La asamblea de vecinos repudió el llamado a audiencia pública a realizarse en un campamento minero lejos de la villa cabecera.
Vecinos de Uspallata en el contracarrusel vendimial.
La Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata pidió a través de un comunicado difundido en sus redes que el Gobierno cambie la sede de la audiencia pública para debatir el proyecto San Jorge. El viernes pasado el Ejecutivo convocó a audiencia en un campamento minero a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar, en un paraje inhóspito y alejado de la villa de Uspallata.
La Asamblea denunció que la convocatoria —planificada para el 2 de agosto a las 10 en plena temporada alta turística y bajo condiciones climáticas adversas— es una puesta en escena que, lejos de fomentar la participación, la dificulta deliberadamente. “Es una puesta en escena que simula participación”, afirmaron mediante un comunicado.
Según expresaron, el lugar elegido para la audiencia, un campamento minero remoto, fue una estrategia destinada a reducir la asistencia ciudadana.
El colectivo vecinal reclamó que la reunión se realice en la zona urbana, en un espacio accesible y calefaccionado, que permita una presencia masiva y prolongada: “Queremos una audiencia real, no una farsa montada para la foto institucional”, sostuvieron.
Sus demandas van más allá del lugar. También exigieron el desprocesamiento de vecinos imputados en causas judiciales que, alegan, fueron armadas para criminalizar la protesta.
Asimismo, pidieron a la Legislatura provincial que archive definitivamente el Proyecto San Jorge y se apruebe una iniciativa popular para declarar al corredor Uspallata-Polvaredas como Área Natural Protegida.
El Partido Verde de Mendoza presentó un recurso administrativo para frenar lo que definió como "una trampa institucional". En la denuncia, firmada por referentes como Mario Vadillo, Emanuel Fugazzotto y Dugar Chappel, se cuestiona la legalidad y legitimidad de la convocatoria. “Esto no es una audiencia, es un filtro. Está armada para que la gente no llegue, no hable, no moleste”, denunció Vadillo.
Desde la fuerza política consideran que las condiciones en las que se organiza la audiencia vulneran derechos constitucionales y ambientales.
Señalaron la ausencia de transporte público, la falta de sanitarios, caminos seguros y garantías mínimas de seguridad, como elementos deliberadamente montados para alejar a la ciudadanía del debate.
“Estamos actuando, no solo advirtiendo”, sostuvo Vadillo. El objetivo, según el partido, sería legitimar un proyecto que no cuenta con licencia social.
Para el partido, la audiencia es "una trampa diseñada para desalentar la participación social y vulnerar el derecho a opinar sobre el futuro del agua y el ambiente".