El intendente de Guaymallén considera que el edil Miqueas Burgoa debe renunciar, pero no lo hará. El PJ presentó el pedido para la remoción.
Los concejales de Guaymallén podrían tratar el jueves, el pedido de remoción a Miqueas Burgoa.
Facebook Concejo Deliberante de GuaymallénEl radicalismo de Guaymallén sigue sin tener paz. El escándalo con alcoholemia positiva que protagonizó el concejal radical Miqueas Burgoa tuvo ayer una opinión importante como la del intendente Marcos Calvente. "Si fuera en el ámbito del Ejecutivo, le pediría la renuncia", dijo sin tapujos. Sin embargo, no ocurrirá y presiona el PJ.
Los concejales del oficialismo se reunieron esta mañana. Burgoa tiene dos opciones para dejar el cargo: o renuncia o lo debe remover el Honorable Concejo Deliberante. Es decir, no se lo puede echar de un día para el otro porque es un cargo electivo. A este procedimiento se aferra la presidenta del cuerpo Verónica Cancela, quien además considera que es un hecho de índole privado.
Tras el cónclave que fue en el edificio del cuerpo deliberativo, se confirmó que Miqueas Burgoa no renunciará al cargo y se tejieron conjeturas. Lo que es evidente es que no acató el mensaje del jefe comunal que considera, dado el impacto en el vecino, que debe dar un paso al costado. Y recrudecen los rumores de una interna indisimulable entre los concejales cercanos a Marcelino Iglesias, ex intendente y los fieles a Calvente.
Luego de conocerse que no habrá renuncia, el concejal José Pozzoli (PJ) pidió que se inicie el proceso de remoción de Burgoa y ya metió formalmente el pedido. En la sesión del jueves podría haber novedades sobre el tratamiento. El Concejo Deliberante debe analizar si hay mérito suficiente para iniciar una investigación.
Si al menos dos tercios de los miembros lo votan afirmativamente, se conforma una comisión investigadora. Es decir que con 8 ediles de los 12 que hay en el HCD alcanza para empezar el proceso. Una vez creada la comisión, se debe escuchar al concejal acusado en una sesión especial. A partir de allí, se puede decidir su suspensión mientras continúa el proceso.
Finalmente, el Concejo debe dictar sentencia dentro de los quince días. Sólo hay dos caminos posibles: absolución o destitución.