Santiago Tagua/ElEditor Mendoza
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Gremios estatales y trabajadores de la salud inician este lunes en Mendoza una huelga y jornada de protesta que se extenderá hasta el martes en rechazo al proyecto de reforma del Estatuto del Empleado Público impulsado por Alfredo Cornejo y que ataca la estabilidad, la antigüedad y las indemnizaciones, entre otros puntos críticos del proyecto.
La iniciativa, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados tras un tratamiento exprés, será debatida este martes en el Senado provincial. El desenlace se anticipa ajustado, con un Senado dividido y la posibilidad de que el oficialismo logre la aprobación sin necesidad del voto de desempate de la vicegobernadora Hebe Casado.
Durante el lunes, se realizarán asambleas y movilizaciones en los lugares de trabajo. El martes, en cambio, se prevé un paro total de actividades y una concentración masiva frente a la Legislatura. El objetivo de los gremios es claro: frenar la aprobación del proyecto.
ATE, AMPROS y los trabajadores autoconvocados del Hospital Central y del Hospital Notti encabezan el plan de lucha, que incluye una vigilia con velas esta noche frente a la casa de las leyes, en defensa de lo que consideran derechos laborales fundamentales. “Esta reforma jaquea la estabilidad laboral de más de 100.000 trabajadores estatales”, denunció Claudia Iturbe, secretaria general de AMPROS.
En la protesta incluirán el reclamo por la reincorporación de César Castillo, trabajador despedido del Central tras protagonizar una protesta por la degradación salarial a la que son sometidos desde hace años.
Autoconvocados del Central protestarán lunes y martes frente a la Legislatura.
La reforma propuesta modifica la Ley 560/73 y ha sido calificada por gremios y especialistas como una “reforma laboral encubierta”, regresiva e inconstitucional. Entre los puntos más cuestionados figuran la pérdida de estabilidad, la antigüedad, el derecho a defensa y el régimen indemnizatorio. Los sindicatos advierten que se consolida un modelo de precarización estructural que afectaría a miles de empleados públicos.
Desde el Hospital Central, los trabajadores autoconvocados sumaron sus reclamos: el pase a planta permanente de los “héroes de la pandemia”, la reincorporación de César Castillo —despedido por reclamar derechos laborales— y el rechazo a las evaluaciones de desempeño realizadas por punteros políticos.
Con 19 bancas en manos del oficialismo, la oposición busca sumar los votos de los monobloques de Armando Magistretti (PD) y Duilio Pezzutti (Podemos Encuentro Peronista) para equilibrar la balanza. La sesión del martes será clave para definir el futuro del empleo público en Mendoza.
A continuación, los cinco puntos principales de la reforma que plantea Cornejo:
Uno de los puntos más controvertidos es la creación del “personal interino”, una figura que, según el artículo 4 bis del proyecto, “no goza de estabilidad propia”. Esto implica que podrá ser despedido sin causa, sin indemnización y sin derecho a reinstalación, incluso si el despido es declarado nulo.
El texto oficial lo define así:
“El personal interino no goza de estabilidad propia, por lo que podrá ser cesado sin necesidad de sumario previo ni derecho a indemnización ni a reinstalación.”
Las referentes gremiales Claudia Iturbe, Raquel Blas y Uma Flores rodearon a los enviados de Cornejo para defender el proyecto reformista.
El artículo 9 del proyecto establece que los trabajadores que ingresen como interinos no tendrán reconocida ninguna antigüedad previa, incluso si llevan años prestando servicios en el Estado bajo figuras contractuales. En la práctica, un prestador de salud con diez años de trabajo pasaría a ser interino con antigüedad cero.
El texto lo explicita:
“El personal interino no tendrá derecho al cómputo de antigüedad previa a su designación como tal, cualquiera sea la modalidad de prestación anterior.”
Esta disposición desconoce la realidad laboral de miles de trabajadores y vulnera principios constitucionales, legales y humanos. El trabajo realizado no solo es ignorado, sino que se lo trata como inexistente, negando años de servicio y compromiso con el sistema público.
El artículo 53 impide impugnar sanciones de hasta 15 días, lo que habilita cesantías encubiertas. El propio Estatuto establece que más de quince días de suspensión en seis meses es causal de despido. Así, bastaría con que un superior jerárquico aplique dos sanciones de siete días —sin posibilidad de impugnación— para que el trabajador quede en situación de cesantía.
El proyecto lo establece con claridad:
“No serán recurribles las sanciones disciplinarias de suspensión de hasta quince (15) días, salvo que se alegue y acredite abuso de poder, discriminación o violación de derechos fundamentales.”
El artículo 50 introduce una limitación grave: aun cuando un despido sea declarado nulo por vía administrativa o judicial, el trabajador no tendrá derecho a percibir los salarios caídos durante el proceso. Esto implica que, incluso si se demuestra que el despido fue arbitrario, el Estado no deberá pagar los sueldos retenidos ilegítimamente.
“La declaración de nulidad del acto de cesantía no generará derecho a percibir los salarios caídos, salvo que se acredite que la cesantía fue consecuencia de persecución sindical o discriminación.”
Además, el artículo 5 modifica el régimen indemnizatorio previsto en el Estatuto. Actualmente, la indemnización por eliminación de dependencia se calcula como un mes de sueldo por cada año de servicio, con una escala que reconoce la antigüedad. El proyecto elimina esta escala y fija el cálculo en el 100% del último salario para todos los casos.
“La indemnización será equivalente al cien por ciento (100%) del último haber mensual percibido, cualquiera sea la antigüedad del agente.”
Esto representa una pérdida de hasta el 50% para quienes han dedicado décadas al servicio público.
El Estatuto funciona como norma supletoria en múltiples regímenes laborales, por lo que su modificación impacta transversalmente en todos los sectores. Docentes, celadores, personal de salud, judiciales, administrativos, policías, penitenciarios y contratados quedan expuestos a un nuevo marco de inestabilidad.
Los gremios advirtieron que el proyecto consolida un modelo de precarización estructural, elimina derechos adquiridos y vulnera principios constitucionales básicos como la estabilidad laboral, la antigüedad y el derecho a defensa.
