Guiño a Milei: Mendoza abre la puerta a la minería en periglaciares pese a las alertas científicas
La Legislatura de Mendoza le dio fuerza de ley al protocolo o guía para que las empresas mineras actúen en ambientes periglaciares. Qué dice la nueva norma.
PorGabriela Valdés
10 de diciembre de 2025 - 08:06
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La reforma de la Ley de Glaciares está en la mira de Javier Milei. En Mendoza, un protocolo habilita a las mineras a actuar en periglaciares.
Este martes martes 9 de diciembre, la Legislatura de Mendoza aprobó la ampliación del Distrito Minero Occidental de Malargüe (MDMO), un paso que otorga fuerza de ley a un protocolo de actuación para proyectos mineros en zonas de glaciares y periglaciares. Con esta decisión, la provincia se convierte en pionera en habilitar la exploración en territorios que hasta ahora estaban protegidos a nivel prohibitivo por la Ley Nacional de Glaciares (26.639). El movimiento no es menor: abre la puerta a una modificación de esa norma a nivel nacional, tal como lo anticipó el presidente Javier Milei que haría, inspirado por el gobernador Alfredo Cornejo.
La guía o protocolo estaba incluída en cada una de las DIA de los proyectos mineros que ampliaron la zona a explorar en busca de minerales en la cordillera malargüina.
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El protocolo mendocino: ciencia y minería en la frontera del hielo
El documento aprobado, titulado Guía de la Autoridad Ambiental Minera de Mendoza: Estudios de Glaciares y Ambiente Periglacial en Proyectos Mineros, es un manual de diez páginas que establece los pasos técnicos para identificar, caracterizar y eventualmente operar en zonas con presencia de reservas hídricas estratégicas. Su objetivo declarado es cumplir con la Ley Nacional de Glaciares y la normativa provincial, tal como lo vendió la ministra Jimena Latorre en la Legislatura, pero en la práctica crea un marco de certidumbre para que los proyectos mineros avancen en áreas hasta ahora vedadas.
El protocolo exige a las empresas instalar estaciones meteorológicas que registren temperatura, humedad, precipitación y viento cada 30 minutos, elaborar mapas geomorfológicos a escala 1:10.000 e implementar redes de monitoreo hídrico con controles semestrales de caudales y calidad de agua. En la etapa de exploración, los requisitos se intensifican: sensores de temperatura del suelo enterrados a 20 cm, series climáticas extensas mediante sensores remotos para ubicar la isoterma de 0°C, tanques de evaporación y equipos para medir el espesor de la nieve.
El fin último de la guía es determinar la distribución del permafrost —suelo permanentemente congelado— y calcular volúmenes de hielo y agua mediante tomografía eléctrica, métodos sísmicos y excavación de calicatas de hasta 5,5 metros. Además, se ordena realizar análisis isotópicos en aguas de arroyos y muestras de hielo para establecer cuánto contribuye el derretimiento del permafrost al caudal de los ríos de montaña. Con esos datos, las empresas deben elaborar mapas de distribución del permafrost y superponerlos con la geología superficial, eliminando del mapeo a proteger áreas de bajo valor hídrico y concentrándose en zonas con “permafrost probable”.
La guía concluye que “es muy probable que el porcentaje de área a ser impactada sea muy reducido y el valor hídrico poco significativo”. En otras palabras, busca demostrar que la minería puede avanzar sin comprometer reservas estratégicas de agua, allanando el camino para la explotación.
La ofensiva nacional: Milei y la Ley de Glaciares
El avance mendocino se inscribe en un contexto nacional marcado por la ofensiva de Javier Milei contra la Ley de Glaciares. El presidente confirmó que modificará la norma y reveló que la idea se la sugirió Alfredo Cornejo. “Tenemos el potencial de crear de manera directa un millón de puestos de trabajo. Por eso es tan importante esta ley de los periglaciares. Hoy eso no está bien definido, los ambientalistas prefieren que uno se muera de hambre, es una actitud primitiva”, lanzó Milei en un discurso reciente.
La Ley 26.639 prohíbe explícitamente la minería y la exploración de hidrocarburos en áreas con glaciares y ambientes periglaciares, al considerarlos reservas hídricas estratégicas. Milei busca reducir esas áreas protegidas y devolver a las provincias la facultad de definir qué se considera periglaciar. “La contracara va a ser una gran inversión en minería”, aseguró, y remarcó que la iniciativa “ni siquiera es mía, es del gobernador Alfredo Cornejo”.
La ministra Latorre negó que la idea de cambiar la ley nacional fuera de Cornejo, pero sí habló del protocolo que la aprobación de MDMO2 convirtió en ley por la votación de la Legislatura.
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La estrategia oficial combina promesas de seguridad jurídica para atraer inversiones, redefiniciones técnicas sobre qué se protege y la oferta implícita de recursos y poder territorial a las provincias. En ese esquema, los gobernadores mineros —agrupados en la llamada Mesa del Cobre— juegan un rol clave. A Mendoza se suman San Juan, Salta, La Rioja, Catamarca y Jujuy, todos con proyectos de gran escala en carpeta.
Malargüe, epicentro del debate
El caso del avance en los periglaciares mendocinos tiene un epicentro claro: Malargüe. Allí se concentran proyectos mineros, de los cuales el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA, Conicet) recomendó no avanzar con ocho y suspender nueve hasta contar con más información sobre el impacto en glaciares. El Gobierno provincial, sin embargo, insistió en que se le permitiera explorar y aseguró que completaría la información faltante después de aprobar la Declaración de Impacto Ambiental.
La ministra Latorre defendió el protocolo en la Legislatura, señalando que la Ley de Glaciares lleva más de diez años sin reglamentarse y que el inventario nacional aún no ha cartografiado las zonas periglaciares. “Qué mejor que la autoridad competente local trabaje con ellos para completar esa información”, argumentó. En ese sentido, el protocolo se presenta como una herramienta para suplir vacíos técnicos y avanzar en la explotación.
La voz del IANIGLA: reservas estratégicas bajo amenaza
Tras los anuncios de Milei sobre su intención de cambiar la Ley de Glaciares, el IANIGLA difundió un comunicado para aclarar su posición.“El Instituto desea aclarar que no ha sido informado ni consultado oficialmente sobre ninguna propuesta de modificación de esta Ley”, señalaron, reafirmando que su rol es técnico y no político. Recordaron que la Ley 26.639, sancionada en 2010, establece los presupuestos mínimos para proteger glaciares y ambientes periglaciares como reservas estratégicas de agua.
Los glaciares de escombros, característicos de este ambiente, pueden contener entre un 35 % y un 70 % de hielo en su interior y aportar entre un 25 % y un 50 % del caudal total de los ríos en años de sequía. La actualización del Inventario Nacional de Glaciares reveló además una reducción del 17 % en la superficie con glaciares y del 23 % en los manchones de nieve perennes en apenas una década, un dato que alerta sobre el retroceso de estas reservas estratégicas.
El debate, sin embargo, está lejos de cerrarse. Ambientalistas y científicos advierten que los ambientes periglaciares son reservas estratégicas de agua y que su afectación puede comprometer el abastecimiento humano y agrícola en regiones áridas. Del otro lado, el Gobierno nacional y los gobernadores mineros prometen empleo, inversión y desarrollo económico.
Mendoza, al dar este paso, se coloca en el centro de la discusión. Su protocolo técnico y su decisión política no sólo habilitan la actuación de las mineras donde hay periglaciares, sino que también abren la puerta a una redefinición de la Ley de Glaciares. Lo que ocurra en los próximos meses dirá si este precedente se convierte en el inicio de una nueva etapa para la minería argentina o en el detonante de un conflicto ambiental de alcance nacional.
