Hebe Casado prepara una derogación masiva de leyes que considera vetustas o burocráticas. A la par, Alfredo Cornejo avanza con la megaminería.
Alfredo Cornejo y Hebe Casado, la dupla gobernante de la Provincia de Mendoza.
A imagen y semejanza del proyecto "hojarasca" de los libertarios, el cornejismo está a un paso de eliminar de un plumazo las leyes más viejas de Mendoza. En ese paquete quedó la centenaria Ley de Aguas, un tótem sagrado en la regulación de los ríos de Mendoza que rige en Mendoza desde 1884. Lobbistas de la megaminería ya le habían pedido a Alfredo Cornejo cambios en ese sentido.
La Ley de Aguas forma parte del digesto normativo fundacional de Mendoza. Fue la que creó el Departamento General de Irrigación -cuyos alcances están incluídos en la Constitución de Mendoza- y estableció el manejo de las aguas para riego.
“Creo necesario desregular y mi equipo está trabajando en hacer una derogación masiva de leyes”, dijo Hebe Casado, al frente de la avanzada, a Los Andes.
"Esto no va a pasar, le vamos a dar batalla", anticipó a El Editor Mendoza Jorge Difonso -uno de los autores y defensor de la Ley 7722, que se nutre de los principios rectores de la vieja ley- sobre la posibilidad de que el oficialismo avance en ese sentido.
Desde que asumió su segundo mandato, Alfredo Cornejo inició una serie de reformas de leyes con la mira en cambiar radicalmente el manejo del agua y establecer otras prioridades de uso, entre ellas la entrega de agua para las empresas mineras.
Con ese horizonte encaró la modificación del Código de Procedimiento Minero y, a mediados de 2024, la creación del Código de Aguas. La resistencia en los oasis productivos y las protestas en las rutas lo hizo postergar el envío de este último a la Legislatura.
El Código de Aguas que impulsan Alfredo Cornejo y Sergio Marinelli, jefe de Irrigación, establece que el gobernador de turno puede convertir a la minería en la prioridad de la entrega de agua de los ríos si considera que esta opción será más rentable que regar el arbolado público, por ejemplo.
Según el Código, quien dirija Irrigación decidirá con el gobernador el uso que se le dará al agua de los ríos. Entre las prioridades para esos usos, además del abastecimiento de la población (que está al tope de la lista), aparece la minería, la generación eléctrica, el turismo, entre otros.
La eliminación de la Ley de Aguas sería parte de ese entramado legal para que avancen sin restricciones las mineras. Ya ha sido modificada en varios tramos para darle más poder de multas y manejo a Marinelli, pero si el cornejismo podría ir más a fondo eliminándola como parte de esas leyes "vetustas". Hasta el momento, con el manejo absoluto de las dos cámaras, ha logrado todas las leyes en ese sentido.
"Esto es parte de un plan que comenzó con la modificación del Código de Procedimiento Minero y el impulso de un Código de aguas -ensayó Difonso-. Lo que quieren es cambiar la prioridad en el uso del agua".
Empresarios ligados al negocio minero y cercanos al oficialismo, como Mauricio Badaloni, ya le habían pedido a Cornejo que cambiara la Ley de Aguas.
Abriendo el paraguas a una posible resistencia no sólo legislativa sino también de los afectados por la eliminación de la ley, Casado anticipó que antes de eliminar las leyes que tiene en la mira "se analizará cuáles se deroga y cuáles no".