Milei promulgó la Ley de Financiamiento pero le pidió al Congreso que diga de dónde saldrán los fondos. Las autoridades de la UNCuyo, en una contradicción.
La rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez, encabezó la última marcha universitaria, donde le reprocharon su alianza con el cornejismo.
Luis Vigazzola / ElEditor MendozaEn una sesión extraordinaria celebrada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) acordó por unanimidad que las universidades públicas recurrirán a la Justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (Ley N° 27.795). La UNCuyo se apuntó entre las que acompañarán la demanda.
A 40 años del primer plenario del Consejo Interuniversitario Nacional, las rectoras y rectores se reunieron en la Facultad de Derecho de la UBA y resolvieron judicializar el reclamo por la Ley 27.795, vetada y luego suspendida por el Ejecutivo. Denuncian una violación a la división de poderes y exigen que el presupuesto 2026 contemple los recursos previstos por la norma.
Tal como hizo con la Ley de Emergencia en Discapacidad, Javier Milei promulgó las leyes de Financiamiento Universitario (Ley 27795) y Emergencia Pediátrica (Ley 27796), pero suspendió su aplicación hasta que el Congreso de la Nación delimite el financiamiento e incluya las partidas en el Presupuesto Nacional.
La norma, aprobada originalmente en agosto y ratificada por el Congreso el 2 de octubre tras el veto presidencial, fue finalmente promulgada pero suspendida por decreto. “Un decreto no puede suspender una ley”, advirtió Leandro Vergara, decano anfitrión del encuentro.
“Es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aún en referencia a leyes con amplia legitimidad social, institucional y política”, señaló Franco Bartolacci, vicepresidente del CIN.
El presidente del Consejo, Oscar Alpa, destacó el carácter histórico del encuentro: “40 años después del primer plenario del CIN, nos volvemos a encontrar en la UBA y esta vez para que las universidades tomen el posicionamiento político de exigir el cumplimiento de la ley y el respeto al sistema republicano”.
Desde el CIN denunciaron que la suspensión de la ley “viola de manera directa la división de poderes, mediante la invocación de fundamentos inválidos” y remarcaron que el sistema universitario ha priorizado siempre los caminos institucionales para canalizar sus reclamos. “Corresponde ahora recurrir a la justicia para garantizar el cumplimiento de la ley”, concluyó Bartolacci.
Además de la acción judicial, las y los representantes de todas las universidades públicas resolvieron elevar al Congreso Nacional una solicitud para que el presupuesto 2026 contemple como base los recursos previstos por la Ley 27.795, en defensa del sistema universitario público y sus trabajadores docentes.
La última Marcha Federal Universitaria que recorrió las calles de Mendoza no sólo dejó al descubierto el profundo malestar por el ajuste presupuestario impulsado por el gobierno nacional, sino que también expuso el rol de las autoridades universitarias, enroladas en el proyecto político de Alfredo Cornejo, aliado al de Javier Milei. Esto le fue recriminado a la rectora Esther Sánchez y el resto de las autoridades universitarias en varios tramos de la marcha y al final cuando habló ante la multitud en la plaza Independencia. Lo propio ocurrió con los militantes de Franja Morada.
La movilización, que exigía mayor financiamiento, respeto por la autonomía universitaria y rechazo al plan de ajuste del gobierno libertario, tuvo un momento de alta tensión cuando la columna encabezada por la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, Esther Sánchez, y militantes de Franja Morada —la histórica agrupación universitaria del radicalismo— fue repudiada por gremios estatales y trabajadores afectados por las políticas del Ejecutivo.