Después de tres días de protestas en el Polo Judicial la Justicia le otorgó la domiciliaria a Mauricio Cornejo, el vecino de Uspallata detenido tras protestar contra la mina San Jorge. Cornejo está detenido a instancias de una denuncia por amenazas realizada por Edgardo Vera, presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata.
En la víspera, la familia había recibido un informe médico que alertaba por el riesgo de que Cornejo no recibiera las curaciones necesarias en su pie, herido en un accidente de moto.
Los abogados defensores habían pedido la domiciliaria ya que Cornejo no tiene antecedentes, Vera no presentó testigos de las amenazas y además Cornejo atraviesa un postoperatorio.
"Nos acaban de avisar que le dieron la domiciliaria", anticipó a ElEditor Mendoza Natalia Cornejo, hermana del comerciante y músico que atravesó tres semanas en un calabozo.
Preocupación por su salud
Mariano y Natalia Cornejo, hermanos de Mauricio -quien este lunes cumplió tres semanas preso- señalaron a El Editor Mendoza que un informe médico entregado este lunes a la Fiscalía advirtió por el riesgo de amputación que corre Cornejo en uno de sus pies al no haber recibido las curaciones correspondientes, ya que atraviesa un postoperatorio tras un accidente.
El viernes pasado un móvil sacó a Cornejo del Polo y lo llevó a Hospital Central, sin embargo, revelaron a este diario abogados cercanos al expediente, "sólo fue una maniobra de distracción, no le hicieron la curación y le pidieron un turno para otra fecha".
Protestas contra San Jorge y persecución
Desde el viernes pasado vienen realizándose en el Polo Judicial protestas pidiendo por la libertad de Cornejo, quien está en el calabozo a instancias de una denuncia de Edgardo Vera, titular de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata, por amenazas. Sin embargo, hasta el momento Vera no presentó testigos.
Cornejo, además, no tiene antecedentes y todas las pericias ambientales y sociales dieron positivo para enviarlo a domiciliaria mientras espera la resolución de la denuncia.
Por la orfandad de pruebas y testigos, tanto su familia como las Asambleas por el Agua lo consideran un preso político. Ahora tendrá prisión domiciliaria.