El gobernador Alfredo Cornejo considera que no hay privilegios en los controles y le dio la espalda al edil radical Miqueas Burgoa.
Alfredo Cornejo en el escenario de la Fiesta de la Ganadería en Alvear.
La paella radical del viernes sigue dando de comer. El test de alcoholemia positivo que arrojó el control que le hicieron al concejal de Guaymallén, Miqueas Burgoa desató un escándalo político que impacta dentro del radicalismo. Ya hubo varias opiniones y si faltaba una, era la del gobernador Alfredo Cornejo.
Esta mañana fue la sesión en la que se trataría el pedido de remoción que hizo el PJ sobre el concejal. Más aun luego de que se conociera el acta policial que desmiente el comunicado que Burgoa había difundido: sí chapeó con el cargo de funcionario y hasta alardearon de ser amigos del intendente de General Alvear, Alejandro Molero.
Cornejo evitó meterse en detalles y apuntó a la gestión de Seguridad que hace hincapié en los controles de alcoholemia, una política que se ha trasladado a modificar leyes para endurecer multas. "Hacemos un esfuerzo muy grande para que no se maneje en estado alcoholizado, en ese marco que lo haga un funcionario es mal ejemplo. En los controles no hay privilegios para nadie", dijo luego de presentar la campaña de promoción turística, en el marco de la reunión del Consejo Consultivo de la Actividad Privada.
El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, se había mostrado en esa misma línea aunque había sido más duro al considerar que Burgoa debía dar un paso al costado. No obstante, trasladó la resolución del conflicto al órgano competente que es propio Honorable Concejo Deliberante. Cornejo apuntó al mismo lugar: "De ahí si lo tienen que destituir o no, que lo resuelvan los propios concejales", dijo.
"Yo creo que el Intendente ha estado muy bien, lo avalo en cuanto a que debiera ser una renuncia por su propia cuenta y no estar pidiéndoselo y no estar hablando sobre el tema. Si a él le parece muy normal esto...Es normal si fuera un joven pero estaría mal, si fuera un joven que no es concejal, estaría mal, igual estaría mal. No hay que manejar con más de 0.5, no hay que manejar", enfatizó.
La iniciativa impulsada por José Pozzoli (PJ) deberá ser tratada en la comisión de Interpretación Normativa que está presidida por Ezequiel Genovese (UCR) y en la que el oficialismo tiene amplia mayoría: 6 sobre 3 opositores: Pozzoli, Pedro Bastías (Mejor Mendoza) y Sonia Sedano (La Unión Mendocina).
Una vez constituida la comisión de investigación, se debe escuchar al concejal acusado en una sesión especial. A partir de allí, se puede decidir su suspensión mientras continúa el proceso. Finalmente, el Concejo debe dictar sentencia dentro de los quince días. Sólo hay dos caminos posibles: absolución o destitución.
Si el cuerpo legislativo no se pronuncia dentro del plazo, el proceso queda sin efecto y el concejal debe ser reincorporado, según lo establece el artículo 69 de la ley provincial.