Al finalizar, los guardias del Hospital Central les pidieron los datos para ingresarlos en una lista. Los trabajadores exigen su restitución y denuncian persecución.
Trabajadores del Hospital Central realizaron una vigilia por César Castillo y denunciaron amenazas y listas negras tras el acto.
Luis Vigazzola / ElEditor MendozaEste martes por la noche, trabajadores de distintos sectores se reunieron en la explanada del Hospital Central de Mendoza para pedir la reincorporación de César Castillo, enfermero de hemodiálisis recientemente despedido. Denuncian que su desvinculación fue arbitraria y que forma parte de una política de persecución a quienes cuestionan las condiciones laborales en los prestadores de Salud de Mendoza.
La vigilia fue convocada por la Asamblea de Autoconvocados del Hospital Central, con fuerte presencia de colegas, pacientes, sindicatos y organizaciones sociales.
Con velas encendidas, banderas y carteles en alto, reclamaron la inmediata restitución laboral de César Castillo, profesional con más de 30 años de trayectoria, formador en hemodiálisis y figura visible durante los paros recientes en el hospital.
El despido fue notificado el 16 de julio en su domicilio mediante un escribano y un policía, sin instancia administrativa ni diálogo previo.
El enfermero denunció que su cesantía se produjo luego de haber dado entrevistas en medios locales en las que expuso las condiciones laborales del personal de salud. Sus compañeros afirman que se trata de un caso claro de represalia y disciplinamiento.
Una vez finalizada la vigilia en la puerta del hospital, otro hecho encendió las alarmas: efectivos policiales comenzaron a pedirle los datos personales a los trabajadores que participaron del acto pacífico y que debían volver a sus puestos de trabajo.
Según testigos, los uniformados intentaron tomar nota de nombres en una lista, lo que fue interpretado como una maniobra de intimidación. Aquí el video:
Ante esta situación, intervinieron en el lugar Raquel Blas, histórica referente gremial, y Claudia Iturbe, secretaria general de AMPROS, quienes frenaron el accionar policial y defendieron a los trabajadores. “Lo que está pasando es grave. Es persecución en democracia y no lo vamos a permitir”, dijeron.
Estas prácticas se suman a otras formas de amedrentamiento ya denunciadas: tras las protestas anteriores, varios trabajadores recibieron bajas calificaciones en sus planillas, rotaciones forzadas de turnos o llamadas con advertencias para no sumarse a las medidas gremiales.
Desde los gremios AMPROS, SIPES, SITEA y la Asamblea de Autoconvocados advirtieron que se evalúan acciones legales y nuevas protestas si no se revierte el despido.
El caso de Castillo se convirtió en símbolo de una problemática estructural: en Mendoza, más de 2.000 trabajadores de la salud prestan servicios con contratos precarios, como monotributistas o facturando como proveedores, sin licencias, aportes ni cobertura social. Muchos de ellos trabajan en varios lugares a la vez para sostenerse económicamente.
Desde la asamblea, enfatizaron que “no se trata solo del salario, sino de las condiciones mínimas para cuidar a quienes cuidan”. También denunciaron que la jefa del departamento de enfermería, licenciada Nieto, ejerce violencia laboral contra quienes se organizan.
“El pueblo de Mendoza tiene que saber que si despiden a un trabajador por reclamar, nos están silenciando a todos. Pero no nos van a callar”, expresaron desde el colectivo. Y concluyeron: “La salud no se negocia. César somos todos”.