Cambia Mendoza contó con el apoyo de La Unión Mendocina para avanzar con la emergencia hidroeléctrica en Los Nihuiles. Por qué se opuso el PJ.
Las centrales son fuentes de generación de energía para la provincia.
foto de archivoEl Senado avanzó, con rechazo del PJ, con la emergencia del sistema hidroeléctrico Los Nihuiles por un plazo de 14 meses y ratifica el Decreto 1085/24. Así, autoriza a Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A. a seguir generando energía eléctrica utilizando el recurso hídrico hasta la finalización del periodo de transición previsto por el Decreto 1021/24.
Cambia Mendoza defendió la medida porque aseguran que responde a la necesidad de dar continuidad al servicio de generación hidroeléctrica tras el vencimiento, el pasado 1 de junio, del contrato de concesión de 30 años con Pampa Energía. En ese sentido, el Ejecutivo dispuso una prórroga excepcional ante los efectos devastadores de una tormenta sin precedentes ocurrida el 11 de enero de este año, que afectó seriamente las centrales Nihuil II y III, así como la infraestructura de acceso y transformación.
El senador Walther Marcolini ofició como miembro informante del proyecto y explicó que “la magnitud del evento climático fue tal que las erogaciones de agua superaron ampliamente la capacidad original de los vertederos del sistema, lo que generó daños operativos y estructurales”. También destacó que la concesión vencida exige al Estado provincial garantizar el uso del recurso hídrico hasta tanto se realicen los estudios y trabajos necesarios para una futura licitación integral del sistema Los Nihuiles y Diamante.
“El promedio de erogación fue de 1.200 metros cúbicos por segundo, el doble de lo pensado originalmente para las presas, lo que da cuenta de la gravedad del fenómeno”, detalló Marcolini, quien subrayó además que la empresa concesionaria se comprometió a reconstruir el autogenerador y mejorar la conexión del sistema.
El senador Martín Rostand, de La Unión Mendocina, expresó su acompañamiento en general a la propuesta, aunque manifestó su rechazo a los artículos 6 y 7.
Legisladores del PJ cuestionaron el tratamiento y contenido del proyecto de ley que declara la emergencia hídrica en el sistema de los Nihuiles y habilita contratos millonarios sin plazos ni montos claros, señalando una preocupante falta de transparencia, improvisación y ocultamiento de información clave; lo que se tradujo en el voto en contra del proyecto
Durante el debate, el senador Pedro Serra remarcó que el Ejecutivo provincial presentó esta emergencia 4 meses después del evento climático que afectó al sur de Mendoza, cuando el corte de energía generó consecuencias graves para la región. “La emergencia llegó tarde, y se redactó con una mezcla de temas y conceptos que la vuelven confusa e inaceptable desde el punto de vista técnico y jurídico”, afirmó.
El Justicialismo cuestionó que el proyecto habilite concesiones por 30 años sin especificar montos, ni un estimado del costo total de las obras. “Están pidiendo que autoricemos gastos públicos sin decirnos cuánto ni cómo se va a recuperar esa inversión. Ni siquiera nos dicen si el seguro va a cubrir los daños o si la provincia tendrá que poner el dinero”, expresó Serra.
Además, denunció que no se presentó ningún funcionario técnico con conocimiento específico del área energética o jurídica para explicar las responsabilidades legales y contractuales del hecho. “ Trajeron a un funcionario sin competencias para justificar una ley que tiene implicancias jurídicas y económicas enormes. Esto es la ley de ‘hablemos sin saber ’”, ironizó.
Otro punto crítico fue la falta de previsión en la gestión del contrato de concesión. “Este contrato viene atravesando ocho gestiones de gobierno y se sabía desde hace años que vencía. No hubo previsión, no hubo licitación anticipada, y ahora pretenden aprobar un marco de emergencia para cubrir la inacción del Ejecutivo”, añadió el senador sanrafaelino.
También señaló la inconsistencia legislativa, ya que en la Cámara de Diputados se trata simultáneamente otro proyecto que declara la emergencia aluvional y eléctrica sobre el mismo evento, cuando podría haberse unificado en un solo tratamiento.
“Estamos de acuerdo en que el sur necesita una solución urgente, pero no podemos permitir que se aproveche esta situación para firmar contratos sin control, sin plazos definidos, y sin un solo número que indique cuánto se va a gastar. Esto es oscurantismo legislativo”, concluyó Serra.