La realización de la audiencia pública para evaluar el proyecto de Minera San Jorge en Mendoza despertó fuertes cuestionamientos por parte de vecinos y asambleístas de todo Mendoza, que acusan a Alfredo Cornejo y a la empresa proponente de elegir un lugar inaccesible y de difícil acceso para la ciudadanía. La audiencia se llevará a cabo a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar, dentro del predio privado de la propia empresa minera.

Mientras el Gobierno se prepara para llevar al lugar a asistentes en vehículos oficiales en un intento de mostrar que la audiencia igual tendrá concurrencia, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata resolvió no acudir.

La decisión de llevar a ese punto de la montaña la audiencia, advierten, no solo implica un conflicto de intereses, sino también un serio obstáculo para la participación ciudadana y una posible violación de tratados internacionales con jerarquía constitucional.

Accesibilidad en cuestión

Los funcionarios niegan que el lugar esté a gran altitud, pero la Asamblea señaló que verificaron la ubicación en servidores web de mapas, confirmando que el sitio se encuentra a 2.624 metros sobre el nivel del mar, es decir, más de 600 metros por encima de Uspallata y casi 2.000 metros sobre la ciudad de Mendoza.

Este factor, indican, excluye de hecho a una amplia parte de la población: personas mayores, con movilidad reducida, sin recursos para viajar, o con enfermedades como hipertensión o afecciones respiratorias, para quienes las condiciones de montaña podrían ser peligrosas para su salud.

“Una audiencia pensada para restringir”

La Asamblea calificó la audiencia como un “fraude”, al considerar que el contexto disuade la participación ciudadana espontánea y favorece el traslado de grupos organizados por la empresa o el gobierno en prácticas de clientelismo.

Además, remarcaron que la organización del evento vulnera el Acuerdo de Escazú y el Convenio Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ambos firmados y ratificados por Argentina, y por ende de cumplimiento obligatorio.

Rechazo de vecinos y asambleístas

Para las asambleas ciudadanas, los vecinos y las organizaciones ambientales, el emplazamiento de la audiencia no hace más que confirmar lo que sostienen desde hace más de 15 años: que San Jorge es inviable en una región con fuerte perfil turístico como Uspallata.

Con estudios técnicos y científicos que respaldan su oposición, como los de la Facultad de Medicina, la UNCuyo, el CONICET, entre otros de peso institucional y técnico, estos sectores sostienen que el proyecto compromete el equilibrio hídrico y ambiental de la región.

Batalla política

El proyecto minero San Jorge es uno de los más discutidos en la provincia, tanto por su potencial impacto ambiental como por su historial de rechazos comunitarios en audiencias anteriores. Esta nueva instancia, lejos de acercar posiciones, parece haber encendido aún más las alarmas de sectores sociales movilizados, que ven en la modalidad de convocatoria un intento deliberado de limitar la participación real y efectiva.

El lugar de la audiencia generó rispideces esta semana en la Legislatura, donde sectores del PJ se enfrentaron al cornejismo, que defendió la audiencia.

El eje de la discusión fueron los pedidos de informes que presentaron el kirchnerismo y el massismo acerca del lugar elegido para la audiencia pública. En ese tren, el peronismo ratificó su postura prominera. En esa línea impulsaron San Jorge en 2010 cuando gobernaba Celso Jaque -aunque tuvieron que retroceder ante el rechazo masivo al proyecto entre la población de la villa cordillerana- y después acordaron con Rodolfo Suarez el derribo de la 7722 -iniciativa también rechazada en las calles-. En 2010 quien sí estaba en contra de San Jorge era la UCR, que le hizo pagar caro a Francisco Pérez su impulso al proyecto.