Este miércoles, desde las 11 frente a la Legislatura de Mendoza, se alzará nuevamente el clamor de personas con discapacidad, sus familias, prestadores y organizaciones sociales para exigir la aplicación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso Nacional pero suspendida por decreto presidencial.
La convocatoria, impulsada por el Observatorio de Discapacidad Mendoza, se da en un contexto de creciente vulneración de derechos. Desde enero, miles de personas en todo el país fueron sometidas a una auditoría para revisar la continuidad de sus pensiones no contributivas, de apenas 200 mil pesos mensuales. El proceso, plagado de trabas burocráticas, dejó a miles de personas en un limbo administrativo, sin respuestas ni recursos.
El panorama para las personas con discapacidad se complejizó con la decisión del presidente Javier Milei de promulgar la Ley 27.793, pero suspender su ejecución mediante el decreto 681/2025, condicionando su aplicación a la asignación de partidas específicas en el Presupuesto Nacional. En otras palabras, la ley existe, pero no se cumple.
"Esta norma fue sancionada como respuesta a la grave situación que atraviesan miles de personas con discapacidad en el país, quienes enfrentan demoras, recortes y vulneraciones en sus derechos básicos. Sin embargo, su efectiva implementación continúa pendiente", señaló el Observatorio. "Esta norma fue sancionada como respuesta a la grave situación que atraviesan miles de personas con discapacidad en el país, quienes enfrentan demoras, recortes y vulneraciones en sus derechos básicos. Sin embargo, su efectiva implementación continúa pendiente", señaló el Observatorio.
Reasignaciones y más ajuste
En paralelo, el Gobierno nacional anunció una reasignación presupuestaria para la ANDIS de más de 121 mil millones de pesos, destinada a actualizar pagos a prestadores. Sin embargo, el refuerzo se financia con recortes en otras áreas sensibles, como las obligaciones del tesoro, lo que genera nuevas tensiones sobre el uso de los recursos públicos.
Cuando se trató la norma en el Congreso los legisladores de Mendoza alineados con el oficialismo se ausentaron en votaciones clave para garantizar fondos a sectores vulnerables.
El cornejista Lisandro Nieri (UCR) intentó justificar el juego político y la subordinación de os legisladores por Mendoza a la alianza de Alfredo Cornejo con Javier Milei.
En la ley sobre discapacidad, Nieri apoyó el veto presidencial: “Con toda la incomodidad que eso genera, acompañé el veto porque era una ley impracticable. No se trata de sumar más y más pensiones sin un sistema eficiente. Argentina gasta mucho en educación, en salud, en discapacidad, pero no somos eficientes. Lo que falla es la asignación”.