Los mendocinos deberán pagar peajes por las rutas que arreglará Mendoza por el plan de motosierra de Javier Milei.
El Fiscal de Estado, Fernando Simón. La Fiscalía avaló el plan de obras que asumió Cornejo y que culmina con cabinas de peajes en las rutas.
La Fiscalía de Estado avaló el convenio que firmó Alfredo Cornejo con la Nación para hacerse cargo de las obras en rutas nacionales que Javier Milei abandonó para seguir con su plan de ajuste. Se trata de tramos clave de las rutas 7, 40 y 143, que Mendoza financiará con plata del fallido Portezuelo del Viento y por las cuales luego los mendocinos deberán pagar peajes.
El dictamen validó la legalidad del acuerdo, pero también instó a evaluar si el régimen de asignación de fondos viales “se ajusta al principio de igualdad entre provincias”, tal como lo establece la Constitución.
Además, recomendó que el Ejecutivo provincial analice la posibilidad de plantear reclamos administrativos o judiciales si detecta un trato inequitativo: “Se estima oportuno (…) verificar si el esquema de asignación de recursos nacionales se ajusta al principio de igualdad entre provincias”, sostiene el informe.
El acuerdo compromete a Mendoza a financiar íntegramente las obras y asumir responsabilidades operativas, jurídicas y laborales, sin que la Nación aporte recursos ni respaldo legal. La única opción contemplada para recuperar parte de la inversión es la futura implementación de un sistema de peaje, sujeto a autorización del Ejecutivo nacional.
La Fiscalía también advirtió que si este esquema se repite en el tiempo o se extiende a otras áreas, podría requerir una ley del Congreso Nacional para su adecuación legal, conforme al artículo 75 inciso 2 de la Constitución: “En caso de prórrogas o nuevos acuerdos que impliquen un desplazamiento funcional permanente, deberá observarse inexcusablemente lo dispuesto por el art. 75 inc. 2 de la CN”, puntualizó el dictamen.
Un aspecto relevante del acuerdo es que Mendoza renunció a reclamar compensaciones contra la DNV, pero no incluyó ninguna mención de renuncia ante el Estado nacional en su conjunto, lo que podría interpretarse como una reserva de derechos para futuros reclamos:
Además, el dictamen abordó el debate sobre si el convenio requiere aprobación legislativa.
Mientras que la Asesoría de Gobierno consideró que podría encuadrarse dentro de los tratados interprovinciales, la Fiscalía concluyó lo contrario: “De considerar el Gobernador que se trata de un tratado interprovincial, deberá enviarse a la Legislatura. Pero esta Dirección considera que no lo es”, afirma el informe.
El acuerdo, que tendrá una vigencia de 36 meses, pone sobre la mesa el debate sobre la distribución de recursos viales y el rol de Mendoza en la gestión de infraestructura nacional, mientras el Ejecutivo analiza sus próximos pasos.