La reforma del Estatuto del Empleado Público llega a las comisiones de la cámara alta. Estabilidad, antigüedad e indemnizaciones, puntos críticos del proyecto.
Alfredo Cornejo planea reformar las condiciones laborales de los estatales de Mendoza.
Santiago Tagua/ElEditor MendozaEl proyecto de reforma del Estatuto del Empleado Público, impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo, comienza a ser tratado esta semana en el Senado provincial. Tras su aprobación en Diputados en tiempo récord y en medio de una fuerte resistencia sindical, la iniciativa enfrenta ahora un escenario de paridad política en la Cámara Alta.
Este miércoles, el proyecto será abordado en un plenario conjunto de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, Hacienda y Presupuesto, y Asuntos Sociales y Trabajo, presididas por los senadores Walther Marcolini (UCR), Ángela Floridia (UCR) y Flavia Manoni (La Unión Mendocina), respectivamente. Al igual que en la Cámara Baja, la presentación estará a cargo de los asesores de Gobierno, Ricardo Canet y Javier Urrutigoity.
La próxima semana se convocaría a los gremios estatales para que expongan sus observaciones. Sin embargo, el antecedente inmediato en Diputados —donde no se habilitaron audiencias públicas ni con los gremios— genera desconfianza entre los sindicatos.
La iniciativa modifica la Ley 560/73, vigente desde hace más de cinco décadas y utilizada como norma supletoria en múltiples regímenes laborales. Su impacto alcanza a más de 100 mil trabajadores estatales, desde docentes y celadores hasta personal de salud, judiciales, administrativos y contratados.
En la Cámara Baja, el proyecto fue tratado en tiempo récord, con un breve paso por comisiones donde los gremios sólo pudieron hacer algunas preguntas a los defensores de la iniciativa de Cornejo.
El día del tratamiento, gremios como ATE, AMPROS, SITEA, CTA Autónoma y la CGT Regional Mendoza se movilizaron a la Legislatura para repudiar la reforma. “No es una reforma, es la legalización de la precarización”, denunciaron en esa oportunidad.
El oficialismo tenía los votos: el proyecto se aprobó con 27 votos afirmativos contra 18 negativos. El cornejismo logró el respaldo de bloques aliados como PRO Libertad, La Libertad Avanza y Hacer por Mendoza. En contraste, el peronismo, La Unión Mendocina y el Partido Verde votaron en contra.
En la Cámara Alta, el oficialismo cuenta con 19 bancas, y la oposición puede juntar igual número en su conjunto si a las 17 bancas opositoras se suman los monobloques de Armando Magistretti (PD) y Duilio Pezzutti (Podemos Encuentro Peronista). Si alguno de ellos acompaña la iniciativa, el oficialismo no necesitaría recurrir al voto de desempate de la vicegobernadora Hebe Casado.
Este equilibrio convierte al Senado en un terreno decisivo, donde la presión gremial y la movilización territorial podrían incidir en el resultado final. No obstante, los gremios conocen cómo funciona la mayoría del oficialismo y en las últimas semanas, además de repudiar a los que votaron a favor, apuntaron fuera de la Casa de las Leyes: aseguran que irán a la Corte con pedidos de inconstitucionalidad de la ley.
Los gremios advierten que el proyecto consolida un modelo de inestabilidad estructural. Entre los artículos más cuestionados, se destacan:
Despido sin causa ni indemnización: El artículo 4 bis crea la figura del “personal interino”, que podrá ser cesado sin sumario previo ni derecho a indemnización ni reinstalación, incluso si el despido es declarado nulo.
Antigüedad cero: El artículo 9 desconoce la antigüedad previa de quienes ingresen como interinos, vulnerando trayectorias laborales consolidadas.
Sanciones sin apelación: El artículo 53 impide impugnar suspensiones de hasta 15 días, habilitando cesantías encubiertas sin posibilidad de defensa.
Fin de los salarios caídos: El artículo 50 establece que, aun si un despido es declarado nulo, el trabajador no cobrará los sueldos retenidos durante el proceso, salvo que se pruebe persecución sindical.
Indemnización recortada: El artículo 5 elimina la escala por antigüedad y fija un monto único equivalente al último haber mensual, lo que representa una pérdida de hasta el 50% para quienes han dedicado décadas al servicio público.
La polémica por los puntos críticos del proyecto como el ataque a la estabilidad laboral, la antigüedad no reconocida y el régimen de indemnizaciones, se extiende a las implicancias del Artículo 4. Si bien no es el punto más conflictivo del proyecto, su incorporación abre un nuevo capítulo en el debate, al redefinir el concepto de personal de gabinete y habilitar cargos fuera de escalafón con sueldos atados al del gobernador.
La reforma incorpora como primer párrafo del artículo 6 del Decreto Ley N° 560/73 una definición ampliada de personal de gabinete, incluyendo no solo ministros, subsecretarios y asesores, sino también secretarios privados del Ejecutivo, de las cámaras legislativas y de la Suprema Corte. Estos cargos, al quedar fuera de escalafón, no requieren concurso ni carrera administrativa, y sus sueldos se indexan directamente al del gobernador.
La reforma no solo tensiona el mapa político, sino que reactiva el conflicto con los gremios, que viene en crisis por las paritarias a la baja y sin pases a planta. Los sindicatos advierten que el proyecto vulnera derechos adquiridos, debilita la estabilidad laboral y habilita mecanismos de persecución y precarización. La falta de diálogo previo y el tratamiento acelerado en Diputados profundizan el malestar.
Con el Senado como escenario decisivo, el oficialismo apuesta a repetir la estrategia de avance rápido de un proyecto cuestionado porque ataca el corazón del trabajo público: la estabilidad.