Loretta Preska y los fondos buitre quieren acceder a información confidencial de funcionarios y exfuncionarios. Los activos de YPF están en riesgo.
La jueza Loretta Preska define sobre los activos de YPF.
El gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, solicitó en las últimas horas a la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que reconsidere su orden de entregar comunicaciones privadas —incluidos chats de WhatsApp— de actuales y exfuncionarios nacionales, en el marco del juicio por la expropiación de YPF en 2012. Entre esos chats están los de Luis Caputo y Sergio Massa.
La medida judicial había sido impulsada por fondos buitres liderados por Burford Capital, que reclaman información sobre las gestiones de los ministros de Economía Luis Caputo y Sergio Massa, entre otros funcionarios de las administraciones de Milei y Alberto Fernández. Preska había aceptado el pedido, pero el gobierno argentino argumenta que no tiene acceso ni control sobre los dispositivos personales requeridos.
“La República Argentina pide a la jueza Loretta Preska que reconsidere su reciente orden relacionada con la entrega de comunicaciones (WhatsApps) de ciertos funcionarios y exfuncionarios, ya que el Estado no tiene en su posesión dichos dispositivos, porque no les pertenecen”, explicó el especialista Sebastián Maril, quien sigue de cerca el litigio.
El escrito presentado por la Procuración del Tesoro sostiene que el tribunal omitió considerar si los dispositivos están bajo la “posesión, custodia o control” del Estado argentino, como exige la normativa estadounidense. Además, remarca que los demandantes no demostraron que el gobierno tenga “derecho, autoridad o capacidad práctica” para acceder a cuentas personales de funcionarios actuales o anteriores.
Desde el Ejecutivo se subraya que, según la Constitución Nacional y la legislación vigente, los dispositivos personales son propiedad exclusiva de sus titulares, no del Estado como empleador. Por ello, el gobierno considera que la orden judicial excede los límites razonables del proceso de discovery (búsqueda de pruebas).
La Procuración ya había adelantado la semana pasada que evaluaba opciones para apelar esta decisión, que calificó como “sin precedentes”.
El conflicto judicial se remonta a la expropiación del 51% de las acciones de YPF, anunciada el 16 de abril de 2012 por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La medida afectó a la petrolera española Repsol y fue formalizada por ley el 4 de mayo de ese año. Desde entonces, diversos fondos especulativos han iniciado demandas contra el Estado argentino, alegando perjuicios económicos por la forma en que se llevó adelante la nacionalización.