La diputada que propuso la emergencia mostró la respuesta que le envió el Gobierno. Los voluntarios le confirmaron que la situación expuesta no es la real.
Piden la Emergencia Social para personas en situación de calle.
Luis Vigazzola / ElEditor MendozaLa diputada Valentina Morán propuso declarar la emergencia social en Mendoza ante el crecimiento de personas en situación de calle y la falta de refugios. La iniciativa responde al incremento sostenido de personas sin hogar y la escasez de plazas disponibles en los refugios oficiales, situación que se agravó con la llegada del invierno.
Como es de público conocimiento, se han registrado dos muertes por hipotermia que pudieron haberse evitado.
La iniciativa presentada por la diputada del Frente de Todos – Partido Justicialista plantea un plazo inicial de 120 días de emergencia, prorrogable por igual término, durante el cual se busca implementar una serie de medidas urgentes y estructurales.
El objetivo es garantizar derechos básicos como la salud, la identidad, el trabajo y, sobre todo, el acceso a un techo digno.
Entre los puntos centrales del proyecto se destaca la creación de una Mesa Provincial de Coordinación para el Abordaje de Personas en Situación de Calle, que funcionaría bajo la órbita de la Dirección de Contingencia Social. Esta mesa estaría integrada por representantes de organismos gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, entidades parroquiales y universidades.
Según un informe reciente de organizaciones sociales de Mendoza, más de 1000 personas se encuentran actualmente en situación de calle en la provincia. Sin embargo, el sistema estatal cuenta con tan solo 230 plazas distribuidas en cuatro refugios, lo que resulta claramente insuficiente para cubrir la demanda, sobre todo en el contexto de bajas temperaturas.
"El Estado provincial no está pudiendo garantizar condiciones mínimas de habitabilidad. La falta de respuestas integrales agrava una de las formas de exclusión más graves que existen en los núcleos urbanos", señaló la diputada Morán, quien también citó la Ley Nacional 27.654, de protección integral de personas en situación de calle, como marco normativo que debe cumplirse.
La legisladora hizo hincapié en la necesidad de contar con datos actualizados y de diseñar políticas públicas con enfoque de derechos y sensibilidad. “Esta emergencia no sólo debe servir para movilizar recursos rápidamente, sino para sentar las bases de un nuevo modelo de atención y prevención”, expresó.
Ante un pedido de informe presentado por Morán, el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial detalló que actualmente se dispone de unas 230 plazas de pernocte distribuidas en las siguientes instituciones:
Según el Gobierno de Mendoza, todos los refugios ofrecen alojamiento, desayuno, almuerzo, merienda y cena, espacios de higiene, lavandería, acompañamiento en trámites y asistencia profesional.
Fueron los propios voluntarios de las organizaciones sociales que acompañan a personas en situación de calle quienes le conformaron que esa información no es correcta: "Eso no es así, los refugios no cuentan con alimentos ni personal de acompañamiento para las personas".
El ministerio asegura que el acceso a estos espacios se realiza a través de operativos nocturnos donde se establece un primer contacto con las personas en calle. Una vez trasladadas, se registran sus datos en el sistema A.P.R.O.S. para seguimiento.
El Gobierno también informó que se brinda acompañamiento ambulatorio permanente, con un equipo compuesto por licenciados en Trabajo Social y operarios, y que existe una guardia pasiva activa durante todo el año, las 24 horas. Este último dato también fue refutado por las organizaciones.
La respuesta oficial incluye detalles sobre políticas de resocialización e inserción laboral, en articulación con asociaciones civiles y municipios. Se realizan talleres de oficios como plomería, jardinería o electricidad, y se promueve la vinculación con programas sociales que facilitan la autonomía de las personas abordadas.
Respecto a la salud y la educación, el gobierno asegura que "trabaja en la gestión de turnos médicos y derivaciones sanitarias, especialmente en casos crónicos o urgentes". Para las familias con niños, se garantiza la no separación del grupo familiar, priorizando su ingreso conjunto a los dispositivos y promoviendo la escolarización en articulación con instituciones educativas.
Actualmente, los departamentos con mayores índices de personas en situación de calle son Ciudad de Mendoza, Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz, zonas donde se concentra la mayor parte de la población y también los operativos de abordaje.
Para Morán, la falta de una política integral y coordinada ha sido letal. “No podemos permitir que en Mendoza sigan muriendo personas por frío o abandono. Esta es una de las problemáticas más profundas y urgentes de nuestra provincia. Es hora de asumirla con la seriedad y el compromiso que merece”, manifestó la legisladora al presentar su proyecto.
La propuesta ya fue girada a comisiones para su análisis. Desde sectores sociales y eclesiásticos, como la Arquidiócesis de Mendoza, también han pedido una respuesta urgente del Estado tras las muertes recientes.