Cientos de vecinos salieron a las calles de Uspallata. El 2 de agosto habrá dos audiencias: la oficial, en el medio de la montaña, y la vecinal, en el pueblo.
Este sábado hubo otro caravanazo en Uspallata contra San Jorge.
Los vecinos y asambleístas de Uspallata que se oponen a la mina de oro y cobre de San Jorge volvieron a protestar este sábado con un caravanazo en la villa cordillerana. Desde hace varios fines de semana vienen reiterando su oposición al proyecto extractivo en el corazón de la estancia Yalguaraz.
La Asamblea vecinal precisó que este es el sexto caravanazo que realizan en protesta desde octubre del 2024. Los últimos cuatro fueron consecutivos, todos los fines de semana. Y seguirán sucediéndose como forma de visibilizar la resistencia que tiene San Jorge entre los vecinos.
El conflicto se intensifica de cara al 2 de agosto, la fecha en la que el Gobierno de Mendoza realizará una audiencia pública en un campamento minero ubicado en plena montaña, lejos del casco urbano, y para la cual la empresa asumirá los costos de transporte desde Uspallata al campamento minero. La Asamblea de Vecinos Autoconvocados considera que este lugar —de difícil acceso y con condiciones “hostiles para la salud” y “limitantes para la participación popular”— pone en jaque el concepto de “licencia social”.
Como respuesta, los vecinos organizaron una audiencia paralela en el corazón del pueblo, abierta a toda la comunidad, con el objetivo de hacer escuchar sus argumentos en contra de la explotación de oro y cobre.
La controversia escaló a tribunales. La ONG OIKOS Red Ambiental presentó hace poco más de una semana una acción de amparo solicitando la suspensión inmediata de la audiencia oficial, sumándose al reclamo legal iniciado previamente por el abogado y exlegislador Marcelo Romano.
Ambos recursos judiciales apuntan a las condiciones geográficas y logísticas del evento gubernamental, calificándolas como incompatibles con el derecho a una participación ciudadana plena.
Desde que el PSJ fue relanzado con respaldo estatal y capitales privados, ha enfrentado una resistencia constante por parte de las comunidades locales. La asamblea uspallatina sostiene que el proyecto pone en riesgo el ambiente, la salud y la calidad de vida en una zona con fuerte identidad cordillerana. La instalación de la audiencia oficial en un entorno poco accesible se percibe como un intento de silenciar esa disidencia y copar el debate "oficial" con voces afines y personas acarreadas por el oficialismo.