Miles de personas fueron despedidas de sus trabajos para justificar el "superávit fiscal". El Gobierno Nacional celebró en las últimas horas el ajuste.
El presidente Javier Milei junto al gobernador Alfredo Cornejo en Tucumán.
El Gobierno nacional reveló este jueves que redujo casi un 10% el empleo público durante los primeros 17 meses de mandato de Javier Milei, al desvincular a cerca de 48.000 trabajadores estatales, y calculó que el recorte generó un ahorro anual de US$1.885 millones.
El informe elaborado por la Unidad de Evaluación de impacto perteneciente al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, expuso que entre diciembre de 2023 y abril de 2025, el empleo en el sector público se redujo un 9,6%, lo que equivale a la eliminación de 47.925 puestos de trabajo.
En Mendoza, según delegados de la sede de ATE, los despidos forman parte de un vaciamiento de programas clave de asistencia.
En el último año se han contabilizado cerca de 400 despidos en organismos nacionales, incluyendo Enacom, Agricultura Familiar, ANSES, Télam (que fue cerrada en todo el país), Senasa, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, Migraciones, el Ministerio de Trabajo, Correo Argentino y PAMI, entre otros.
"Cada tres meses se producen desvinculaciones masivas, afectando el trabajo territorial del Estado nacional en las provincias", indicaron en Mendoza. "Y parece que se va a poner peor, según lo que ha dicho Sturzenegger, en los próximos meses se viene algo muy feo".
Muchos de los trabajadores despedidos llevaban entre 20 y 25 años con contratos renovables, sin haber sido incorporados a la planta permanente. Esta situación ha derivado en juicios contra la Nación por irregularidades laborales. En tanto, quienes fueron puestos en disponibilidad enfrentan incertidumbre, ya que la falta de espacios en otras áreas estatales podría dejarlos definitivamente fuera del sector público en pocos meses.
"Se han eliminado programas de protección a la infancia, microcréditos y asistencia a personas que requieren tratamiento o medicación. Además, se han desmantelado los jardines maternales y la promoción de derechos de los adolescentes", señalaron.
Una de las oficinas afectadas por los recortes de la Nación en Mendoza esa la de la Agencia Nacional de Discapacidad, donde eran 12 empleados y quedaron sólo 2. Son los que deben evacuar miles de consultas que llegan a diario desde que se decidió auditar las pensiones por discapacidad.
Al desglosar los datos, se destacan las caídas en la Administración Pública Nacional (APN) y las empresas estatales. En ese período, la APN redujo su personal en un 13,7%, mientras que en las empresas estatales la disminución alcanzó el 16,4%.
En este sentido, el reporte reflejó que en lo que va de la era Milei se observo un descenso en los diversos tipos de vinculacion laboral en el sector de la APN, evidenciando el efecto de la motosierra en el Estado como una de las banderas que sostiene el oficialismo.
IMPSA fue la primera empresa en ser privatizada y en su momento Alfredo Cornejo se desentendió del futuro de los empleados y los posibles despidos tras el remate de las acciones planificado en conjunto con Javier Milei.
No obstante, el mandatario reconoció que dentro de los colaboradores menos especializados existirá una "alta rotación de personal", es decir despidos.
"El Estado no tiene nada que ver" en las decisiones que tome la empresa privada, remarcó. Cornejo destacó que lo más importante es que IMPSA se quede en Mendoza, asegurando que esto es tan crucial como el empleo.
Al respecto, precisó que “el número de empleados de planta permanente y transitoria cayó un 8%, mientras que el personal contratado bajo la Ley Marco (Ley 25.164) y los empleados con contratos LOYS (monotributistas bajo el Decreto 1109/17) experimentaron descensos mucho mas pronunciados, del 20% y 55,2%, respectivamente”.
En este marco, desde el Gobierno calcularon que “considerando los números de abril de 2025, la reducción de personal en el sector público genera un ahorro anual de 942,5 millones de dólares en sueldos”.
Sin embargo, aclararon que “se estima, con amplio consenso, que el costo total de cada empleado duplica su salario debido a gastos en infraestructura laboral, tales como el espacio de oficina, mobiliario, equipos electrónicos, suministros y servicios varios”, develando que “teniendo en cuenta estos factores, el ahorro anual total alcanza los 1.885 millones de dólares”.
Sobre este aspecto, el estudio puntualizó que “dentro del sector de la APN, el ahorro varía según el tipo de contrato”, indicando que “la reducción de personal fue particularmente significativa en los contratos regidos por la Ley Marco, donde el ahorro anual en sueldos ascendió a 231 millones de dólares, mientras que el ahorro total, al considerar los costos de infraestructura laboral, alcanzó los 462 millones de dólares”.
Asimismo, especificó que “en el caso del personal bajo modalidades permanente y transitoria, el ahorro anual en sueldos fue de 254 millones de dólares, con un total de 508 millones de dólares al incluir los costos adicionales”, y aportó que “en los contratos LOYS, el ahorro anual en sueldos se estimó en 67 millones de dólares, alcanzando un total de 134 millones de dólares al considerar los gastos en infraestructura laboral”.
Al destacar el ahorro propiciado, la cartera desreguladora sostuvo que “esta medida refleja el compromiso del Gobierno con la reducción del gasto público y su determinación de cumplir con las promesas de eficiencia y austeridad en la administración pública” y anticipó que “la estrategia se profundizará este año con mayores reducciones de personal y la eliminación de áreas que no cumplan una misión esencial”.