Alfredo Cornejo enfrenta una semana crucial en Mendoza.Santiago Tagua/ElEditor Mendoza
Alfredo Cornejo enfrenta una semana crucial en Mendoza.Santiago Tagua/ElEditor Mendoza
Alfredo Cornejo enfrenta una semana crucial en Mendoza.Santiago Tagua/ElEditor Mendoza
La semana que comienza no es una más en el calendario político de Mendoza. Es la hora de la verdad para el Proyecto Minero San Jorge en el Senado, el último peldaño legislativo para aprobar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y dar vía libre a la extracción de cobre y oro en Uspallata. Más allá del trámite formal, pues Alfredo Cornejo tiene los votos para aprobarlo, lo que se define es el futuro modelo productivo de la provincia y, en particular, la herencia política del gobernador, quien en esta votación crucial está jugando su capital político.
El debate no es solo técnico o económico; es el capítulo final de una batalla cultural y legal de casi dos décadas en Mendoza. Su eje central, el proyecto San Jorge, funciona como un espejo retrovisor que refleja un giro radical e histórico en la postura del actual mandatario provincial, quien se puso a la cabeza de los intereses de empresarios mineros.
Para entender la encrucijada actual hay que remontarse a 2011, cuando la Legislatura mendocina fue escenario del primer debate de San Jorge. En aquella ocasión, el proyecto fue rechazado por 44 votos en contra (incluidos los del oficialismo peronista de entonces), bajo el marco protector de la Ley 7722, la norma llamada "antiminera" por los empresarios y "guardiana del agua" por vecinos y asambleístas.
En ese contexto, la postura de Alfredo Cornejo —entonces figura de la UCR y con un perfil cercano a las consignas defensoras del agua— fue clave para boicotear la iniciativa. Su oposición contribuyó a consolidar el mensaje histórico de la provincia: "El agua de Mendoza no se negocia". Esta semana las asambleas por el agua multiplicaron en sus redes un archivo de hace 20 años del diario Periodista XXI, editado en San Carlos, donde el actual mandatario cuestionaba la actividad minera en cercanías de la Laguna del Diamante.
Decía Cornejo entonces: “Me causa asombro como el justicialismo mendocino dejó en el limbo que un gasoducto atravesara el área de reserva, que se hiciera un camino en la Laguna del Diamante, que se hiciera una estación ambiental ilegal, que se hiciera una estación de piscicultura, que se hiciera un camino entre San Rafael, y ahora aparecen como en defensa del medio ambiente cuando nunca lo han hecho y la gente del pueblo recuerda esto”.
Catorce años después del primer rechazo a San Jorge, hoy Cornejo es el principal arquitecto e impulsor de la reactivación del proyecto (rebautizado como PSJ Cobre Mendocino). El giro es absoluto. Cornejo no solo promueve la inversión, sino que ha manifestado públicamente su deseo de "ser recordado porque se volvió a hacer minería en Mendoza", vendiendo a la actividad como el motor que sacará a la provincia del estancamiento.
El gobernador decidió que este es el momento de la audacia: un cruce de Rubicón político, tan irreversible como aquel que cambió la historia romana.
La mutación del gobernador se articula en torno a la necesidad de sumarse al boom global del cobre y redefinir el concepto de "bien común" bajo una lógica económica que hoy encuentra un fuerte aliado nacional.
El escenario político ha cambiado drásticamente. La alianza entre la UCR-Mendoza y el gobierno de Javier Milei (LLA) otorga un nuevo blindaje al proyecto. Al igual que Milei a nivel nacional, Cornejo mantiene un apoyo popular significativo pese a impulsar políticas impopulares.
El oficialismo mendocino tradujo el resultado de las urnas (53,63% de los votos en octubre) como una "licencia social" para avanzar, una suerte de plebiscito que no fue: el resultado en las urnas fue utilizado por el oficialismo como una barrera contra la resistencia antiminera. El director de Minería, Jerónimo Shantal, reforzó esa interpretación: “Más del 80% de los votantes apoyó partidos que están a favor de la actividad minera, lo que marca un cambio de clima político y social en la provincia”.
Ante la Federación Económica de Mendoza (FEM), Cornejo defendió abiertamente su estrategia más audaz: presentar la minería, que tiene un claro interés sectorial de las empresas que buscan llevarse los minerales, como parte del "bien común". Subrayó: “Queremos una minería integrada a las actividades tradicionales, que genere valor económico, social y ambiental”. El gobernador admitió que se trata de “transformaciones que eran claramente contraculturales”, pero necesarias para un Estado que debe ser un “vector inteligente, capaz de estimular la iniciativa sin obstaculizarla y de encuadrar el interés sectorial dentro del bien común”.
“Tengo fe en que Mendoza puede hacer minería de la mejor, con estándares ambientales altos y con capacidad de competir en el mundo”, aseguró en la feria Argentina Mining Cuyo 2025. Bajo la gestión de Cornejo el Estado se define, entonces como un facilitador de la inversión privada, pues el sector privado es “el verdadero generador de riqueza”, en palabras del mandatario.
Cornejo en la FEM, donde vinculó los intereses de las mineras con el "bien común".
Cornejo fue más estratégico que su predecesor, Rodolfo Suarez, quien pagó un alto costo político por intentar derogar la Ley 7722 en 2019. El actual gobernador optó por la sutileza en la ofensiva: vender el proyecto San Jorge afirmando que se realiza "dentro de la Ley 7722" (con flotación de cobre sulfurado), asegurando que la actividad es viable sin cianuro.
Sin embargo, los asambleístas y críticos denuncian que esta fue una maniobra para crear un precedente que facilite un extractivismo más amplio. En el segundo año de la gestión Cornejo se impulsó el Código de Procedimiento Minero y se avanzó en la planificación de 27 proyectos de exploración en el Distrito Minero Occidental II de Malargüe. San Jorge y MDMO2 son parte de los cuatro proyectos de ley que se discutirá el 9 de diciembre.
"Todo Malargüe Distrito Minero está sobre área periglaciar", señaló al respecto un opositor acerca de la avanzada cornejista.Los periglaciares son ecosistemas clave para la reserva hídrica de la provincia. La aprobación de San Jorge en Uspallata no solo es una victoria política, sino una puerta de entrada que consolidaría un mapa extractivista planificada sobre el recurso hídrico en áreas vitales, utilizando la Ley de Regalías Mineras (3%) y el Fondo de Compensación Ambiental como herramientas de empuje de los proyectos.
A pesar del blindaje político y el discurso del "bien común", los informes técnicos siguen siendo lapidarios:
Riesgo hídrico: Organismos como la UNCuyo (advirtiendo que la empresa no presentó propuestas de impermeabilización para depósitos de colas) y la Dirección de Hidráulica alertan sobre el riesgo de Drenaje Ácido de Roca (DAR) y la afectación al caudal del arroyo El Tigre en un contexto de sequía. Un último episodio empaña aún más el vidrioso camino de San Jorge a su aprobación: la publicación y posterior censura de un documento del CONICET pidiendo no avanzar en el tratamiento hasta zanjar las dudas.
Contradicción científica: El gobierno decidió no incorporar las advertencias de la Facultad de Ciencias Médicas sobre los químicos a usar y las denuncias de IADIZA (CONICET) por la falta de rigor metodológico en el Estudio de Impacto Ambiental. Incluso el propio CEO de San Jorge, Fabián Gregorio, celebró que las "ambiciosas" exigencias del Gobierno "no afectan negativamente" la rentabilidad de la empresa, lo que alimenta las dudas sobre la efectividad real de las medidas preventivas.
El alto interés político en la aprobación se refleja en la dimensión del operativo de seguridad planeado para el debate en el Senado y en la advertencia de demandas masivas a vecinos y asambleístas. Esta semana se difundieron las imágenes de las bodycam de los policías que actuaron en la protsta del 23 de octubre, donde se ve las palizas que recibieron dos asambleístas detenidos y llevados al interior de la Legislatura. El debate sobre la real dimensión del Dique de Colas, cuya altura real en planos llega a 170 metros (112% más de lo citado por la empresa), subraya la fragilidad técnica y la falta de transparencia en un territorio de alto riesgo sísmico y ambiental.
Las subcuencas que yacen bajo San Jorge están interconectadas y una posible contaminación llegaría al río Mendoza, señala un informe técnico.
Mientras transcurre este domingo, se prepara un caravanazo provincial que acompañará la votación del paquete de leyes. La definición en el Senado no será solo un trámite legislativo, sino el punto de inflexión que marcará si Mendoza consolida un modelo extractivista o muestra la fortaleza de su tradición de defensa del agua. En esa encrucijada, Alfredo Cornejo avanzó, consciente de que su apuesta lo coloca en un terreno irreversible: como César al cruzar el Rubicón, ya no hay retorno posible. El resultado de esta semana no solo sellará su legado político, sino también el destino de las luchas callejeras y de las propias asambleas vecinales como actores políticos.
