Glaciares: la rosca de Cornejo y sus pares mineros para cambiar la ley como pidió el lobby empresarial

Mendoza y los periglaciares, en el corazón de la pulseada

Mendoza aparece como la provincia bisagra en este debate. A las apetencias empresariales por llevarse el cobre y el oro de la cordillera se le opone una gran porción de la sociedad que ha defendido con uñas y dientes el agua como recurso vital. Basta recordar las movilizaciones masivas de 2019 contra la reforma de la Ley 7722, que pretendía flexibilizar el uso de sustancias químicas en la minería. Aquella derrota política dejó cicatrices en la dirigencia mendocina, que aprendió que cualquier intento de avanzar sobre la protección ambiental debía disfrazarse de “clarificación normativa” y “armonización constitucional”.

Hoy, bajo el paraguas del proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, Mendoza busca recuperar margen de maniobra. El texto enviado al Congreso insiste en que solo deben protegerse las geoformas con “función hídrica efectiva”, dejando en manos de las autoridades provinciales la definición de qué glaciar cumple ese rol. En la práctica, esto significa trasladar el poder de decisión desde el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) hacia las oficinas provinciales, donde la presión de las empresas mineras y la necesidad de ingresos fiscales pesan más que los informes científicos.

Como previa al proyecto que envió la Nación, Mendoza hizo su ofrenda: convirtió en ley un protocolo para que las mineras puedan actuar en los periglaciares, abriendo la puerta a una futura explotación

La rosca interprovincial: litio y cobre como bandera

Mendoza no está sola en esta jugada. La “Mesa del Litio” (Catamarca, Jujuy y Salta) y la “Mesa del Cobre” (Mendoza, San Juan, Catamarca y Jujuy) se alinearon en un frente común.

Según se lee en los considerandos, el 10 de diciembre enviaron una nota al Ejecutivo reclamando cambios en la ley, argumentando que la redacción actual “obstaculiza el desarrollo económico sostenible”. La frase, cuidadosamente elegida, esconde la verdadera preocupación: la imposibilidad de avanzar con proyectos mineros de gran escala en zonas cordilleranas donde la presencia de glaciares y ambientes periglaciares es innegable.

La rosca política se tejió con reuniones reservadas entre gobernadores, ministros y empresarios. El discurso público habla de “federalismo” y “soberanía provincial”, pero en los hechos se trata de garantizar que las provincias puedan habilitar proyectos extractivos sin el corset de una ley nacional que, hasta ahora, ponía límites claros. La estrategia fue simple: instalar la idea de que la norma actual es confusa, que genera incertidumbre jurídica y que necesita “precisiones”. En ese terreno, la palabra “precisión” funciona como eufemismo de flexibilización.

El trasfondo económico

La presión de las provincias mineras no puede entenderse sin el contexto económico. Mendoza, San Juan y las provincias del litio enfrentan presupuestos ajustados y dependen cada vez más de la renta minera como promesa de desarrollo. La narrativa oficial habla de “progreso sustentable” y de “no comprometer a las generaciones futuras”, pero la urgencia fiscal empuja a buscar dólares frescos en la cordillera. La reforma de la Ley de Glaciares aparece entonces como una llave para destrabar inversiones que llevan años en carpeta.

El lobby empresarial acompaña de cerca. Las compañías mineras han desplegado informes, campañas de prensa y reuniones con legisladores para insistir en que la ley vigente es “inaplicable”. La rosca política se alimenta de esa presión, y los gobernadores la traducen en reclamos al Ejecutivo, que finalmente se materializan en un proyecto de reforma.

La tensión con asambleístas

La jugada de las provincias mineras no pasa desapercibida para las organizaciones ambientales y sociales. En Mendoza, las asambleas por el agua ya anticipan un nuevo ciclo de movilización, activo desde la sanción de la ley de DIA del Proyecto San Jorge.

Consideran que dejar en manos de las provincias la definición de qué glaciar tiene “función hídrica”, abre la puerta a interpretaciones laxas que favorezcan la habilitación de proyectos extractivos. El riesgo es que glaciares y ambientes periglaciares queden desprotegidos bajo el argumento de que no cumplen funciones estratégicas, cuando en realidad forman parte de ecosistemas frágiles y vitales.

El recuerdo de las marchas masivas en Mendoza y la resistencia en Catamarca y Jujuy frente a los proyectos de litio, anticipan un escenario de conflicto. La reforma de la Ley de Glaciares no será un trámite técnico: será un campo de batalla entre quienes defienden el agua como bien común y quienes lo ven como un recurso a administrar según las necesidades del mercado.

El federalismo como argumento

El discurso de las provincias mineras se apoya en el artículo 124 de la Constitución, que reconoce el dominio originario de los recursos naturales. La reforma insiste en que las prohibiciones de la ley no deben ser absolutas ni abstractas, sino evaluadas caso por caso por las autoridades provinciales. En esa narrativa, el federalismo aparece como bandera, pero también como escudo para avanzar sobre territorios que hasta ahora estaban protegidos por una norma nacional.

provincias glaciares

Hasta el momento la Nación dictaba los presupuestos mínimos y las provincias complementaban. El proyecto busca reinterpretar esa relación, inclinando la balanza hacia las jurisdicciones locales. En los hechos, significa que Mendoza y las demás provincias mineras tendrán mayor poder para decidir qué proyectos avanzan y cuáles no, con el riesgo de que la protección ambiental quede subordinada a la urgencia económica.

Epílogo: el escenario que se viene

La reforma de la Ley de Glaciares abre un nuevo capítulo en la disputa entre supuesto desarrollo y ambiente. Mendoza y las provincias mineras jugaron juntas a favor del Ejecutivo para enviar el proyecto. La rosca política detrás de esa movida revela un entramado de intereses que va más allá de la letra de la ley: es la expresión de un modelo de país que busca en la minería una salida económica, aun a costa de tensar los límites de la protección ambiental.

El debate en el Congreso, que arranca este miércoles será apenas la superficie visible de esa rosca. Detrás, seguirán las negociaciones, los lobbies y las movilizaciones sociales. La Ley de Glaciares, símbolo de una conquista ambiental, se enfrenta ahora a la maquinaria política de las provincias mineras. Y Mendoza, con su historia de agua y minería, vuelve a ser el escenario donde se juega una de las batallas más decisivas del presente argentino.