- La minería tiene pista libre en la arena política institucional.
- La aprobación del Senado es un trámite. La calle es el último obstáculo.
La calle es último obstacúlo a la habilitación de la Minería.
Santiago Tagua/ElEditor MendozaEn el Senado se librará, desde este lunes, la última instancia institucional antes de la habilitación definitiva del proyecto minero San Jorge, con la resistencia contra la actividad en plena acumulación territorial. La estrategia del gobernador Alfredo Cornejo funcionó sin contratiempos hasta llevar a la Cámara Alta el trámite para la aprobación del primer proyecto metalífero en la provincia.
La suerte de la minería en Mendoza estaría echada de no ser por el antecedente de diciembre de 2019, cuando la política, con amparo del establishment y sus satélites, impuso una flexibilización a la legislación ambiental que consta en la Ley 7722 y debió recular ahí nomás ante una sublevación social de una magnitud impensada en las esferas del poder.
La resistencia territorial dio las primeras señales de alerta al aparato político empresario que construyó Cornejo para respaldar su estrategia minera con mayor solidez que la expuesta por los gobernadores que fracasaron en la imposición de la actividad. Desde este lunes Mendoza enfrenta la fase final del conflictivo proceso de habilitación para la explotación comercial de los metales guardados en la Cordillera de Los Andes, en jurisdicción de la localidad de Uspallata, en Las Heras.
El primer proyecto de minería metalífera camina a la habilitación legal sin obstáculos, aunque en el panorama se vislumbra una amenaza creciente. La señal más contundente del fortalecimiento del potencial de la resistencia la dio el intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, que ganó por La Unión Mendocina pero luego firmó el pase a Cambia Mendoza, bajo el mando del gobernador Cornejo.
Morillas acaba de salir a respaldar públicamente a los vecinos de su ciudad que se manifestaron frente a la Terminal de Eugenio Bustos contra la aprobación para San Jorge. El significado político de esa protesta es potente. En diciembre de 2019, desde la Terminal de Eugenio Bustos partió la columna de manifestantes que fue alimentándose al paso por cada ciudad hasta confluir en el centro de Mendoza con una multitud con amplia representación territorial.
Morillas quedó enfrentado a Cornejo en su alineamiento con los vecinos antimineros. “En nombre del mandato que nos dio nuestro pueblo, reafirmo con el corazón lo que siempre sostuvo esta comunidad: defendemos la 7722. Sin licencia social no hay minería”, posteó al mismo tiempo que ocurría la protesta.
Morillas llegó a la intendencia de la mano de Jorge Difonso, histórico enemigo de la minería metalífera, pero en octubre le hizo un guiño a Cornejo al convertirse en el primer intendente no radical en unificar las elecciones como pretendía el gobernador. Luego firmó el pase formal al Frente Cambia Mendoza.
Este lunes marca el inicio de la cuenta regresiva para la votación en el Senado, fijada para el 9 de diciembre, que busca ratificar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto Minero San Jorge, rebautizado como PSJ Cobre Mendocino.
Impulsada por Cornejo con el aval de una amplia mayoría en la Cámara de Diputados (que ya dio media sanción con 32 votos afirmativos), la habilitación política para la minería metalífera a cielo abierto parece inevitable. Sin embargo, este triunfo legislativo proyectado no garantiza la viabilidad operativa.
El pulso, esta semana, se dirime en dos frentes: la calle, donde la resistencia social busca repetir la épica de 2019, y el plano político institucional, donde los impulsores del proyecto tienen garantías de éxito.
Para el gobierno de Cornejo y la minera San Jorge, el desafío inmediato es doble. Primero, asegurar el voto final en el Senado, consolidando el quiebre de 14 años de statu quo antiminero, y ligando el proyecto a la narrativa de "Mendoza pujante".
El segundo y más crucial desafío reside en la fuerza que aglutine la resistencia a la minería ante la inminencia de la habilitación a la minera San Jorge para dinamitar la cordillera en busca del cobre contenido por la roca.
El PSJ Cobre Mendocino afirma operar sin tóxicos prohibidos, utilizando procesamiento por flotación para obtener concentrado de cobre y oro. Informes lapidarios de organismos técnicos y académicos han minado la credibilidad de la DIA.
La Fundación Universidad Nacional de Cuyo (FUNC) y el Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA) advirtieron sobre deficiencias graves. A esto se suma la controversia por los reactivos químicos. La Facultad de Medicina de la UNCuyo alertó sobre la toxicidad de al menos cuatro agentes que el proyecto planea utilizar.
La resistencia social, liderada por la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata y la Asamblea Popular por el Agua, enfrenta esta semana su desafío político más difícil.
A diferencia de la pueblada de 2019, que logró frenar la Ley 9209 en diez días, el gobierno actual ha logrado avanzar con el proyecto a pesar de las movilizaciones que sucedieron tras la media sanción en Diputados. El oficialismo exhibió una fortaleza política que no existió antes.
Con el escenario legislativo prácticamente definido, la estrategia de la resistencia ha pivotado a la acción legal. Marcelo Giraud, geógrafo de la UNCuyo y miembro de la Asamblea Popular por el Agua, ya anticipó que si el Senado valida el proyecto el 9 de diciembre, se presentarán inmediatamente recursos de amparo con solicitud de medida cautelar ante la Justicia.
El objetivo de estos recursos es lograr la parálisis operativa del proyecto basándose en el principio de precaución y en la montaña de evidencia técnica crítica, que exhiben los ambientalistas. La falta de respuestas sustanciales a las objeciones técnicas, sumado a la ubicación del proyecto en la cuenca del Río Mendoza (fuente de agua para 1,5 millones de personas) abren un escenario judicial potable para una medida cautelar.