-Los dos jueces a cargo de los comicios nacionales en las últimas tres décadas fueron destituidos.
-A la vez, camaristas cayeron por delitos de lesa humanidad.
El exjuez Walter Bento fue condenado por corrupción.
Santiago Tagua/ElEditor MendozaLa Justicia Federal en Mendoza ha sido escenario de uno de los capítulos más oscuros de la historia judicial argentina. En las últimas décadas, un entramado de corrupción, nepotismo y complicidad con el poder político ha erosionado la confianza pública en un sistema que debería ser garante de derechos y Justicia. El último bochorno: la caída de Walter Bento.
El caso de Bento más el de Luis Alberto Leiva, además de los procesos contra un grupo de magistrados condenados por crímenes de lesa humanidad, evidencian una estructura institucional que, lejos de proteger a los ciudadanos, se constituyó en un mecanismo de impunidad y enriquecimiento ilícito.
El Juzgado Federal N° 1 de Mendoza no es un tribunal cualquiera. Su relevancia radica en que concentra competencias clave: delitos de criminalidad organizada —como narcotráfico y contrabando— y la organización de los procesos electorales en una de las provincias con mayor peso en el padrón nacional. Esta dualidad lo convierte en un activo estratégico para cualquier gobierno, y ha sido objeto de disputas políticas y alianzas oscuras que explican su historial de irregularidades y escándalos.
Desde la década de 1990, los titulares de este juzgado han terminado sus carreras envueltos en escándalos de corrupción o procesos judiciales por delitos graves. El caso de Luis Alberto Leiva, quien asumió en 1993 durante el menemismo, marcó el inicio de un ciclo de destituciones traumáticas. Leiva fue removido en 2002 tras ser acusado de mal desempeño y de haber solicitado sobornos millonarios al banquero Raúl Moneta. A pesar de su destitución, el sistema judicial mendocino no logró reformarse. En 2005, bajo el kirchnerismo, asumió Walter Bento, quien durante casi dos décadas lideró una red de corrupción sistémica que incluyó cohecho, asociación ilícita y lavado de dinero, según la investigación de la propia Justicia Federal que derivó en condena para el magistrado y su familia.
La llegada de Luis Alberto Leiva al Juzgado Federal N° 1 fue parte de un acuerdo bipartidista típico del menemismo. En 1993, su pliego fue aprobado de manera exprés por el Senado, sin debate ni objeciones. Este sistema de designaciones, basado en la lealtad política por encima de la idoneidad técnica, marcó su gestión. Sin embargo, su carrera terminó abruptamente cuando perdió el respaldo de los sectores políticos y financieros que lo habían protegido.
Leiva fue acusado de mal desempeño por no inhibirse en una causa en la que figuraba como víctima, violando el principio de imparcialidad judicial. Además, enfrentó denuncias de extorsión y presuntos pedidos de coimas, como el caso de los 3 millones de dólares solicitados a Moneta en el marco de la quiebra del Banco Mendoza. Su destitución en 2002 dejó en evidencia que el sistema de remoción, generalmente lento y burocrático, puede actuar con inusitada rapidez cuando un magistrado se vuelve disfuncional para los intereses del poder.
La vacante dejada por Leiva fue ocupada en 2005 por Walter Bento, quien llegó al cargo gracias al respaldo del operador político Juan Carlos “Chueco” Mazzón y el aval del entonces presidente Néstor Kirchner. A pesar de haber superado las instancias técnicas, Bento fue elegido por su perfil político y su capacidad para mantener el control del juzgado en beneficio del oficialismo.
Durante su gestión, Bento lideró una asociación ilícita que convirtió al Juzgado Federal N° 1 en un mercado de favores judiciales. Según la investigación liderada por el fiscal Dante Vega y la Procelac, Bento y su red negociaban resoluciones judiciales a cambio de sobornos millonarios, que incluían dinero en efectivo, vehículos de lujo e inmuebles. Los detenidos por delitos de narcotráfico y contrabando podían comprar su libertad o beneficios procesales como la excarcelación o el cambio de calificación de sus delitos.
El colapso de este esquema comenzó con el asesinato de uno de los principales intermediarios de Bento, Diego Aliaga, un despachante de aduanas que negociaba directamente con los imputados. Este hecho permitió a los investigadores acceder a comunicaciones y testimonios que desmantelaron la red de corrupción. En 2023, tras casi dos décadas en el cargo, Bento fue destituido y detenido, cerrando un ciclo de corrupción sistémica que dejó profundas cicatrices en la justicia mendocina.
La crisis de la justicia federal en Mendoza no se limita a los casos de corrupción económica. Durante décadas, magistrados que colaboraron activamente con el terrorismo de Estado (1976-1983) continuaron en sus cargos, e incluso fueron promovidos por gobiernos democráticos. El caso más emblemático es el de Otilio Roque Romano, quien como fiscal federal durante la dictadura rechazó cientos de hábeas corpus y convalidó torturas en centros clandestinos.
En 2017, el Tribunal Oral Federal N° 1 de Mendoza dictó una sentencia histórica contra Romano y otros tres exmagistrados —Luis Francisco Miret, Max Petra Recabarren y Rolando Evaristo Carrizo— por su participación en crímenes de lesa humanidad.
Estos jueces fueron condenados a prisión perpetua por su rol como partícipes primarios en secuestros, torturas y homicidios. La sentencia subrayó que su aporte fue esencial para la maquinaria represiva de la dictadura, ya que utilizaron su investidura para garantizar la impunidad de los perpetradores directos.
Los casos de Leiva, Bento y los jueces de la dictadura revelan un patrón común: la captura del sistema judicial por parte de redes políticas y económicas que lo utilizan como herramienta de blindaje e impunidad. El Consejo de la Magistratura, creado en 1994 para garantizar la independencia judicial, ha operado como un campo de batalla de las disputas partidarias, permitiendo que magistrados cuestionados permanezcan en sus cargos mientras sean funcionales a los intereses del poder.
En el caso de Bento, por ejemplo, las denuncias en su contra permanecieron archivadas durante años gracias al bloqueo de los representantes oficialistas en el Consejo. Solo cuando la evidencia se volvió irrefutable, el bloque político retiró su apoyo, permitiendo su destitución. Este fenómeno pone en tela de juicio la eficacia del sistema de control judicial en Argentina, donde la permanencia de un juez depende más de su utilidad estratégica que de su conducta ética.
Otro factor que ha contribuido a la crisis de la justicia federal en Mendoza es el nepotismo. Familias enteras han ocupado cargos clave en los tribunales, creando una estructura cerrada donde la corrupción puede prosperar sin control. En el caso de Bento, su esposa Marta Boiza y sus hijos Nahuel y Luciano Bento jugaron roles activos en el esquema de lavado de activos. Marta Boiza fue identificada como un vehículo para el blanqueo de fondos, mientras que sus hijos actuaron como prestanombres y operadores dentro de la red criminal.
Este fenómeno no es exclusivo de Mendoza. Según investigaciones periodísticas, al menos 46 jueces federales en 14 provincias tienen familiares en cargos dentro del sistema judicial, perpetuando una cultura de impunidad y complicidad que socava la confianza pública en las instituciones.
La historia reciente de la justicia federal en Mendoza es un testimonio de cómo las instituciones pueden ser capturadas por redes de corrupción y complicidad política. La destitución de Luis Leiva, el juicio a los jueces de la dictadura y la caída de Walter Bento son hitos en un proceso de limpieza que, aunque necesario, ha sido insuficiente para erradicar las raíces del problema.
La independencia judicial en Mendoza ha sido históricamente socavada por tres factores clave: las designaciones políticas basadas en acuerdos partidarios que priorizan la lealtad sobre la idoneidad; un Consejo de la Magistratura que opera como escudo protector de jueces funcionales al poder, y la concentración de poder en juzgados de competencia múltiple, que facilita la corrupción y el abuso de autoridad.