El presidente de la Suprema Corte de Justicia metió en el freezer la discusión del Convenio Colectivo de Trabajo. A los empleados no les alcanza para vivir.
Postal de una de las protestas de empleados de la Justicia mendocina en el nudo vial.
Santiago Tagua/ElEditor Mendoza Poder Judicial de Mendoza.
Santiago Tagua La paz laboral en la actividad de la Justicia mendocina se ha visto seriamente afectada por el recrudecimiento de un conflicto que enfrenta a los trabajadores de Tribunales con la cúpula del Poder Judicial, encabezada por el presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay.
El fondo de la disputa es la decisión unilateral de Garay de "meter al freezer" la discusión y negociación del largamente esperado Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), un instrumento fundamental para modernizar y dignificar las condiciones laborales del sector.
En el transcurso del conflicto, la cúpula del gremio fue imputada tras una protesta. Le endilgan entorpecer el tránsito, aunque desde el gremio niegan que eso haya ocurrido. El fiscal Fernando Giunta Baglini impulsó el expediente contra Ricardo Babillón, el tesorero Gastón Salmaso, la secretaria de actas Jésica Roque y el Secretario gremial Emanuel Aciar
Ante la falta de avances y el estancamiento de las conversaciones, los trabajadores judiciales sindicalizados han elevado el tono de su protesta. En una asamblea celebrada este jueves, la base resolvió convocar a un paro activo que se ejecutará en el transcurso de la próxima semana. El salario inicial de la Justicia apenas supera los 700 mil pesos, mientras en Mendoza una familia tipo necesita 1.100.000 pesos para no ser pobre.
Si bien la fecha exacta de la medida de fuerza aún está pendiente de definición, se ha confirmado que la acción abarcará todas las dependencias judiciales distribuidas a lo largo de la provincia, buscando un impacto total en la actividad tribunalicia.
Ricardo Babillon, secretario general de la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de Mendoza (AGEyFPJM), confirmó a ElEditor la nula voluntad de diálogo por parte de las autoridades. "No hubo ningún avance" en la cuestión del Convenio, sentenció Babillon, poniendo de relieve la precariedad con la que deben lidiar diariamente los empleados: salarios insuficientes que pierden poder adquisitivo y condiciones laborales obsoletas.
El reclamo por el primer CCT del sector no es reciente; se ha prologado en el tiempo sin soluciones concretas a la vista. El meollo del conflicto radica en que la actividad laboral en los tribunales de la provincia aún se rige por una ley que data de hace ocho décadas. Este marco normativo, anacrónico por definición, resulta completamente inadecuado para la realidad actual. Sus alcances no contemplan una gran parte de las tareas y acciones que se ejecutan a diario, las cuales se han ido complejizando y modificando drásticamente con el avance de la tecnología, la digitalización de procesos y los protocolos burocráticos modernos.
La formulación del CCT busca, precisamente, adaptar el régimen laboral a este nuevo contexto, garantizando derechos y obligaciones claras y actualizadas. El gremio presentó su proyecto, pero no fue atendido.
El conflicto, sin embargo, ha trascendido la mera disputa laboral. El presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, se mantiene en una posición de silencio y hermetismo, sin ofrecer señales que permitan vislumbrar una salida negociada o un acercamiento. En este marco de tensión, la asociación gremial de la Justicia ha denunciado ser víctima de una persecución política y judicial que, aseguran, estaría siendo orquestada desde la Gobernación, bajo la órbita de Alfredo Cornejo.
La entidad gremial no duda en señalar al actual mandatario provincial como el jefe político del presidente Garay, a quien le habría impartido la orden directa de paralizar la discusión del CCT. Según la conducción sindical, la finalidad última que se esconde detrás de esta acción atribuida a Cornejo es obtener la libre disponibilidad de cargos judiciales. Esto permitiría al Poder Ejecutivo la potestad de operar "a dedo" los nombramientos dentro del Poder Judicial, saltando los mecanismos transparentes y de carrera que un CCT podría establecer.
Mientras el conflicto se agudiza y las negociaciones están en punto muerto, la realidad económica de los trabajadores de base es alarmante. El salario inicial de bolsillo de un empleado de tribunales, según la denuncia del gremio, no alcanza los 800 mil pesos.
Esta cifra se contrapone de manera abismal con los ingresos de la cúpula. El jefe de la Justicia provincial percibe mensualmente una suma que es más de 15 veces superior al sueldo del trabajador con menor remuneración en el ámbito de sus decisiones. Esta profunda brecha salarial subraya la necesidad de una negociación colectiva que tienda a la equidad y a la dignificación del trabajo judicial.