Para guardar y reenviar: una síntesis de la Ley de Glaciares, qué protege y cómo queda con la reforma que plantea Milei para que avancen las mineras.
Uno de los cuerpos de hielo registrados en el Inventario Nacional de Glaciares.
Foto: Juan Pablo Scarpa (ING).El futuro de los recursos naturales y los minerales estratégicos de Argentina, codiciados por las potencias mundiales, se encuentra en un punto decisivo. Días después de que Mendoza aprobara un protocolo minero en zonas de glaciares, el Poder Ejecutivo Nacional ingresó al Congreso un proyecto de ley que busca modificar la Ley N° 26.639 (Ley de Glaciares).
Lo había anunciado el propio Javier Milei semanas atrás, cuando la emprendió contra los ambientalistas y dijo que impulsaría la minería en ambientes periglaciares. Alfredo Cornejo se jactó en la víspera de haber hecho punta en Mendoza con la creación de un protocolo para avanzar sobre los periglaciares, que se aprobó la semana pasada junto con la DIA de los proyectos mineros que amplían Malargüe Distrito Minero Occidental 2.
La propaganda oficial indica que se apunta a equilibrar la protección de las reservas hídricas con el desarrollo de la megaminería. Sin embargo, en el proyecto de ley que envió Milei al Congreso hay modificaciones sustanciales a los parámetros de protección de esos reservorios de agua estratégicos.
El proyecto propone reescribir artículos clave de la ley, devolviendo a las provincias la potestad de decidir qué áreas tendrán protección prohibitiva y cuáles no.
La Ley de Glaciares actual prohíbe la exploración y explotación minera e hidrocarburífera en glaciares y en todo el ambiente periglacial, al considerarlos reservas estratégicas de agua.
El proyecto de modificación:
Restringe el inventario: El Inventario Nacional de Glaciares (ING) incluirá solo glaciares y geoformas periglaciales que cumplan funciones de reserva estratégica o proveedoras de agua (Art. 3°).
Crea la desafectación: Nuevo Artículo 3° bis que permite eliminar cuerpos de hielo del inventario si no cumplen funciones hídricas.
Acude al Federalismo: El Artículo 8° otorga a las provincias la función exclusiva de identificar glaciares y ambientes periglaciares con funciones hídricas.
En la práctica, la ley pasaría de un alcance preventivo y amplio a uno focalizado en la función hídrica comprobada, delegando en las provincias la delimitación geográfica. Esto se vincula con el Artículo 124 de la Constitución Nacional, que establece que las provincias son dueñas originarias de los recursos naturales.
La Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina denunció que se trata de una "falsa federalización". "Se eliminan los presupuestos mínimos ambientales nacionales, que hoy garantizan un piso común de protección en todo el territorio argentino.
Señalaron en un comunicado en las últimas horas que "esto no fortalece el federalismo : lo debilita. Los glaciares alimentan cuencas hídricas que atraviesan varias provincias. Permitir que una sola jurisdicción defina su destino afecta directamente a comunidades y territorios aguas abajo y abre la puerta a un dumping ambiental, donde las provincias compiten por ver quién flexibiliza más para atraer inversiones extractivas".
La iniciativa de Milei coincide con la decisión de la Legislatura de Mendoza (aprobada el 9 de diciembre) de ampliar el Distrito Minero Occidental de Malargüe (MDMO). En las DIA de los proyectos mineros del sur se incluyó una guía para actuar en ese sentido.
Este protocolo provincial exige a las empresas mineras:
Instalar estaciones meteorológicas y redes de monitoreo hídrico.
Realizar tomografías eléctricas.
Excavar calicatas para estudiar el permafrost.
El objetivo para el Gobierno es mostrar que la minería puede avanzar sin comprometer reservas estratégicas de agua, concentrando la protección en zonas de alto valor hídrico y eliminando del mapa aquellas de bajo valor.
El Presidente Milei declaró semanas atrás:
“Tenemos el potencial de crear de manera directa un millón de puestos de trabajo. Por eso es tan importante esta ley de los periglaciares. Hoy eso no está bien definido, los ambientalistas prefieren que uno se muera de hambre, es una actitud primitiva”.
El Gobierno Nacional considera la minería un motor de crecimiento y fuente masiva de empleo y la Ley 26.639 es planteada como una traba al desarrollo.
El protocolo mendocino para periglaciares, como la reforma planteada por Milei tienen un denominador común: buscan reducir las áreas protegidas y devolver a las provincias la facultad de definir el periglaciar.
Según el Presidente, la contracara será “una gran inversión en minería”.