El Gobierno programó la audiencia pública por San Jorge en el medio de la montaña, a 44 kilómetros de Uspallata. Ya hay dos recursos de amparo en contra.
Este sábado es un día clave para el proyecto San Jorge: dos audiencias se harán en Uspallata.
Santiago Tagua/ElEditor MendozaLa controversia por el proyecto minero San Jorge sumó un nuevo capítulo este sábado. La ong Oikos Red Ambiental presentó una acción de amparo contra el Gobierno de Mendoza, cuestionando la convocatoria a audiencia pública en un sitio remoto de alta montaña, donde la participación ciudadana efectiva —según los demandantes— se ve profundamente restringida por barreras geográficas, climáticas y socioeconómicas.
Este es el segundo amparo que se presenta en la Justicia después de que la semana pasada el abogado Marcelo Romano hiciera lo propio. Por otra parte, uspallatinos nucleados en la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata convocaron a una audiencia en el pueblo el 2 de agosto, el mismo día en que el Ejecutivo organizó la audiencia en el campamento minero de San Jorge.
Por otra parte, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Mendoza y la asociación Xumek presentaron un recurso administrativo exigiendo la suspensión de la audiencia pública por San Jorge en el medio de la montaña de Uspallata. Denuncian que, en estas condiciones, se violan abiertamente los compromisos asumidos bajo el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que obliga a garantizar procesos inclusivos en decisiones ambientales.
El escrito de Oikos, patrocinado por los abogados Agustín Sánchez Mendoza y Juan Carlos Nievas, denuncia que la resolución conjunta Nº 211/25 y 55/25, que fija la audiencia para el 2 de agosto en el propio emplazamiento del proyecto minero, vulnera derechos consagrados en la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente, la legislación provincial y el Acuerdo de Escazú. OIKOS solicita la habilitación de feria judicial y la inmediata suspensión del acto administrativo por considerarlo irrazonable, desproporcionado y parcial.
Los argumentos presentados abarcan desde las extremas condiciones invernales de la región —con temperaturas que pueden descender hasta los -16°C—, hasta la falta de infraestructura básica: sanitarios, resguardo térmico, conectividad confiable y transporte accesible. Aunque el Gobierno provincial ofrece conectividad satelital y traslados gratuitos, la ONG considera estas medidas como un “paliativo insuficiente” que demuestra la imposibilidad fáctica de participación ciudadana genuina.
El documento también señala que el acceso por ruta implica largos trayectos por caminos de ripio y alta montaña, donde los riesgos de accidentes aumentan en invierno. Estas condiciones no solo afectarían a comunidades vulnerables —como adultos mayores o personas con movilidad reducida—, sino que también desincentivan la presencia de sectores críticos.
Además, el amparo advierte sobre un supuesto vicio de "desviación de poder". La elección del lugar de la audiencia en proximidad al proyecto sería, según los letrados, una forma de limitar la oposición al emprendimiento y otorgarle ventajas simbólicas a la empresa proponente.
Sin dar señales de replanteamiento del lugar de la audiencia, el Gobierno informó esta semana que ya hay más de 800 inscriptos en la audiencia. Resaltó que pondrá vehículos oficiales para llegar a la mina y que en el lugar dispondrá de baños, calefacción y conexión a internet.
Con más de 800 inscriptos y previsión de jornadas prolongadas, la audiencia corre el riesgo —según OIKOS— de convertirse en una “formalidad vacía” que desnaturaliza la participación democrática en temas ambientales. En un extenso y fundamentado escrito, se exige que la audiencia se reprograme en un sitio neutral y accesible, garantizando la transparencia, imparcialidad y publicidad que requiere el procedimiento.