Conocidos empresarios de Mendoza lo tienen entre sus filas. Milei y Caputo le confiaron el plan de desguace de las empresas del Estado,
Alfredo Cornejo y el ex secretario coordinador de Producción Juan Paz en Casa de Gobierno. Detrás, Diego Chaher.
Foto: Gobierno de MendozaUn personaje crucial en el poder de empresarios de Mendoza supervisó la entrega de las acciones de IMPSA a la empresa norteamericana Arc Energy. Se trata de Diego Chaher, el hombre al que Javier Milei y Luis Caputo le encargaron el desaguace de las empresas del Estado cuando asumió el Gobierno Libertario.
Chaher es el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y su nombre es conocido en Mendoza tras las bambalinas del poder.
Es un abogado de Mendoza que trabaja desde hace casi 20 años a las órdenes de Daniel Vila y José Luis Manzano en el Grupo América.
Chaher fue director Asuntos Legales de Grupo Supercanal Arlink y director TVEO Productora Contenidos Audiovisuales. Es mendocino y también está vinculado a las áreas legales de UNO Medios. Fue también gerente de Canal 8 de San Juan, del Grupo América.
Primero quedó como interventor de los medios públicos, a los que Milei desarmó apenas asumió con un plan de despidos y retiros voluntarios.
El negocio de la privatización es un eje central en las discusiones dentro del gobierno sobre qué hacer con los medios públicos. Por eso es clave la designación del interventor adjunto de los medios públicos.
Una de sus últimas acciones como interventor en los medios fue el silenciamiento de las redes que acompañó los despidos. Antes de eso, había ordenado cerrar las corresponsalías, entre ellas la de Mendoza.
Después del trabajo de Chaher en los medios públicos en tándem con el ministro Luis Caputo, Milei le asignó hacer lo mismo con todas las empresas públicas: desguazarlas, venderlas y/o rematarlas al mejor postor.
Ayer fue uno de los que supervisó que el Gobierno de Mendoza le pusiera la firma a la entrega de la joya de los Pescarmona, un gigante estratégico para la región, cuyas acciones fueron traspasadas con venia legislativa y sin que la Provincia recupere la plata que puso para rescatar la empresa durante el gobierno de Alberto Fernández.