La semana próxima, el oficialismo sacará el despacho para tratarlo el próximo martes 30. Rechazo opositor y posible desempate de Hebe Casado.
Referentes gremiales expusieron en las comisiones del Senado, a diferencia de lo que ocurrió en Diputados.
SenadoLa reforma al Estatuto del Empleado Público avanza en el Senado luego de la media sanción que le dio el oficialismo al proyecto enviado por el Gobierno, en la Cámara de Diputados. En comisiones, fueron recibidos distintos gremios que expusieron sus argumentos en rechazo al proyecto y advirtieron consecuencias.
Entre ellos estuvieron ATE, representado por su secretario general Roberto Macho; por el Sindicato Provincial de Estatales de la Salud, participó Daniel Quintero; por UPCN, Cristian Galdeano; por APEL, Alejandro Baldoni; por APOC, Ramiro Quevedo Mendoza; por CTA Autónoma, Adriana Iranzo; por AMPROS, Claudia Iturbe; por Judiciales Provinciales, Ricardo Babillón; por parte de funcionarios Judiciales, María Inés Echegaray; y representantes del Partido Obrero.
Todos agradecieron el espacio y marcaron la diferencia con el tratamiento en Diputados. En las comisiones de la Cámara Baja, los gremios asistieron como participantes al momento de las voces oficialistas y todo terminó en fuertes cruces. En el Senado, se les dio una jornada luego de que los miembros elegidos por el oficialismo, expresaran sus argumentos a favor de la reforma.
Roberto Macho, en una extensa exposición, indicó que "artículo por artículo le mostramos que violan hasta los tratados internacionales que ha firmado la Argentina incluso derechos humanos, hasta violan los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".
"Le estamos diciendo que se pongan a estudiar y a leer leyes, porque lo que han votado estos 25 diputados no tienen idea de la gravedad que tiene con respecto al resto y qué precedente van a dejar en Mendoza si llegan a votar esta reforma laboral", dijo.
Alejandro Baldoni, de Apel, manifestó que "la garantía que dio el 560, que es decreto ley porque se da con esta provincia intervenida, se da en un gobierno de facto, se sancionó en un gobierno de facto. Todos esos derechos que tenemos nos los dio un gobierno que no llegó legítimamente al poder. Y un gobierno votado democráticamente quiere sacarnos todos los derechos, quiere flexibilizar estas situaciones".
"La verdad que llama la atención. Queremos que se respete, nosotros trabajamos un escalafón en la idea de que se implementaran los concursos en este poder, logramos la implementación de algunos concursos entre el año 2018, 2017 y 2019. Ese escalafón llegó a tener la firma en paritaria y nunca llegó a homologarse. Nosotros queremos concurso, queremos ingreso y queremos estabilidad. Nuestro convenio colectivo dice que a cuatro meses de demostrar la idoneidad, corresponde a la planta permanente. Y no es una cuestión antojadiza, es una cuestión de protección de esa relación laboral", indicó.
Claudia Iturbe, de Ampros, recordó que "fue muy desagradable la comisión de diputados, porque no pudieron hablar los propios legisladores de la oposición. Realmente nos tienen acostumbrados a este gobierno de estas cosas".
"Yo les voy a hablar de cómo serían las consecuencias de esto, que ya las estamos sufriendo y coincido con el compañero de APEL que dijo que esta es una flexibilización laboral y yo creo que este plan se ha gestado ya desde enero del 2024 con las 26 leyes, no me acuerdo cuántas eran, que se aprobaron aquí donde lo único que pretendía era una flexibilización laboral. Eso lo entendimos. Nosotros, como profesionales de la salud, las consecuencias son devastadoras realmente, porque no se recupera lo que se ha perdido", aseguró.
Ramiro Quevedo Mendoza, de APOC, remarcó que "nos encontramos con reformas que no sabemos por qué se dan, no sabemos por qué están motivadas o no están claras las motivaciones. En la nota de elevación de este proyecto a esta honorable Cámara, la finalidad sería, o la necesidad sería, está claramente redactada y dice que serían las restricciones presupuestarias y la exigencia de responsabilidad fiscal".
"Recordemos que si estamos hablando de restricciones presupuestarias y exigencias de responsabilidad fiscal, somos los trabajadores los primeros que hemos puesto el hombro en los últimos 5 años, al menos con datos muy concretos. El superávit fiscal de la provincia se ha mantenido, básicamente, con el ahorro que el gobierno ha implementado en cada una de las paritarias después del proceso de pandemia que tuvimos En donde fuimos la provincia lo repito lo reitero y lo dejo en cada una de las actas paritarias que no tuvo aumento en el 2020", dijo.
Otra de las finalidades que advirtió, tiene que ver con que "esta modificación es porque ha provocado soluciones discordantes, dice en la nota, con fallos de la Suprema Corte de Mendoza, o ha dado lugares a interpretaciones distintas de lo que el gobierno entiende que tiene que ser la cosa. Entonces yo me pregunto, una reforma que tiene como base este punto, ¿no debería tomar alguno de los argumentos que dio la Corte en esos votos y que se transformaron en sentencia? Ninguno de esos puntos ha sido tomado acá".
Los argumentos oficialistas hacen hincapié en la modificación de los artículos iniciales del Decreto Ley 560/73, "extendiendo su alcance para que aplique supletoriamente a personal actualmente excluido de la carrera administrativa. Se derogarán procedimientos recursivos obsoletos y se aplicará el procedimiento administrativo común de la Ley 9003".
"En cuanto a la estabilidad laboral, se diferencia entre agentes permanentes, con estabilidad plena, y empleados interinos o contratados, quienes no tendrán derecho automático a reincorporación tras sanciones. Además, se eliminan privilegios de acceso cuasi hereditario a cargos públicos y se actualizan reglas de indemnización, estableciendo un plazo máximo de 30 días para su pago. El cómputo de antigüedad se limitará a servicios con relación de dependencia y aportes previsionales, excluyendo contrataciones autónomas", dice el comunicado oficial.
Por otra parte, se mantiene el acceso a recursos administrativos previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo y, en caso de agotarse esa vía, se habilita la acción procesal administrativa regulada por la Ley 3918.
El oficialismo sacará despacho el proyecto la semana próxima cuando en el día y horario de Legislación y Asuntos Constitucionales (miércoles a las 11) se reúnan también Hacienda y Presupuesto, y Asuntos Sociales y Trabajo. Será un debate entre legisladores para tener el texto definitivo que se tratará en el recinto.
La fecha marcada para que el Senado le de la media sanción restante, será el martes 30 de setiembre. La UCR tiene 19 votos y la oposición, también 19. El peronista Duilio Pezzutti, alejado del bloque luego de una sanción del PJ, armó su espacio "Podemos. Encuentro Peronista" y viene siendo funcional con algunos temas al oficialismo.
Si no se contara con su apoyo, pero hubiera quórum, tendría que desempatar la vicegobernadora Hebe Casado. Dada la envergadura de la reforma, podría decirse que un desempate habla de la falta de consensos, pero no impedirá que la norma sea aprobada tal como lo quiere el Poder Ejecutivo.
En caso de que se cumplan las advertencias de los gremios, una vez que se promulgue la norma en el Boletín Oficial, seguramente caerán pedidos de inconstitucionalidad que deberán resolver los siete ministros de la Suprema Corte de Justicia.