Postal de los caravanazos contra el intento de Rodolfo Suarez de imponer una reforma a la Ley de Educación. En Mendoza esta semana, además, habrá protestas contra la megaminería.
Postal de los caravanazos contra el intento de Rodolfo Suarez de imponer una reforma a la Ley de Educación. En Mendoza esta semana, además, habrá protestas contra la megaminería.
Postal de los caravanazos contra el intento de Rodolfo Suarez de imponer una reforma a la Ley de Educación. En Mendoza esta semana, además, habrá protestas contra la megaminería.
Con un caravanazo contra la reforma educativa que impulsa Alfredo Cornejo arranca esta semana en Mendoza una serie de protestas. Dos convocatorias consecutivas —el caravanazo del 22 de diciembre y una marcha convocada por vecinos y asambleístas el 23— condensan el malestar de docentes, estudiantes y organizaciones sociales y ambientalistas frente a la reforma educativa, la reforma laboral y la avanzada de la megaminería en Mendoza.
Desde que se aprobó el proyecto San Jorge, no cesaron las protestas: se replicaron en los departamentos y en la Capital, con ruidazos en el KM0 y marchas en los pueblos, asambleas y cortes de ruta, focalizados en la Ruta 0, en General Alvear.
Con las aulas vacías tras el cierre del ciclo lectivo, docentes, preceptores, celadores y estudiantes han multiplicado asambleas espontáneas para debatir la reforma educativa impulsada por el gobierno provincial y nacional. De esas reuniones nació la convocatoria al caravanazo para este lunes, inspirado en las movilizaciones de 2020 que frenaron un intento similar de modificar la Ley de Educación.
La estrategia es recorrer la ciudad en caravana, con bocinazos, banderas y consignas para denunciar el vaciamiento presupuestario y pedagógico.
Un docente secundario consultado por ElEditor Mendoza remarcó: “Eliminar el sexto año técnico es condenar a nuestros estudiantes a una formación incompleta, subordinada a las demandas empresariales”. Los testimonios construyen un diagnóstico colectivo: la reforma no busca mejorar la calidad educativa, sino mercantilizar la escuela pública.
Las críticas apuntan al gobierno provincial como punta de lanza de un modelo de ajuste alineado con las exigencias del FMI: cierre de escuelas, contratos a término, extensión de la jornada laboral y ausencia de políticas de inclusión. El presupuesto educativo, que debería alcanzar el 6% del PBI, apenas proyecta 0,75% para 2026 a nivel nacional y 0,2% en Mendoza. Para los organizadores, se trata de una extorsión que profundiza la desigualdad. La consigna que sintetiza el espíritu de la protesta es clara: “La educación no se vende, se defiende”.
Un día después, las asambleas por el agua encabezarán una marcha desde el KM0 a la Casa de Gobierno contra San Jorge y la megaminería, a la que se plegarán gremios, organizaciones sociales y agrupaciones estudiantiles.
Estudiantes universitarios y secundarios reunidos, entre otras organizaciones, en la Asamblea Interfacultades, se suman a una amplia convocatoria en una fecha que no es casual: el 23 de diciembre recuerda la histórica movilización de 2019 que frenó la reforma de la Ley 7722, la norma que prohíbe el uso de sustancias tóxicas como el cianuro en la minería.
“Somos la juventud que defiende la educación pública, hijxs de trabajadores que hemos aprendido en las calles que el agua se defiende con uñas y dientes”, expresaron los estudiantes, reivindicando la memoria de aquella lucha.
En las últimas semanas, jóvenes se sumaron a cortes de ruta en el Valle de Uco, el Sur y la alta montaña, organizaron festivales artísticos y charlas abiertas en facultades y colegios. Sus consignas —“Sin agua no hay futuro”, “La juventud está de pie”, “Mendoza es hija del agua”— se mezclan con banderas sindicales, evidenciando la transversalidad de la convocatoria.
La organización estudiantil enfrenta un escenario hostil. La Policía de Mendoza irrumpió en una asamblea interfacultades en la plaza Italia, registrando participantes en lo que Correpi denunció como un intento de intimidación.
En movilizaciones recientes, se desplegaron gases y balas de goma, con detenciones que aún mantienen tras las rejas a los hermanos Facundo y Renzo Gollano. Para las organizaciones de Derechos Humanos, se trata de una política sistemática de vigilancia y hostigamiento destinada a disciplinar la protesta.
