Tras la extensa audiencia pública por la Declaración de Impacto Ambiental de Malargüe Distrito Minero 2, las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP) emitieron un crítico documento sobre el avance del proyecto San Jorge y sobre el accionar del Gobierno en cuanto a un proceso de participación que, según el oficialismo, busca la transparencia.
Este sábado y domingo se hizo la audiencia pública para ampliar el territorio de exploración en busca de cobre en Malargüe. En paralelo, el Ejecutivo avanza con el trámite de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto San Jorge que es, en rigor, el más avanzado entre los que están en danza.
Sobre San Jorge
En el documento difundido, las Asambleas enlistan una serie de objeciones contra San Jorge y aseguran sobre su avance que "las consecuencias para el agua que abastece al millón y medio de personas que vivimos aguas abajo del mismo, serían peores que una derogación de la Ley 7722.
La Autoridad Ambiental Minera (AAM) avaló un nuevo Informe de Impacto Ambiental (IIA), que según los asambleístas de las AMPAP, mantiene las deficiencias de su versión anterior e incluso presenta aspectos más preocupantes. Señalan:
El Informe de Impacto Ambiental (IIA) presentado por la minera es esencialmente muy similar a la primera versión del proyecto, repudiada categóricamente por el pueblo de Uspallata y Mendoza, lo que motivó su rechazo unánime por la Legislatura en 2011. En ciertos aspectos, este IIA es incluso peor que el anterior. El Informe de Impacto Ambiental (IIA) presentado por la minera es esencialmente muy similar a la primera versión del proyecto, repudiada categóricamente por el pueblo de Uspallata y Mendoza, lo que motivó su rechazo unánime por la Legislatura en 2011. En ciertos aspectos, este IIA es incluso peor que el anterior.
Las asambleas sobre la Ley 7722
Otro punto que indicaron los asambleístas es que "la Autoridad Ambiental Minera (AAM) ha violado el art. 5 de la ley 7722" respecto de los organismos que debían dictaminar sobre aspectos cruciales de San Jorge.
"La mayor parte del proyecto está en la cuenca del río Mendoza, pero la AAM convocó solo a la Municipalidad de Las Heras a emitir Dictamen Sectorial, excluyendo al resto de la cuenca. La Municipalidad de Lavalle pidió ser convocada, pero dos meses después aún no recibió respuesta", remarcaron.
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Uspallata está en alerta por la reactivación del proyecto San Jorge.
La creación de empleo
-El 1º de mayo, el gobernador Cornejo dijo que Minera San Jorge generaría 3.900 empleos y mostró una roca de cobre para impulsar su discurso. "Este producto hará próspera a Mendoza", dijo.
Las AMPAP refutaron: "Pero en el IIA, la empresa declara necesitar 1.000 trabajadores para la construcción, y 380 durante la operación con máximos temporarios de 700".
El informe de la Facultad de Medicina
Por otra parte, las asambleas mencionaron que "la Fundación UNCuyo presentó un muy valioso Dictamen Técnico, según el cual el IIA NO cumple con el 26% de los ítems analizados, cumple parcialmente otro 52% -en su mayoría prioritarios o relevantes- y cumple con sólo 22%".
Sin embargo cuestionaron que el Dictamen Técnico no incluyera el detalle del Informe de la Facultad de Medicina de la UNCuyo, que desaconseja tratar el mineral con isobutil xantato de sodio, poliacrilamida aniónica y metil isobutil carbinol, "por los graves riesgos que implicaría, y recomienda evaluar qué otras sustancias podrían sustituirlos. Repudiamos la omisión de este Informe y sus conclusiones en el Dictamen Técnico".
Problemas de acceso a la información
Otro punto crítico denunciado por AMPAP es la demora en la publicación de informes clave en el caso de la audiencia pública por la ampliación de Malargüe Distrito Minero.
El 23 de abril hubo nueve dictámenes sectoriales fundamentales que se incorporaron al expediente, pero el Gobierno recién los publicó el 5 de mayo, dejando a la ciudadanía con escasos días para analizar documentos extensos, denuncian.
Esto afectó la capacidad de los inscriptos para prepararse adecuadamente para la Audiencia Pública, un espacio clave donde la sociedad puede expresar su posición.
Sumado a esto, las asambleas señalaron que el acceso a documentación oficial fue incompleto. A la víspera de la audiencia, la autoridad minera envió un enlace a un expediente que carecía de 87 piezas administrativas, incluyendo dictámenes técnicos esenciales para comprender el impacto del proyecto.
Comunicado AMPAP 10-5-2025 (1).pdf