Mario Vadillo, presidente del Partido Verde, acusó al Gobierno de nacional de querer "disfrazar un tarifazo como si fuera eficiencia fiscal".
El posible recorte del Gobierno nacional a los subsidios por Zona Fría dispararon críticas del Partido Verde.
Santiago Tagua/ElEditor MendozaEl Partido Verde advirtió que el Gobierno Nacional sobre un posible recorte al régimen de Zona Fría, que beneficia a millones de usuarios residenciales de gas en regiones de bajas temperaturas es “un tarifazo encubierto que no busca ahorrar, sino recaudar más y beneficiar a las empresas”.
Mario Vadillo, titular del espacio, se basó en los trascendidos a través de medios nacionales que dieron cuenta de las decisiones del Ejecutivo sobre los planes de avanzar con una eliminación o fuerte restricción de los descuentos aplicados en la factura del gas bajo el amparo de la Ley 27.637. El argumento oficial es la necesidad de reducir el gasto público, estimado en 300 millones de dólares anuales. Sin embargo, desde el Partido Verde desmienten esa cifra y aseguran que el régimen no representa gasto alguno para el Estado nacional.
“El beneficio de Zona Fría no le cuesta un peso al Tesoro. Es un fondo solidario que se financia con un recargo del 7,5% sobre el precio del gas que pagan todos los usuarios del país. No es gasto público, es justicia tarifaria”, explicó Vadillo. Y agregó: “Quieren disfrazar un tarifazo como si fuera eficiencia fiscal, pero lo que hacen es castigar a quienes más necesitan calefaccionarse”.
El régimen de Zona Fría, vigente desde 2021, devuelve entre un 30% y un 50% de la factura de gas a los usuarios residenciales que habitan zonas de clima frío, entre ellas amplias regiones de Mendoza. Este beneficio compensa las desigualdades del sistema tarifario, que penaliza con precios más altos a quienes más consumen, sin considerar las necesidades climáticas.
“El gas es un servicio esencial en invierno. En zonas frías no es un lujo: es una cuestión de salud. Sacar la Zona Fría es condenar a miles de hogares a elegir entre calentarse o comer ”, advirtió Vadillo.
Desde el Partido Verde sostienen que eliminar o reducir este régimen significaría una transferencia de recursos desde los usuarios hacia las empresas distribuidoras y transportistas, al mismo tiempo que incrementaría la recaudación del Estado por impuestos, tasas y cargos que se calculan como porcentaje de las tarifas.
“La boleta que vos pagás tiene entre un 35% y 40% de impuestos. Si sube la tarifa, sube todo: ganan las empresas, gana ARCA (ex AFIP), ganan las provincias. Y el usuario es el que pierde”, remarcó el dirigente.
“No vamos a quedarnos mirando cómo se castiga al interior. Vamos a pelear esta batalla con herramientas legales y con el apoyo de la ciudadanía. Si quieren más eficiencia, que empiecen por los privilegios del AMBA, no por los hogares más vulnerables del país”, concluyó Vadillo.