Norma Llatser, ministra de la Suprema Corte de Justicia, explicó la Legislatura un proyecto enviado por los integrantes del máximo tribunal.
La Suprema Corte de Justicia busca implementar cambios en el este y el Valle de Uco.
La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado de Mendoza otorgó despacho favorable a un proyecto remitido por los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, el cual propone modificar la actual competencia de las Cámaras del Trabajo, Paz y Tributarias de la Tercera y Cuarta Circunscripción Judicial.
Durante la reunión, la ministra de la Suprema Corte, Norma Llatser, explicó los fundamentos y alcances de la propuesta. Según detalló, el origen del proyecto surge a partir del pedido de los camaristas laborales de ambas circunscripciones, quienes desde su creación tenían competencia también sobre causas de la justicia de paz. Sin embargo, el escenario cambió con el tiempo. "La justicia de paz ha ido ganando en complejidad y las materias a resolver resultan ajenas a la formación específica de los jueces laborales", señaló Llatser.
Asimismo, la ministra explicó que con la implementación del nuevo Código Procesal Laboral y el incremento de audiencias orales, la carga de trabajo ha aumentado, afectando los tiempos de resolución de las causas. “Resolver conflictos que no son estrictamente laborales retrasa la tramitación de los juicios en el fuero que sí es su especialidad”, enfatizó.
La iniciativa enviada por la Suprema Corte plantea que las causas de paz y tributarias de esas circunscripciones sean apeladas ante las Cámaras Civiles de la Primera Circunscripción Judicial, donde ya se tratan expedientes de la misma índole. Según estadísticas oficiales, durante 2024 se dictaron 74 sentencias de este tipo en San Martín y Tunuyán, lo que implicaría un incremento de apenas cinco causas anuales por magistrado civil.
Además, se considera que la digitalización de los expedientes y la mejora de las comunicaciones han facilitado la gestión judicial entre regiones, lo que habilita esta reasignación sin afectar la eficiencia del sistema.
Durante el encuentro, Llatser también se refirió a la falta de un código laboral nacional como una deuda pendiente y recordó que los camaristas laborales fueron seleccionados por su formación específica en materia laboral, por lo cual no se justifica que deban intervenir en conflictos que exigen otras competencias.
El proyecto no sólo redistribuye las competencias, sino que también modifica la denominación de las cámaras: pasarán a llamarse “primera cámara del trabajo de la cuarta circunscripción judicial” (Tunuyán) y “segunda cámara del trabajo de la tercera circunscripción judicial” (San Martín), eliminando las referencias a “paz y tributaria” en su nombre.