La vicegobernadora Hebe Casado desempató en favor de la ley que modifica el Estatuto del Empleado Público. Tensión con la oposición.
"Mi voto es afirmativo", repitió Hebe Casado más de una vez durante la votación del proyecto que modifica el Estatuto del Empleado Público.
Santiago Tagua/ElEditor MendozaEl Senado de Mendoza aprobó la reforma parcial del Estatuto del Empleado Público (Decreto Ley 560/73), que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados. La votación salió empatada 19 a 19 y definió la vicegobernadora Hebe Casado, como contó ElEditor. Una moción generó fuertes tensiones con el PJ.
La oposición hizo largas explicaciones sobre por qué se oponía a la ley, escenario que ya se había visto en Diputados. Uno de los oradores fue Ariel Pringles, senador de La Unión Mendocina y conocedor de los temas gremiales. "Mucho de lo que está acá, podría haber surgido en paritarias. Y mucho de lo que está acá, no sería necesario si cumpliésemos no solamente con las paritarias, sino también con las leyes", dijo.
Afuera, los distintos gremios habían organizado un acto ante un fuerte operativo policial en las afueras de la Legislatura. Los reclamos se vienen haciendo desde que ingresó el proyecto y prometen medidas judiciales una vez que la ley sea promulgada por el Poder Ejecutivo.
"Nosotros en el 2017, sancionamos, digo nosotros, este Poder, sancionó la ley de concursos de la provincia. Y se publicitó y se vendió como un gran logro. Han pasado varios años y no lo he corroborado oficialmente, pero lo dicen los medios, son escasos, cien creo que decían los medios, los concursos realizados en estos años. O sea, ¿para qué tenemos esta ley si no la cumplimos?", se preguntó.
Para Pringles, "mucho de lo que vamos a tratar hoy, no lo deberíamos tratar si hubiéramos cumplido esa ley. Mucho de lo que vamos a tratar hoy no lo deberíamos tratar si además de cumplir esa ley, hubiéramos cumplido la paritaria. Porque sepan que muchos de los trabajadores que están irregular o interinos, quedan sistemáticamente en condiciones de estabilidad y de planta luego de que cumpla la paritaria".
"Cuando se presentó esta ley, viene con el fundamento de que se presenta porque las restricciones presupuestarias y exigencias de responsabilidad fiscal hacen necesario reformar algunas previsiones legales de aquellas leyes, en particular, las que han provocado soluciones discordantes en los fallos de la Suprema Corte de Mendoza", indicó.
En sentido, remarcó que "sepan de antemano, por más que alguno crea que cambiando la ley van a cambiar el sentido de los fallos de la Corte, les aseguro de mínima que quienes están trabajando hoy en el Estado, así se sanciona esta ley, van a tener exactamente los mismos derechos para atrás que tuvieron todos antes de esta ley. Será discutible, probablemente, los que ingresen al Estado después de la sanción de esta ley, pero no va a cambiar en nada, entonces quiero llevar esa tranquilidad".
"Lo único, va a generar un enorme desgaste jurisdiccional y una enorme cantidad de letigiosidad, como vengo diciendo, como fue la reforma de salud, que en definitiva trae un problema más porque recarga una parte del Estado que tiene que solucionar lo que la política de la Legislatura no soluciona. Y va a recaer en la justicia porque esos fallos no van a cambiar a pesar de que cambiemos la legislación, por lo menos los que están hoy trabajando", argumentó.
Armando Magistretti (PD) fue otro de los que votó en contra y si bien reconoce que "necesidad reformar todas las normas y sistemas que hacen referencia al recurso humano estatal", cree que "debe hacerse en un sentido más amplio y no restrictivo como el que se ha se ha enviado a esta Casa de las Leyes".
Sobre los motivos que, cree el senador ganso, motivaron al Gobierno a enviar esta reforma, marcó un caso que está en la Suprema Corte de Justicia "que podría llegar a ser desfavorable al Gobierno, y es un un caso sobre el reconocimiento de pagos por antigüedad". Explicó que el máximo tribunal "llamó a resolución en plenario en noviembre, diciembre del 2022. No lo hizo, volvió a llamar a resolver en plenario en abril de este año, acotando el plazo para la emisión del voto de los de los jueces a ocho a ocho días. Todavía no se resuelve".
"Entonces, creemos que la verdadera intención del momento en que se envía este proyecto y que eligió el Gobierno, es para crear una gran confusión jurídica si esta sentencia llegase a salir en contra. Creemos que lo ideal hubiese sido merituar de otra manera en el momento y esperar a que se hubiese contado con este fallo plenario, porque permitiría corregir o adecuar este proyecto de ley, en el caso que fuese un fallo desfavorable", dijo.
Caso contrario, "si fuese un fallo favorable, es un fallo plenario, daría mayor solidez a los conceptos que quizás están vertiendo en este en este proyecto. Para abordar un un un aspecto puntual de todo el articulado de la ley, voy a hacer referencia también a a la a la categoría de de interinos que está que está volcada en esta en este instrumento legal".
Adriana Cano, jefa de bloque del PJ, marcó que "lo que vemos atrás" del proyecto "no es sólo la precarización del empleo público, sino también, con mucha más gravedad, un mensaje de mayorías numéricas legislativas, pero un fuerte mensaje político a otro poder del Estado. Hablar de la violación sistemática de los derechos laborales, no sólo hablamos de algunas legislaciones provinciales, nacionales, de algunos fallos jurisprudenciales, algunos incluso convenios internacionales respecto a los derechos humanos y los derechos laborales, sino también a principios básicos que tantos años han sido importantes y han sido significativos en la historia de nuestra construcción institucional".
"Varios de los senadores y senadoras pudieron ser parte de la presentación que hizo el Poder Ejecutivo acá en la Legislatura, cuando un funcionario del Poder Ejecutivo nos venía a decir que el empleado público era un privilegiado. Y que el Estado tenía que modernizarse para poder casi similar al empleo privado. Total menoscabo e indiferencia", agregó.
Cano hizo referencia a las elecciones y al acuerdo electoral entre Javier Milei y Alfredo Cornejo que "los muestran bastante juntos de esta persona que dice que viene a a combatir al Estado, el Estado ya no sirve como tal, el Estado ya no cumple, su función primordial, que tiene que ver justamente con la organización de la sociedad para garantizar la paz, el desarrollo y la justicia y el bienestar. Entonces, ya el trabajador público hoy, para este gobernador, que le gusta mucho utilizar el dedo y el látigo, ya es un estorbo".
Natacha Eisenchlas, titular del bloque radical, indicó que los alcanzados por la reforma es el 15% de los empleados públicos. "Hablan de los docentes, hablan de los policías, de los municipales, cuando saben fehacientemente que estos trabajadores no están incluidos dentro de este estatuto ni de la reforma que estamos revisando", indicó.
"Y también saben o deberían saber que los estatutos y las leyes especiales de estos sindicatos, de este grupo de trabajadores que asciende al 85% de la Administración Pública, tienen las mismas previsiones con respecto a los derechos de los trabajadores que tiene la reforma que está organizando en este momento. No estamos incorporando ninguna reforma que no esté incorporada ya en los estatutos de ese 85%", subrayó la senadora radical.
Desde ahí, cargó contra la oposición al decir que "está faltando a la verdad, y están jugando con el miedo y la angustia de tanta gente que viene escuchando hace bastante tiempo que los vamos a echar, que pierden estabilidad. Esto, es una falta de respeto al dolor de la gente, a la angustia. Hay una canción que dice, violencia es mentir. Yo digo, están siendo violentos porque están mintiendo deliberadamente".
"¿Por qué el gobernador Cornejo decidió mandar este proyecto a la Legislatura? Como este estatuto es antiguo, ha quedado bastante desactualizado, ha producido una disparidad en los fallos de la Corte dentro de sus mismas salas y de la mayoría de la Corte provincial con la Corte federal. Es decir, la Corte federal ha sentado jurisprudencia en distintos fallos sosteniendo la pertenencia de los principios que nosotros estamos tratando en este momento. La incertidumbre jurídica, ¿A quién le sirve? ¿Algún trabajador le sirve? Y aparte quiero que pensemos esto", indicó entre sus argumentos.
Dugar Chappel (Partido Verde) y Magistretti ya habían argumentado su voto en contra. Quién no lo hizo, pero se opuso fue Duilio Pezzutti, el senador peronista que tiene monobloque y está alejado del partido. Con este escenario, el desempate de Hebe Casado era evidente y tras unas discusiones por mociones entre las que el PJ pedía enviar de nuevo el proyecto a comisiones, se caldeó el ambiente.
"Mi voto es afirmativo" sentenció la Vicegobernadora sobre el proyecto en general, y tuvo que hacerlo en cada uno de los artículos del proyecto. Luego de la votación, el PJ, La Unión Mendocina y el Partido Verde se levantaron dejando la sesión casi sin quórum: Magistretti y Pezzutti se quedaron a bancar la continuidad de la jornada.