La Procuración General dictaminó a favor del reclamo de la UNCuyo. La Rectora levantó la bandera de la educación pública, a días de las elecciones
Gabriel Fidel junto a Esther Sánchez.
El conflicto judicial entre la Universidad Nacional de Cuyo y la familia Vila por terrenos ubicados al oeste de la Avenida Champagnat sumó esta semana un nuevo capítulo, luego de que la Procuración General de la Nación emitiera un dictamen favorable al reclamo de la casa de estudios. La UNCuyo se ilusiona en medio del proceso electoral.
El pronunciamiento, firmado por la procuradora Laura Mercedes Monti, consideró procedente el planteo de la UNCuyo contra un fallo previo de la Cámara Federal de Mendoza que había beneficiado a los Vila. En consecuencia, recomendó a la Corte Suprema hacer lugar al recurso presentado por la universidad y ordenar el cumplimiento integral del desalojo de los terrenos en disputa.
Si bien el dictamen no es vinculante, constituye un antecedente de peso antes de la resolución definitiva que deberá adoptar el máximo tribunal del país.
La disputa se remonta a una demanda de usurpación impulsada por el empresario Alfredo Luis Vila contra el Estado nacional para obtener la titularidad de una fracción de tierras. En septiembre de 2012, la Corte Suprema rechazó ese planteo y ordenó el desalojo, al considerar que se trataba de bienes de dominio público y que no existían actos estatales que hubieran modificado esa condición.
Sin embargo, durante la ejecución de la sentencia se restituyó solo una parte del predio, equivalente a unas 6,7 hectáreas. La Cámara Federal de Mendoza entendió que el resto del terreno estaba ocupado por terceros ajenos al juicio y que no podían ser desalojados sin un nuevo proceso judicial que garantizara su derecho de defensa.
Además, el tribunal rechazó extender los efectos de la sentencia a socios de Dalvian S.A. mediante el levantamiento del velo societario. Ante esa situación, la UNCuyo apeló para exigir la restitución total de los terrenos y sostuvo que limitar el desalojo al actor original violaba la cosa juzgada y desnaturalizaba el fallo de la Corte. La universidad también advirtió que la porción recuperada resultaba “inútil” sin acceso propio.
En su dictamen de ocho páginas, Monti coincidió con ese planteo y sostuvo que restringir el desalojo solo al demandante original “frustraría la solución real del pleito” y afectaría los derechos de los legítimos propietarios sobre bienes públicos.
La rectora de la Casa de Altos Estudios, Esther Sánchez, junto al vicerrector -y candidato a sucederla- Gabriel Fidel, encabezaron una conferencia de prensa para hablar sobre lo que significa ese dictamen firmado por Laura Mercedes Monti, de la Procuración General de la Nación sobre un conflicto que se inicia en 1986, hace 40 años.
"Ese dictamen, lo que hace es reafirmar el fallo del año 2012", dijo Sánchez, sobre la decisión del juez Leopoldo Rago Gallo, del Juzgado Federal de San Juan, que en el año 2012, dictaminó que "estos terrenos le corresponden a la Universidad Nacional de Cuyo, son terrenos que son un bien público, un bien de orden público".
En consecuencia, "son terrenos que no pueden ser enajenados, no pueden ser, digamos, usados para otros fines, que no sea el fin al cual han sido dedicados, que es el fin de ser usados por la Universidad Nacional de Cuyo. Entonces, desde el primer día en esta gestión hemos estado trabajando para recuperar esos terrenos, y este dictamen lo que hace es venir a a rectificar que estamos en el camino correcto y que, en realidad, el fallo definitivo de la Corte debe, de alguna manera, lograr la restitución íntegra de esas hectáreas que le corresponden a la Universidad Nacional de Cuyo".
Sánchez espera que la Corte Suprema de Justicia siga la línea de la Procuración y revoque una decisión de la Cámara Federal que fue la que, desestimó a Rago Gallo y le dio la razón a Vila. "Hoy, lo que queremos también es invitar a que aquellos que están apoderados de esos bienes, que vuelvo a reiterar, son bienes públicos, tienen una oportunidad de de replantear su decisión. Y la oportunidad es que, y los invito a que repiensen y a que se termine este este caso y devuelvan esos terrenos", dijo.
"En estos momentos están ocupándolos los sucesores, porque esta acción es con la sucesión de Alfredo Vila. Uno de sus hijos es el empresario Daniel Vila, que pelea por esos terrenos en una zona de hizo una gran expansión inmobiliaria arrancando con el Barrio Dalvian. " En realidad, lo que estamos invitando hoy es a que hagan una entrega física de los terrenos", indió.
Sánchez recordó que "la universidad, en realidad, lo que está haciendo con este acto, y en este momento, es poner en valor la importancia de la educación pública, porque lo que estamos haciendo es defendiendo no sólo esos terrenos. Estamos defendiendo también la educación pública que hoy está realmente tan atacada, de alguna manera. La universidad va a poder disponer de esos terrenos en su momento y llevar a cabo allí posibles proyectos".
"Por eso es que también estamos invitando a que devuelvan esos terrenos, porque, en realidad, si eso no se lleva a cabo, igualmente vamos a continuar con el litigio. Y en algún momento va la Corte Suprema, y frente a este dictamen de la Procuración de la Nación, seguramente la Corte Suprema va a disponer que realmente se cumpla lo que ya dijo en el año 2000", indicó sobre las 6 hectáreas que se ilusiona con recuperar.