Jubilados reclamaron otra vez frente a la sede del PAMI Mendoza por sus medicamentos. El libertario David Litvinchuk no cumple la intimación judicial.
Los jubilados de Mendoza están desamparados por el PAMI, que no les da respuesta ante la falta de medicamentos.
Santiago Tagua/ElEditor MendozaJubilados y pensionados de Mendoza volvieron a reclamar en la plaza San Martín y frente a la sede del PAMI Mendoza para que el titular de la sede en la provincia, David Litvinchuk, cumpla con las órdenes judiciales que lo obligan a retomar la cobertura de remedios gratuita al 100%.
El libertario no sólo se niega a cumplir las órdenes de la Justicia, sino que tampoco acudió a dar las explicaciones correspondientes a la Legislatura por el desguace y el vaciamiento del organismo.
El que en teoría es su jefe político, Facundo Correa Llanos, se desentendió de la problemática: "Es un tema de él", soltó en una entrevista radial días atrás.
"Que no les salga gratis este sufrimiento -clamó Raúl Bonotti, referente de Jubypen Mendoza, frente al PAMI-. Hay jubilados que deben elegir entre comer o comprar sus remedios".
El recorte de medicamentos del PAMI comenzó el año pasado, cuando el organismo modificó las condiciones de acceso al beneficio del 100% de cobertura.
En diciembre, el juez Pablo Quirós había dictado una medida cautelar para suspender estas resoluciones. Ahora, la Cámara Federal ratificó su decisión, asegurando que las restricciones representaban una "barrera" que afectaba a los jubilados, quienes dependen de esos tratamientos para mantener su salud.
Los magistrados Gustavo Castiñeira de Dios, Manuel Pizarro y Juan Ignacio Pérez Curci enfatizaron que los requisitos adicionales—como acreditar ingresos y realizar trámites digitales—eran desproporcionados y atentaban contra el acceso equitativo a la salud.
La sentencia no solo resguarda el derecho a la salud de los jubilados mendocinos, sino que también recuerda que el acceso a medicamentos está protegido por tratados internacionales, como la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
La Cámara Federal cuestionó la exigencia del PAMI de presentar documentos que ya obran en poder del Estado y criticó la complejidad de los trámites digitales impuestos, en especial para los adultos mayores.
Un informe de la Defensoría del Pueblo de Córdoba respaldó este argumento, señalando que muchas personas mayores enfrentan dificultades tecnológicas: carecen de computadoras, temen ser estafadas o desconocen cómo realizar gestiones en línea.