El conflicto entre el Gobierno nacional y el sistema universitario argentino sumó un nuevo capítulo con la presentación judicial de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Tucumán (APUNT) contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 759/2025, firmado por el presidente Javier Milei. La medida, que suspende la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, generó un inmediato rechazo en el ámbito académico y sindical, al considerarse un ataque directo contra la educación pública y los derechos laborales de quienes desempeñan tareas no docentes.
La acción judicial fue acompañada por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), que expresó su respaldo a la iniciativa de APUNT y convocó a la unidad de todo el sector universitario para frenar lo que califican como un atropello institucional. “Ningún decreto puede situarse por encima de una ley ni poner en riesgo el normal funcionamiento de las universidades”, remarcaron desde la federación, en un comunicado que rápidamente se difundió en los claustros y en las redes sociales.
Los legisladores de Mendoza que votaron contra el financiamiento
La discusión por el Presupuesto 2026 evidenció que la alianza entre Milei y Alfredo Cornejo no sólo goza de buena salud sino que no mostró grietas ante un tema como el desfinanciamiento educativo en Mendoza. Los diputados y senadores que responden a Alfredo Cornejo —Pamela Verasay, Lisandro Nieri, Mariana Juri y Rodolfo Suarez— se alinearon con los libertarios Luis Petri, Facundo Correa Llanos, Julieta Metral, Mercedes Llano y Álvaro Martínez para votar el polémico artículo 30 impulsado por la Casa Rosada. La decisión, presentada como parte del “déficit cero”, abre un escenario de desfinanciamiento que golpea de lleno a las escuelas técnicas y a la ciencia local, ya que implica la derogación de las leyes que obligan al Estado Nacional a garantizar niveles mínimos de inversión en áreas estratégicas.
El origen del conflicto
La Ley 27.795, sancionada por el Congreso en 2024, estableció un régimen de financiamiento garantizado para las universidades nacionales, incluyendo partidas específicas para infraestructura, investigación y recomposición salarial del personal nodocente. Fue considerada un logro histórico por los gremios universitarios, que durante años reclamaron un marco legal que asegurara previsibilidad en los recursos destinados a la educación superior.
Sin embargo, a comienzos de enero de 2025, el Poder Ejecutivo emitió el DNU 759/2025, que suspende la aplicación de la norma bajo el argumento de la “emergencia económica” y la necesidad de “reordenar las cuentas públicas”. La decisión encendió las alarmas en el sistema universitario, que ve en esta medida un retroceso en derechos conquistados y un riesgo para la continuidad de las actividades académicas.
La reacción de los gremios
Ante este escenario, APUNT decidió recurrir a la Justicia para que el decreto sea declarado inconstitucional y nulo. La presentación se fundamenta en que un decreto no puede derogar ni suspender una ley aprobada por el Congreso, ya que ello vulnera el principio de división de poderes y la supremacía de la legislación sancionada por el Poder Legislativo.
FATUN, que nuclea a los trabajadores nodocentes de todas las universidades nacionales, respaldó la acción judicial y convocó a sus afiliados a mantenerse en estado de alerta y movilización. “Defender esta ley es defender la universidad pública, el trabajo digno y el futuro del país”, señalaron desde la conducción nacional, en un mensaje que busca reforzar la idea de que la lucha trasciende lo gremial y se inscribe en la defensa de un derecho social fundamental: el acceso a la educación superior pública y gratuita.
Impacto en la comunidad universitaria
La eventual suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario tendría consecuencias inmediatas. Por un lado, afectaría directamente los salarios del personal nodocente, que esperaba una recomposición tras años de pérdida frente a la inflación. Por otro, pondría en riesgo el funcionamiento cotidiano de las universidades, desde el mantenimiento de edificios hasta el financiamiento de proyectos de investigación y extensión.
En los pasillos de las facultades, la preocupación es palpable. Docentes, estudiantes y trabajadores coinciden en que la medida no solo golpea a quienes forman parte del sistema universitario, sino también a la sociedad en su conjunto, que depende de las universidades públicas para acceder a formación profesional, investigación científica y servicios comunitarios.
Un conflicto con antecedentes
No es la primera vez que el financiamiento universitario se convierte en motivo de disputa entre el Poder Ejecutivo y el sistema académico. A lo largo de las últimas décadas, los presupuestos destinados a las universidades nacionales han sido objeto de tensiones recurrentes, con ajustes, recortes y negociaciones que marcaron la relación entre el Estado y las casas de estudio.
Sin embargo, la sanción de la Ley 27.795 había sido celebrada como un paso hacia la estabilidad y la previsibilidad. Por eso, la decisión de suspenderla mediante un decreto fue interpretada como un retroceso y un desconocimiento del consenso alcanzado en el Congreso.
La batalla judicial y política
La presentación de APUNT abre un camino judicial que podría extenderse en el tiempo. Mientras tanto, FATUN y otros gremios universitarios anticipan que acompañarán la demanda con medidas de fuerza y movilizaciones. “La universidad pública no se negocia”, repiten en asambleas y comunicados, en un intento de instalar el tema en la agenda pública y sumar apoyo social.
El conflicto también tiene una dimensión política. La oposición en el Congreso cuestionó el decreto y advirtió que se trata de un avance del Poder Ejecutivo sobre las atribuciones legislativas. En tanto, el oficialismo defiende la medida como parte de un plan de ajuste necesario para equilibrar las cuentas del Estado. La disputa promete trasladarse a los tribunales, a las calles y al debate parlamentario.
