- El presidente suscribió el proyecto de Sturzenegger que celebran los empresarios.
- Dice el gobierno que habrá más trabajo abaratando los despidos.
Javier Milei y Sturzenegger impulsan una reforma laboral que ablanda las condiciones a favor de los empresarios.
El presidente Javier Milei firmó la tan debatida reforma laboral, dando inicio formal a su trámite legislativo. La normativa, diseñada por arquitectos clave del Gobierno como el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, promete sacudir los cimientos del mercado de trabajo argentino. Celebran los empresarios.
Si bien el discurso oficial sostiene que el objetivo es dinamizar el empleo formal y mejorar la productividad, el texto de la ley abre una serie de interrogantes sobre los perjuicios y costos que deberán afrontar los tres actores principales del ecosistema laboral: los trabajadores, las organizaciones gremiales y las cámaras patronales. A continuación, desglosamos los puntos críticos de una medida que busca revertir una década de estancamiento en el sector privado.
El punto más sensible de la reforma radica en cómo afecta a la estabilidad y al bolsillo del empleado. El Gobierno argumenta que el sistema actual expulsa a los trabajadores hacia la informalidad —que hoy alcanza al 50% de los menores de 35 años—, pero los críticos advierten que la "solución" podría implicar una precarización de las condiciones laborales existentes.
El cambio más drástico es la introducción del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Este mecanismo sustituye la indemnización tradicional por un sistema de capitalización individual. Si bien esto garantiza que el trabajador cobre al finalizar la relación laboral, también facilita el despido para el empleador, reduciendo el costo de desvinculación. Esto podría traducirse en una mayor rotación de personal y una menor seguridad en el puesto de trabajo.
Asimismo, la reforma introduce cambios en el cálculo de las indemnizaciones que impactan directamente en el monto final a percibir. La nueva norma excluye el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) de la base de cálculo indemnizatoria. Aunque los redactores, apoyados en la visión de juristas como Guillermo Comadira, sostienen que esto solo sigue la jurisprudencia mayoritaria para evitar litigios, en la práctica representa una reducción neta en el dinero que recibe un trabajador al ser despedido.
Para el sindicalismo, la reforma representa una amenaza existencial a su estructura de financiamiento y poder político. La normativa elimina la obligatoriedad de que las empresas actúen como agentes de retención de la cuota sindical. A partir de ahora, el descuento de la cuota requerirá el "consentimiento expreso" del trabajador.
Esto obliga a los gremios, incluida la CGT, a desarrollar sus propios sistemas de recaudación y gestión de cobros, una tarea administrativa titánica para estructuras acostumbradas a la retención automática. Aunque el secretario de Trabajo, Julio Cordero, mantuvo diálogo con los líderes sindicales, la medida no se suavizó: la "cuota solidaria", vital para las arcas gremiales, queda en jaque.
El perjuicio es doble: por un lado, una posible desfinanciación al depender de la voluntad individual del afiliado mes a mes; por otro, una pérdida de influencia en la negociación colectiva, ya que el FAL transfiere parte de la protección del trabajador a un sistema financiero regulado por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el Banco Central, restando peso a la tutela sindical tradicional.
A primera vista, el sector empresarial, especialmente las PyMEs, parece el gran beneficiado. La reforma promete reducir la llamada "industria del juicio" mediante la clarificación de normas y el traspaso de la justicia laboral al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, buscando tribunales menos propensos a fallos expansivos.
Sin embargo, el cambio no está exento de riesgos para las patronales. La implementación del FAL implica una nueva carga administrativa y financiera: una contribución mensual obligatoria del 3% sobre la remuneración base. Aunque el Gobierno asegura que esto previene quiebras por juicios laborales, las empresas deberán navegar la incertidumbre de un nuevo sistema financiero cuyos rendimientos y gestión dependerán de la reglamentación futura.
Además, la transición hacia este nuevo modelo genera un clima de expectativa que podría, paradójicamente, frenar decisiones de contratación inmediatas hasta que las reglas del juego —y la letra chica de la reglamentación— estén completamente claras.
La reforma laboral de La Libertad Avanza plantea un giro copernicano. Al priorizar la seguridad jurídica de las empresas para fomentar la contratación, se tensa la cuerda de la protección tradicional al trabajador y se desafía el modelo sindical argentino.
El éxito o fracaso de la medida dependerá de si el mercado laboral responde con una genuina creación de empleo o si, por el contrario, los perjuicios señalados —precarización, debilitamiento sindical y costos ocultos de implementación— terminan profundizando la crisis social que la ley busca resolver.