Operativo cerrojo.

Debate de San Jorge en el Senado: encerrarán a los manifestantes en un corralito en la plaza Independencia

-El 9 de diciembre se debatirá San Jorge en el Senado

-El Gobierno anticipó que la protesta estará perimida y habrá reconocimiento facial

El Editor Mendoza | Gabriela Valdés
Por Gabriela Valdés
4 de diciembre de 2025 - 10:10

En Mendoza el orden público no se negocia”. Con esa frase, la ministra de Seguridad Mercedes Rus anticipó el dispositivo que acompañará la sesión del Senado en la que se discutirá la declaración de impacto ambiental del proyecto minero San Jorge. La funcionaria confirmó que la intención es que los manifestantes queden adentro de una especie de “corralito” en la Plaza Independencia, el espacio habilitado para la protesta. Además, advirtió que se implementará el sistema de reconocimiento facial y que se aplicará el principio de flagrancia para quienes corten calles o reincidan en delitos vinculados a las movilizaciones.

Las marchas contra San Jorge

Rus intentó justificar la decisión de perimir el espacio de la protesta en los antecedentes de las últimas marchas antimineras: “Tuvimos marchas tanto la del 29 de agosto como las dos de octubre y la de diciembre donde no ha habido un acatamiento a las reglas en materia de despeje de la vía pública, respetar la media calzada, respetar bienes públicos y no agresión de policías y legisladores”.

Según la ministra, en varias de esas manifestaciones se registraron daños a bienes privados y públicos, además de agresiones a funcionarios -aquí mencionó la salida de la ministra Jimena Latorre de una de las comisiones- y efectivos. “Se han realizado actuaciones judiciales, están en curso porque tenemos buena coordinación con el Ministerio Público Fiscal y la Municipalidad de Capital”, agregó.

Un espacio controlado para la protesta

El operativo policial del 9 prevé un espacio controlado en la Plaza Independencia, próxima a la Legislatura, donde se concentrarán las manifestaciones.

“Lo que queremos hacer ahora es dar las garantías para que se puedan manifestar pero con las mismas reglas y criterios. Para eso, en coordinación con la Municipalidad de Capital, vamos a poner a disposición de esta marcha la Plaza Independencia, un lugar próximo a la Legislatura, un lugar donde distintos grupos vienen poniendo como centro de sus reuniones. Ponemos a disposición ese espacio verde y controlado, sin acampe y afectación de bienes públicos”, explicó Rus. La ministra insistió en que se trata de un “espacio controlado y respetando el orden”.

No habrá protección especial para la caravana de Uspallata

La funcionaria también adelantó que se pedirá a las fiscalías actuantes que ordenen a los infractores que reparen económicamente los daños ocasionados en la vía pública. “La Municipalidad de Capital está evaluando el costo, vamos a pedir que la fiscalía le pida a los infractores la cantidad para reparar esas cosas”, señaló.

En cuanto a los manifestantes que lleguen desde Uspallata, aclaró que no habrá un operativo especial para cuidarlos: “La gente que venga de Uspallata está en igualdad de condiciones de la gente que transita, es una ruta internacional”.

Asamblea por el Agua - Ruidazo (16)

Legislatura blindada

En paralelo al operativo para encapsular a los manifestantes, en la tarde del miércoles comenzó un operativo de blindaje de la Legislatura provincial. Una fila de policías pudo verse en el acceso principal, mientras camiones de asalto y patrullas ocupaban la mitad de la calzada de la transitada calle Patricias Mendocinas.

En el hall, tres uniformados registraban en planillas el ingreso de sus camaradas, en una escena que llamó la atención de transeúntes y vecinos de la Plaza Independencia. La presencia policial, tan visible y desproporcionada, parecía anticipar un clima de tensión que excedía la rutina institucional. La Legislatura permanecerá con un operativo reforzado de seguridad hasta el martes cuando se discuta el proyecto minero.

Policías - Legislatura - Minería - Posible protesta - Represión (7)

Se trata de la última instancia administrativa antes de que el gobernador Alfredo Cornejo pueda firmar el permiso para la explotación de cobre en Uspallata. Es el último peldaño en el ascenso de un proyecto que no es sólo técnico sino que tiene detrás una decisión política de alto voltaje: permitir o no la minería metalífera a cielo abierto en Mendoza, una provincia marcada por la defensa del agua y la memoria de las movilizaciones masivas.

El antecedente de 2019

La historia reciente pesa como advertencia de lo que pueda pasar el martes. En 2019, la Legislatura aprobó una reforma que flexibilizaba la Ley 7722, norma emblemática que limita el uso de sustancias químicas en la minería. La reacción social fue inmediata: miles de personas protagonizaron una pueblada que paralizó la provincia y obligó al entonces gobernador Rodolfo Suárez a dar marcha atrás. El temor del oficialismo a que se repita un conflicto similar explica el blindaje policial y las medidas restrictivas anunciadas por el Ministerio de Seguridad.

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Una postal de la enorme marcha contra la reforma de la Ley 7722, en diciembre de 2019.

Una postal de la enorme marcha contra la reforma de la Ley 7722, en diciembre de 2019.

Reconocimiento facial y principio de reiterancia

“Estamos implementando el sistema de reconocimiento facial y vamos a aplicar el principio de reiterancia, en muchos de estos expedientes que manejamos hay gente que viene cometiendo delitos y que se las ha sancionado por cortes de calle”, advirtió Rus. El gobierno provincial busca garantizar que San Jorge se apruebe bajo un esquema de control estricto que limita la protesta a un espacio acotado y vigilado.

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