Comunidades nucleadas en una organización mapuche denuncian que no fueron escuchadas para avanzar sobre tierras que habitan. Reclaman una mesa de diálogo.
Comunidades mapuche y huarpes rechazaron el protocolo minero que firmaron Alfredo Cornejo y Claudio Avruj.
Prensa Gobierno de MendozaLa disputa por las tierras del sur ricas en minerales y con gran atractivo turístico sumó un nuevo capítulo. Comunidades mapuche del sur de Mendoza pidieron formalmente una audiencia con Alfredo Cornejo tras la difusión del protocolo minero que firmaron Provincia y Nación, representada en este caso por Claudio Avruj, director del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Con un escrito fechado el 13 de mayo, solicitaron además una mesa de diálogo de la que, hasta ahora, fueron excluidos, según denunciaron en ele escrito.
La solicitud, firmada por la organización Malalweche, responde a la necesidad de abordar diversas cuestiones vinculadas a los derechos de los pueblos originarios tras la firma del protocolo minero entre el INAI y el Gobierno mendocino, sobre el cual las comunidades dicen haber tomado conocimiento a través de la prensa oficial, y que establece una consulta previa de las comunidades antes de avanzar con proyectos mineros.
Entre otros puntos, el protocolo indica que las comunidades a consultar por la provincia deben tener personería jurídica. Según le dijo Gabriel Jofré, de Malalweche, a ElEditor Mendoza, "hay varias comunidades con personería jurídica, hay 15 años de institucionalidad, con relevamientos realizados" en el territorio en disputa.
En el documento enviado, los representantes mapuche expresan su preocupación por la falta de consulta previa en la toma de decisiones gubernamentales que afectan a sus comunidades, como el mencionado protocolo.
En este sentido, exigen la revisión del proceso y la confirmación del Consentimiento Libre, Previo e Informado, conforme a lo estipulado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otras normativas vigentes en la República Argentina.
Además, proponen la creación y fortalecimiento de una mesa de trabajo intercultural e interinstitucional, donde participen organizaciones indígenas y representantes de diversos pueblos originarios presentes en el territorio mendocino.
Entre los puntos del temario a tratar, destacan el reconocimiento legal del pueblo mapuche como preexistente en la provincia, la inscripción de la personería jurídica de sus comunidades, la demarcación y adjudicación de tierras, así como su participación en la administración y conservación de recursos naturales.
La petición también responde a las recientes declaraciones de funcionarios respecto a las comunidades mapuche, por lo que solicitan que la reunión inicial cuente con difusión pública para garantizar la libre expresión de todos los participantes. Asimismo, proponen extender la convocatoria a representantes municipales de Malargüe y San Rafael, fortaleciendo así el carácter inclusivo del encuentro.
La relación entre minería y pueblos originarios en Mendoza ha sido conflictiva durante años. La lucha por la protección de los recursos naturales ha generado resistencia comunitaria ante proyectos de exploración que, según denuncian, podrían afectar los cursos de agua y la biodiversidad de la región.
En este contexto, la impugnación presentada por los mapuches y huarpes no solo pone en cuestionamiento la legalidad de la Resolución 130/2025, sino que reactiva el debate sobre la consulta previa y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas en Argentina.
Las comunidades fundamentan su pedido en diversos marcos legales nacionales y provinciales, incluidos los artículos del Convenio 169 de la OIT, la Ley 23.302 y las leyes mendocinas 5754 y 6920, que garantizan los derechos de los pueblos originarios en Argentina.
Con esta iniciativa, buscan asegurar una instancia de diálogo real y transparente con las autoridades, en pos del respeto y reconocimiento de su identidad y derechos históricos.