- Nacif, del Sadop, y Matamala, de Petroleros Jerárquicos, coincidieron sobre la Reforma Laboral.
- Javier Milei "vienen por los trabajadores y sus derechos".
María Luisa Nacif, del Sadop, cuestionó a Javier Milei.
La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei ha encendido las alarmas en el movimiento obrero de Mendoza. Para María Luisa Nacif, del Sadop y la CGT Mendoza, la iniciativa legislativa no representa una modernización. En la misma línea se manifestó el petrolero jerárquico Julián Matamala, quien adviertió que el gobierno eligió a sindicatos como blanco.
Nacif y Matamala son voces del movimiento obrero mendocino distanciadas por un largo trecho tanto en concepciones de actuación como en las tareas que ocupan a los afiliados de sus sindicatos. No obstante, a la hora de analizar el proyecto de Reforma Laboral impulsado por Milei las distancias se esfumaron.
"El gobierno nos odia y las empresas se están aprovechando de eso", espeto lisa y llanamente el petrolero Matamala, quien lidera a los trabajadores de su sector en un conflicto en pleno desarrolo por los puestos de trabajo caídos con la salida de YPF de sus yacimientos en la provincia para concentrarse fundamentalmente en Neuquén.
Nacif consideró que el cento de la Reforma Labotral conlleva "una agresión directa a los fundamentos de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), diseñada históricamente para equilibrar la asimetría de poder entre empleador y trabajador", explicó.
Según el análisis de la sindicalista de los docentes privados, el corazón de la reforma ataca el principio protectorio. El punto más crítico radica en la habilitación para que los trabajadores pacten condiciones de forma individual o sectorial que podrían perforar los pisos establecidos en los convenios colectivos vigentes.
"Si bien no se eliminan las paritarias formalmente, se erosiona el valor de la negociación colectiva", advirtió Nacif. Esto abre la puerta a que, bajo presión económica o coerción, los empleados se vean forzados a renunciar a derechos adquiridos, vulnerando el principio de irrenunciabilidad.
Uno de los cambios con mayor impacto en el bolsillo de los asalariados es la implementación del banco de horas, puntualizó Nacif. Este mecanismo permitiría que el exceso de jornada laboral no se pague como horas extraordinarias, sino que se compense con francos a futuro. "Esto afecta directamente los ingresos de un segmento de trabajadores que depende de esas horas para llegar a fin de mes", explicó la sindicalista.
Asimismo, la reforma amenaza la ultraactividad de los convenios. Aunque no declara su caducidad, permite "acuerdos individuales" que vacían de contenido a convenios antiguos —como el de docentes privados de 1967—, facultando a las empresas a aplicar beneficios de manera diferenciada o a extender jornadas laborales unilateralmente, alterando el llamado ius variandi sin las salvaguardas actuales.
Desde el oficialismo se argumenta que la rigidez de la Ley de Contrato de Trabajo fomenta la informalidad. Sin embargo, Nacif refuta esta premisa: "El objetivo no es la formalización, sino la precarización". El petrolero Matamala no tiene diferencia alguna en ese punto con la docente, aunque confía en que el sindicalismo resistirá el embate y se recompondrá para volver a avanzar en el caminos de los derechos laborales cuando "la cosa se de vuelta, porque esto es así: hoy esta del otra lado y mañana esta de este lado".
La Reforma Laboral fue delineada por Milei, pero escrita por el ministro Federico Sturzenegger, quien levantó los reclamos patronales, obviando los de los trabajadores, pero incluso incluyó la formalización de procederes contra los sindicatos y sus bases que generaron críticas hasta de las patronales.
Nacif remarcó que figuras como los "colaboradores" o trabajadores de plataformas son clasificados como independientes para despojarlos de la tutela laboral. Además, subrayó que el trabajador informal actual no está "fuera de la ley", ya que la normativa vigente le permite reclamar, aunque reconoce que existen barreras de acceso a la justicia, como las instancias de mediación obligatoria en Mendoza (OCL), que suelen desgastar al litigante.
Finalmente, la integrante de la CGT alertó sobre una consecuencia poco discutida: el ataque a las obras sociales. Estas instituciones cubren al 60% de la población. "Si se desfinancia a las obras sociales sindicales, el sistema de salud pública colapsará inmediatamente, ya que los hospitales no tienen la infraestructura para absorber esa demanda", sentenció Nacif. Para la dirigente, la estrategia oficial busca demonizar a los sindicatos, el único sector con estructura nacional capaz de frenar lo que consideran un avance inconstitucional sobre los derechos sociales.