El Senado mendocino aprobó por unanimidad una ley que fija requisitos mínimos de seguridad, calidad y organización para las Escuelas de Verano en la provincia.
El Senado mendocino aprobó por unanimidad la ley que regula las Escuelas de Verano, que fija estándares de seguridad, inclusión y calidad educativa en toda la provincia.
El Senado de Mendoza dio media sanción al proyecto de ley que regula el funcionamiento de las Escuelas de Verano, con el objetivo de garantizar estándares de seguridad, organización y calidad educativa. La iniciativa, impulsada por legisladores del Frente Justicialista, fue aprobada por unanimidad y ahora pasará a la Cámara de Diputados para su revisión.
El proyecto declara a las Escuelas de Verano como actividades de interés provincial, de carácter formativo y educativo, con finalidad recreativa y pedagógica.
Buscan promover el desarrollo de habilidades sociales y lúdicas, la vida al aire libre, el cuidado del medio ambiente, la integración y el fomento del deporte.
Durante el debate, la senadora Adriana Cano, miembro informante del proyecto, destacó que la norma “surge del reconocimiento de la importancia que las Escuelas de Verano tienen para las familias mendocinas”.
“Estas colonias funcionan como espacios de contención y desarrollo que se han convertido en parte de la planificación anual de muchas familias. Es fundamental garantizar ámbitos seguros y profesionales capacitados”, afirmó Cano.
La legisladora señaló además que el texto fue elaborado tras un proceso de consulta con municipios y organismos especializados, como el Instituto Universitario de Actividad Física y Deportes (UNCuyo) y la Secretaría de Deportes de la Provincia.
El proyecto fue presentado por los senadores Adriana Cano, Mercedes Derrache, Cristina Gómez, Mauricio Sat, Pedro Serra y Gerardo Vaquer, y recibió el apoyo unánime de todos los bloques políticos.
“El consenso alcanzado demuestra la necesidad de dotar a esta actividad de un marco legal que garantice su calidad y continuidad”, subrayó Cano.
Entre los aportes más relevantes se destacaron los provenientes de los municipios de Maipú, San Rafael y Ciudad de Mendoza, lo que permitió ajustar los estándares de control, seguridad y formación del personal.
La normativa alcanza a organizaciones públicas y privadas, con o sin fines de lucro, clubes, sindicatos, cooperativas y centros deportivos que desarrollen actividades bajo la modalidad de Escuelas de Verano.
El texto aprobado reconoce tres categorías:
Privadas: que funcionen del 1 de diciembre al 28 de febrero, con servicios pagos.
Públicas: organizadas por el Estado, de acceso gratuito.
De invierno: con actividades similares durante el receso invernal.
Todas deberán inscribirse en el Registro Provincial de Instituciones Deportivas (Ley Nº 6457), al menos 30 días antes del inicio de actividades, y renovar la inscripción anualmente.
Entre los requisitos de habilitación se incluyen:
Presentar un proyecto pedagógico y la habilitación municipal correspondiente.
Contar con seguros de responsabilidad civil y emergencias médicas.
Designar un responsable técnico-pedagógico con título habilitante.
Cumplir con la proporción máxima de alumnos por docente y auxiliar.
El proyecto dispone que todas las Escuelas de Verano deberán garantizar la inclusión de niños y adolescentes con discapacidad, así como condiciones de seguridad específicas para el uso de piletas y actividades al aire libre.
Los predios deberán tener guardavidas certificados, cierres perimetrales, planes de contingencia y personal capacitado en rescate y reanimación.
También se establece que la falta de seguro o cobertura médica podrá derivar en clausura inmediata, y que los municipios podrán exigir servicios médicos permanentes cuando la cantidad de asistentes o el tipo de actividades lo ameriten.
“La seguridad y la inclusión son pilares esenciales del proyecto. Buscamos que todas las Escuelas de Verano, sin importar su tamaño, cumplan con los mismos estándares”, destacaron desde el bloque justicialista.
La ley incluye una cláusula transitoria que otorga 180 días a las instituciones ya existentes para regularizar su situación e inscribirse en el registro provincial.
Además, regula las actividades con pernocte, que deberán contar con autorización escrita de los padres, cobertura médica y transporte habilitado.