- La Casa Rosada está definiendo los detalles del nuevo ajuste.
- Milei les cargó a los trabajadores públicos y los jubilados el costo del ajuste.
La motosierra de Javier Milei vuelve a arrasar a los estatales.
X: Javier MileiEl gobierno de Javier Milei reactivará los despidos en la administración pública. El plan podría alcanzar al 10% del personal estatal, según confirmaron fuentes oficiales. La medida se inscribe en el marco de una reestructuración integral del Estado, bajo el argumento de que existen áreas con funciones duplicadas o superpuestas que deben ser racionalizadas.
Milei les cobró a los empleados públicos y los jubilados la mayor parte del "ajuste más grande del mundo".
Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, más de 58.000 empleados fueron desvinculados de distintos sectores: la estructura centralizada, organismos descentralizados, fuerzas de seguridad, empresas estatales y entes públicos de diversa índole. Ahora, con esta segunda etapa del plan de ajuste, el objetivo es recortar alrededor de 28.000 puestos adicionales.
De acuerdo con datos del INDEC, en octubre la administración pública nacional —incluyendo empresas y sociedades estatales— contaba con 285.570 trabajadores. En el Ejecutivo sostienen que durante los primeros dos años de gestión los principales recortes se concentraron en la estructura centralizada. A partir de 2026, el foco se trasladará hacia los organismos descentralizados.
Entre los entes que figuran en la lista de posibles recortes aparecen nombres de peso: CONICET, INDEC, Oficina Anticorrupción, ANSES, INTA, INTI, ENARGAS, ENACOM, ENRE, CONEAU, ARCA, Archivo General de la Nación y CONADIS. La decisión, según voceros oficiales, responde a la necesidad de “ordenar” estructuras que consideran sobredimensionadas.
Los despidos en el Estado se producirán a la par del debate por la flexibilización laboral de Milei, que cuenta con apoyo de muchos gobernadores, entre los que se destaca el mendocino Alfredo Cornejo.
En la Casa Rosada aseguran que el proceso de reducción podría comenzar “en las próximas semanas” y extenderse durante los dos primeros trimestres de 2026. Una parte del ajuste consistirá en no renovar contratos que vencen en diciembre, muchos de ellos heredados de gestiones anteriores.
El plan será transversal: alcanzará ministerios, dependencias, empresas estatales y organismos especializados. Además de despidos, se prevé eliminar duplicaciones funcionales y suprimir áreas consideradas redundantes. También se evalúa avanzar sobre registros de automotores y plantas de empresas estatales que podrían ser privatizadas.
El diseño del ajuste está bajo la coordinación de la Jefatura de Gabinete de Ministros, encabezada por Manuel Adorni, junto con el ministro responsable de la transformación estatal, Federico Sturzenegger. Ambos funcionarios son los encargados de articular la estrategia que se plasmará en el Presupuesto 2026.
Ese proyecto consagra un nuevo régimen de contrataciones: ninguna jurisdicción estatal podrá cubrir cargos vacantes —presentes o futuros— sin autorización previa de la Jefatura de Gabinete. La restricción busca consolidar el recorte de salarios y puestos, y evitar que las áreas vuelvan a expandirse.
El ajuste no se limitará a despidos. En el área de Medios Públicos, integrada por la Televisión Pública y Radio Nacional, se anticipa la apertura de un plan de retiros voluntarios entre sus casi 2.500 empleados.
La premisa oficial es que los servicios podrán mantenerse con una estructura más reducida, aunque los gremios ya advierten sobre el riesgo de pérdida de calidad y alcance.
Con esta nueva etapa, el Gobierno busca reducir en torno al 10% la plantilla estatal total. Desde el Ejecutivo se interpreta el recorte como una profundización de la reforma del Estado, orientada a racionalizar estructuras, disminuir el gasto público y, según sostienen, mejorar la eficiencia estatal.
Sin embargo, el impacto social y político de la medida promete abrir un nuevo frente de debate. Los sindicatos estatales anticipan resistencia y denuncian que detrás del discurso de eficiencia se esconde un proceso de achicamiento que afectará áreas estratégicas para la investigación, la seguridad social y el control institucional.
La tensión entre el discurso oficial y las advertencias gremiales marcará el pulso de los próximos meses. El desafío del Gobierno será sostener la narrativa de la modernización estatal frente a las críticas por la pérdida de puestos de trabajo y la reducción de servicios públicos.