Fabian Gregorio aseguró que San Jorge podrá cumplir fácilmente con el listado de pedidos que elaboró el Gobierno de Mendoza. Las claves del debate que viene.
Fabián Gregorio, CEO de San Jorge, en la audiencia que organizó el Gobierno junto a la empresa.
Luis VigazzolaEl CEO de San Jorge, Fabián Gregorio, celebró la aprobación y el envío de la Declaración de Impacto Ambiental a la Legislatura y dijo que las exigencias del Gobierno "no afectan" a la empresa "negativamente". Fue en la apertura de Argentina Mining en la Nave Cultural este jueves. El evento reúne a empresarios del sector y funcionarios que impulsan la minería metalífera a gran escala en Mendoza.
En las primeras horas de este jueves se conoció que Alfredo Cornejo por fin envió a la Legislatura el proyecto para extraer oro y cobre en Uspallata, en una extensa resolución de 156 artículos.
La resolución se publica a tres días de que el oficialismo obtuviera un "espaldarazo" en las urnas y a horas del inicio de Argentina Mining Cuyo 2025, que reunirá a empresarios y agentes del sector en la Nave Cultural, donde hay planificadas protestas de asambleístas. La semana pasada también hubo una protesta en la Ciudad contra el proyecto, aunque el gobernador desestimó su peso en el debate público y calificó a los manifestantes de "violentos".
"El documento contiene exigencias que es lógico que las contenga, siempre hemos dicho que cada exigencia estamos en condiciones de dar respuesta. Esto no nos afecta negativamente, está en nuestro marco de referencia, estas instrucciones son mejores que las propuestas que le habíamos hecho al Gobierno", indicó. Fue en una entrevista en radio Nihuil.
"Es bastante exigente, pero se ha elevado el estándar internacional de las exigencias para proyectos mineros. Lo sabemos y tenemos las condiciones para adaptarnos a ellos", indicó Gregorio.
La DIA establece un esquema estructurado sobre cinco ejes fundamentales, que están garantizados según la empresa, y rebatidos por varios informes técnicos que están incorporados al expediente. Según el listado del Gobierno:
Agua: monitoreo superficial y subterráneo con estaciones automáticas, impermeabilización del depósito de residuos, balance hídrico validado y planes de gestión de efluentes auditados por el Departamento General de Irrigación.
Biodiversidad: revegetación con flora nativa, protocolos de protección animal, y monitoreo específico de vegas y la Ciénaga de Yalguaraz.
Patrimonio cultural y Qhapaq Ñan: estudios actualizados, registro georreferenciado de hallazgos y participación de la Organización de Comunidades del Pueblo Huarpe (OMTA).
Aire, emisiones y clima: red meteorológica bajo estándares internacionales, control de material particulado, inventario de gases de efecto invernadero y estrategias de mitigación.
Participación ciudadana y control social: creación de la Unidad de Gestión Ambiental del Proyecto (UGA-PSJ), programas de monitoreo participativo y visitas abiertas, informes periódicos y auditoría social.
Además, indica la elevación del proyecto, "se implementará el Sistema Integrado de Monitoreo y Alerta Temprana (SIMAT), con telemetría, cámaras, pesaje automatizado y trazabilidad de cargas, conectado al Centro de Control de la Policía Ambiental Minera. Se incluyen protocolos para contingencias como sismos, crecidas, derrames e incendios".
La empresa, según la resolución oficial, deberá implementar "Programas de Integridad y Compliance, extensibles a toda su cadena de contratación". También deberá presentar "Informes de Sostenibilidad y un Protocolo de Vinculación Comunitaria, como parte de una Declaración Jurada de Buenas Prácticas actualizable".
Se crea además un Fondo Socioambiental y de Compensación para financiar medidas de compensación ambiental, fortalecer el monitoreo comunitario y promover empleo local, desarrollo de proveedores regionales y capacitación técnica.