza desigualdades en el acceso a la salud.
El estudio documenta que, desde la asunción del nuevo gobierno, se produjo un desmantelamiento sistemático de las políticas públicas en salud sexual y reproductiva bajo el argumento de una supuesta “eficiencia” en el gasto público.
Esta estrategia se traduce en la paralización y el desfinanciamiento de programas esenciales, y, en consecuencia, debilita gravemente el rol del Estado como garante de derechos, señala Amnistía.
Como resultado, no solo se han profundizado los obstáculos preexistentes, sino que también han surgido nuevas barreras que ponen en riesgo la vida, la salud y la autonomía de mujeres y personas gestantes.
Entre los datos más alarmantes, la organización registró un aumento del 275% en las consultas, denuncias y pedidos de asesoramiento por dificultades en el acceso al aborto, en comparación con 2023, a través de su formulario de atención y denuncias.
La falta de distribución de insumos esenciales afecta especialmente a jurisdicciones con menor autonomía presupuestaria.
Mendoza, que en 2023 había recibido 213.400 unidades de métodos anticonceptivos, en 2024 apenas alcanzó los 55.871, marcando una baja del 74%.
Este desabastecimiento (ilustrado en el siguiente gráfico) pone en riesgo la capacidad de respuesta de los efectores de salud y deja a miles de personas sin acceso a opciones de planificación familiar.
La crisis en salud sexual se suma a un reclamo clave en la provincia: la Corte Suprema de Mendoza ordenó en noviembre de 2024 al gobierno provincial publicar información detallada sobre las medidas adoptadas para garantizar el acceso al aborto.
Esta decisión resalta la importancia del derecho a la información como herramienta fundamental para asegurar el ejercicio efectivo de los derechos reproductivos.
En su fallo, el máximo tribunal señaló que:
Organizaciones y especialistas advierten sobre la regresividad de estas medidas y el incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado argentino en materia de derechos sexuales y reproductivos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya instó al gobierno a rendir cuentas por estos retrocesos, mientras que organismos como Naciones Unidas han expresado preocupación por la falta de políticas de género y salud pública. No obstante el gobierno nacional no parece proclive a responder este tipo de cuestionamientos internacionales. Como detalle: esta semana confirmó que se retira de la OMS.