Cornejo y la minera San Jorge buscan vencer la resistencia social y promocionan talleres y controles. Mientras, crece la desconfianza de vecinos y asambleístas.
El Gobierno realizó un nuevo taller sobre San Jorge, esta vez en Polvaredas.
En su plan para vencer la resistencia social a la megaminería metalífera, el Gobierno de Mendoza perfecciona su manual de relaciones públicas. En esa línea entra la promoción de los controles a mineras de tercera categoría y también los llamados “talleres participativos” sobre el proyecto minero San Jorge Cobre Mendocino. A sabiendas de la maniobra, las asambleas vecinales se han negado a participar de los mismos.
Esta vez, el escenario montado por el Ejecutivo fue la localidad de Polvaredas, donde bajo la vestimenta de transparencia y diálogo se promocionó el modelo extractivista de San Jorge, que desde hace años genera resistencias profundas en la villa cordillerana.
Con sala llena, funcionarios de la Dirección de Minería y de la Policía Ambiental Minera presentaron los detalles del Informe de Impacto Ambiental (IIA).
El encuentro fue encabezado por el director de Minería, Jerónimo Shantal, junto al jefe de la Policía Ambiental Minera (PAM), Guillermo Bickcham, y la coordinadora de Sostenibilidad, ingeniera Carla Ortega, quienes presentaron los principales aspectos del proceso de evaluación del IIA y respondieron consultas de los vecinos.
Shantal y compañía reiteraron que el Gobierno fomenta la participación activa y el acceso a la información. Palabras que, sin embargo, suenan ajenas a una parte significativa de la población que percibe estos encuentros más como una estrategia de cooptación que como espacios genuinos de decisión, como lo han manifestado asambleístas de Uspallata.
Durante el taller, se recordó a los asistentes que la Audiencia Pública del proyecto PSJ Cobre Mendocino se realizará el 2 de agosto, desde las 10, con la posibilidad de participar tanto de forma presencial como virtual.
Los funcionarios indicaron que la inscripción estará abierta hasta las 23.59 del 30 de julio, a través del formulario oficial disponible en los sitios web del Ministerio de Energía y Ambiente.
Mientras el Gobierno se prepara para llevar al lugar a asistentes en vehículos oficiales en un intento de mostrar que la audiencia igual tendrá concurrencia, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata resolvió no acudir.
La decisión de llevar a ese punto de la montaña la audiencia, advierten, no solo implica un conflicto de intereses, sino también un serio obstáculo para la participación ciudadana y una posible violación de tratados internacionales con jerarquía constitucional.
La Asamblea calificó la audiencia como un “fraude”, al considerar que el contexto disuade la participación ciudadana espontánea y favorece el traslado de grupos organizados por la empresa o el gobierno en prácticas de clientelismo.
Además, remarcaron que la organización del evento vulnera el Acuerdo de Escazú y el Convenio Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ambos firmados y ratificados por Argentina, y por ende de cumplimiento obligatorio.